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19/08/2017 - 00:01hs
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó ayer al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por supuesto abuso de autoridad en el nombramiento de un funcionario que presentaba conflictos de intereses.
Alonso y Aranguren fueron acusados por nombrar a Jorge Marcolini como subsecretario de Energía Hidroeléctrica, cargo por el que controla las represas santacruceñas Kirchner y Cepernic, sobre las que produjo informes que ahora él, en representación del Estado, deberá aprobar.
La denuncia había sido presentada por el senador Fernando “Pino” Solanas y el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, y recayó ante el juez federal Sebastián Ramos.
Los denunciantes sostuvieron que Marcolini fue directivo de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA (Iatasa), siendo el responsable de realizar el informe ambiental de la obra de las proyectadas represas sobre el río Santa Cruz y ahora, como funcionario, “es el encargado de aprobarlo”.
Los denunciantes detallaron también que el 10 de diciembre de 2015 Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica y el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (Ebisa), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental.