El Gobierno nacional respondió a los planteos de Petersen/Eton y Bainbridge.
10/07/2025 - 00:00hs
En una nueva etapa del juicio por la expropiación de YPF, el Estado argentino presentó su rechazo formal a los pedidos de los fondos Petersen/Eton y Bainbridge, que solicitaron a la jueza Loretta Preska que no suspenda la ejecución de la sentencia que obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal.
La respuesta oficial, presentada por la Procuración del Tesoro, insiste en que se trata de un caso “sin precedentes” y de “alta complejidad jurídica”. En el escrito vinculado al fondo Petersen, los abogados señalaron que incluso el gobierno de Estados Unidos expresó diferencias con la interpretación del tribunal neoyorquino.
Entre los argumentos principales, el Gobierno sostuvo que ejecutar la sentencia implicaría un “daño irreparable”, ya que obligaría a violar la legislación argentina y provocaría la pérdida irreversible del control estatal sobre YPF. Además, subrayaron que no existe perjuicio concreto para los demandantes si la ejecución se suspende, ya que la legislación local impide vender acciones sin aprobación del Congreso.
En el caso Bainbridge, la defensa oficial citó la Ley 26.741, que establece el dominio público nacional sobre los hidrocarburos, como otro impedimento para avanzar con la orden judicial.
Mientras tanto, el Gobierno sigue preparando una nueva apelación en caso de que Preska rechace este planteo. El extenso litigio mantiene latente el riesgo económico de una sentencia que aún no está firme, pero cuya amenaza política y financiera sigue creciendo.