Control de licencias a docentes: analizan no renovarle el contrato a Dienst Consulting

Política

30/08/2017 - 01:24hs

El titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, evalúa no renovarle contrato a la empresa Dienst Consulting, la cual se dedica a controlar las licencias de docentes y auxiliares en la Provincia de Buenos Aires. El contrato con la cuestionada firma se vence en diciembre de este año y ya estaría decidido su reemplazo.

Como se recordará, Dienst Consulting SA fue contratada durante el último trimestre de 2009 mediante una polémica resolución del entonces director general de Cultura y Educación, Mario Oporto. A partir de ese momento, la compañía comenzó a percibir sumas millonarias y hoy, ocho años después de esa primera contratación, recibe más de 150 millones de pesos por prestar deficientes servicios en 109 localidades bonaerenses, entre ellas La Plata. Lo llamativo es que en las 26 comunas restantes las tareas de controlar las licencias están a cargo de los propios municipios, tal como lo establece la normativa vigente.

El contrato venció el año pasado, pero la contratación del servicio fue extendida por un año más, hasta diciembre de 2017. Además del millonario contrato mencionado, Dienst Consulting obtuvo otro beneficio: en abril pasado, la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex-Renar), Natalia Gambaro, le adjudicó a la firma la prestación “del servicio de otorgamiento de los certificados de acreditación de la condición psicofísica para los solicitantes de credenciales de legítimo usuario de armas de fuego”. 

En este nuevo negocio millonario, las irregularidades fueron similares a las de las licencias docentes: el convenio se firmó tras una licitación direccionada. En este marco, la Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos tanto en las oficinas de la empresa como en la sede de la agencia gubernamental cuya titular es Gambaro. La causa avanzó y la titular de la Anmac fue imputada por los presuntos delitos de “violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta”.