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Especialista afirmó que tildar de “ilegal” la expropiación de 2012 puede dar argumentos a los demandantes en futuras apelaciones.
30/03/2026 - 00:00hs
A pesar del fallo favorable a Argentina en el caso de YPF, las críticas provenientes del Gobierno nacional sobre la expropiación de 2012 podrían perjudicar la posición del país en futuras instancias judiciales. Así lo advirtió el exsubprocurador del Tesoro, Sebastián Soler.
El especialista sostuvo que la Cámara de Apelaciones de Nueva York validó que el Estado actuó conforme al derecho argentino al recuperar el control de la petrolera. En este camino, explicó que el eje central del litigio fue determinar si el Estado argentino, al expropiar el 51% de la empresa, tenía la obligación de realizar una oferta de compra a los accionistas minoritarios. “La discusión era si, bajo el derecho argentino, el Gobierno tenía que ofrecer comprar las acciones de los minoritarios y no solo del accionista mayoritario, que era lo que había hecho”, explicó por Radio Rivadavia.
Soler indicó que la defensa argentina sostuvo de manera consistente que esa obligación no existía. “La Argentina sostuvo siempre que el derecho argentino le permite expropiar por razones de utilidad pública la cantidad de acciones que considere más conveniente”, afirmó. En primera instancia, la jueza consideró que el estatuto societario implicaba una obligación contractual incumplida, pero la Cámara de Apelaciones adoptó el criterio contrario.
A su vez, destacó que la estrategia defensiva se mantuvo a lo largo de distintos gobiernos. “Los argumentos fueron los mismos en primera instancia y en la apelación. En el núcleo está la idea de que el estatuto de una sociedad privada no puede estar por encima de la facultad soberana de la Argentina de expropiar”, señaló, y consideró que “en esa medida hubo una política de Estado”.
No obstante, Soler expresó preocupación por declaraciones políticas posteriores al fallo. “Me preocupa que se siga diciendo que la expropiación se hizo mal. La Cámara acaba de decir lo contrario y eso no solo es malo porque no es verdad, sino porque es peligroso para la Argentina”, advirtió.
Al respecto el exfuncionario sostuvo que, aunque el fallo es decisivo, aún podrían intentarse nuevas vías de apelación. “No se puede descartar que los demandantes intenten recurrir a la Corte Suprema o a otras instancias”, afirmó.