Es el décimo juicio de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia y esta causa es conocida como “Conscriptos” porque dos de las víctimas, Ramón Luque y Ricardo Uferer, cumplían el Servicio Militar Obligatorio cuando fueron secuestrados por efectivos del Ejército.
20/06/2022 - 00:00hs
El juicio de lesa humanidad de la causa “Conscriptos” se desarrolla en Resistencia, Chaco. Es conocida así porque dos de las víctimas, Ramón Luque y Ricardo Uferer, cumplían el Servicio Militar Obligatorio cuando fueron secuestrados por efectivos del Ejército.
El Tribunal está integrado por Noemí Marta Berros, Liliana Graciela Carnero y Roberto López Arango e intervienen los fiscales Diego Vigay y Walter Romero y las querellas de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Chaco. Además, los magistrados se pronunciarán por los crímenes cometidos contra Santiago Almada, Saturnino Ferreira y Norma Beatriz Medawar.
En este juicio se ventilaron delitos de lesa humanidad perpetrados entre 1974 y 1979 contra cinco detenidos que estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención (CCD) de la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial y en la Alcaldía policial de Resistencia.
Este proceso oral y público, iniciado el pasado 20 de abril, transita su etapa final y el próximo jueves los acusados tendrán la posibilidad de brindar sus últimas palabras ante el Tribunal, que quedará en condiciones de dictar un fallo.
La fiscalía pidió en su alegato penas que van de los 10 hasta los 18 años de prisión efectiva (de acuerdo al grado de responsabilidad) para los cuatro exmilitares y seis expolicías identificados como autores de privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados.
Los imputados por los crímenes contra los exconscriptos son el exsargento policial Gabino Manader y el exoficial del Ejército, Aldo Héctor Martínez Segón, quienes podrían enfrentar 15 años de prisión. También el exjefe de la Brigada de Investigaciones, José Francisco Rodríguez Valiente; el excomisario Juan de la Cruz López; el exguardia Miguel Ángel Vittorello; el excabo de la Policía provincial, José Marín: y los exoficiales del Ejército, Luis Alberto Patetta y Ricardo Guillermo Reyes, por quienes se pidieron 12 años. En tanto, para el exoficial del Ejército, Ernesto Jorge Simoni, la fiscalía solicitó 10 años de prisión.
Por su parte, el expolicía Carlos Domingo Mora podría enfrentar la pena más alta de 18 años por los crímenes contra Almada, Ferreira y Medawar.
Durante el tiempo que estuvieron cautivas, las víctimas fueron sometidas a distintos tormentos, tanto físicos como psicológicos, y forzados a presenciar la muerte y tortura de muchas personas que se encontraban secuestradas.
En el centro clandestino de detención de la Brigada fue donde estuvieron las víctimas que luego serían ejecutadas en “La Masacre de Margarita Belén”, perpetrada por fuerzas represivas el 13 de diciembre de 1976, cuando mataron a 11 militantes y otros cuatro fueron desaparecidos.
Por su parte, los acusados negaron los cargos a lo largo de las audiencias de este juicio, y varios de ellos se encuentran cumpliendo condena por otros delitos de lesa humanidad en causas como “Margarita Belén” y “Caballero I y II”.
En aquel entonces, un procedimiento común era asociar con posibles subversivos a quienes se destacaban por su destreza en el uso del armamento en los entrenamientos.
Luque y Uferer eran militantes de la Juventud Peronista (JP) de Chaco, se conocían de la escuela secundaria y ambos ingresaron al Servicio Militar Obligatorio en 1976 dentro del Regimiento de La Liguria y en el Grupo de Artillería 7. Fueron secuestrados con apenas 10 días de diferencia en el mes de junio.
En 1977 a ambos jóvenes los llevaron al penal militar y centro clandestino La Rivera en Córdoba, como una estrategia para “profundizar el desarraigo” de los prisioneros.
Finalmente, en 1981 fueron trasladados nuevamente a Córdoba para someterlos a un Consejo de Guerra que los dejó en libertad en octubre de 1982.