Corrupción policial e inacción en la política de Seguridad

Aunque se detectó que un integrante de la cúpula cuenta con un patrimonio millonario y 154 jefes de la fuerza no presentaron sus declaraciones juradas, aún ninguno fue echado. Mientras tanto, la inseguridad castiga a los vecinos

Cuando en forma clara y rotunda se percibe que la corrupción, en amplios sectores de los mandos policiales, está naturalizada y la inseguridad gana terreno  provocando desastres, con unos 11 crímenes en la región solo en el mes de agosto, todo parece indicar que desde el Ministerio de Seguridad bonaerense no se toman acciones concretas para lograr el cambio que la mayoría de la comunidad votó en las últimos elecciones.

Ayer se supo que la Dirección General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad avanza en el análisis de las declaraciones juradas presentadas por los jefes policiales. En particular, la del comisario general del escalafón administrativo, Néstor Martín (abajo a la izquierda(, quien actualmente es el superintendente de Coordinación Operativa e integra la cúpula de la Policía Bonaerense.

Como ya informó este diario, Martín admitió un patrimonio de más de 4 millones de pesos, y entre los bienes que posee figuran siete propiedades con una valuación fiscal de $ 1.500.332.

Sin embargo, ante esta situación llama la atención que desde la cartera que conduce Cristian Ritondo aún no lo hayan desplazado, aunque en los pasillos del Ministerio se comenta que Martín “de esta no zafa”.

Es que ya tomaron conocimiento de que Martín ascendió de forma vertiginosa e inaudita en su carrera policial cuando el jefe de la Policía era Juan Carlos Paggi, durante el gobierno de Scioli, y que cumplía la función de administrar todos los recursos de la fuerza: horas extras, compra de insumos, combustible, vehículos, etc.

A Paggi lo siguió Hugo Matzkin y a este último, Pablo Bressi al mando de la Bonaerense. Martín siempre mantuvo su cargo de administrador. 

Por eso, desde el Sindicato de la Policía de Buenos Aires (Sipoba), están seguros de que 

Martín no puede justificar ni respaldar con sus ingresos el millonario patrimonio que posee, por lo que bien podría ser procesado por enriquecimiento ilícito.

A esto hay que sumarle que el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso sanciones para 154 policías que estaban obligados a presentar la declaración jurada de bienes y no lo hicieron luego de dos plazos que se les habían concedido. Ahora serán investigados para determinar si están involucrados en algún delito.

Según se explicó, los uniformados que no declararon sus patrimonios fueron suspendidos por cinco días con descuento de haberes y ahora serán investigados por la Unidad de Información Financiera (UFI) y ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

¿Por qué no los echan?

En ambas situaciones, la de Martín y la de los 154 efectivos mencionados, se advierte que Ritondo actúa con tibieza. Le da lugar a la Justicia ordinaria, cuando tiene todo como para además, en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad, desplazar a los sospechosos.

¿Por qué Ritondo no toma la determinación de echar a los policías corruptos? ¿Estará siendo extorsionado? ¿Será el funcionario adecuado para manejar los hilos de un Ministerio clave en la Provincia?

Mientras tanto, la gente es rehén de esta maraña. Crecen los casos de inseguridad y el paradigma de la mayoría de los altos mandos policiales es ver cómo recaudar más de forma ilegal, en lugar de preocuparse por el servicio de seguridad que deben brindar a la comunidad.

Un decreto, dos plazos y ausencia de embargos

El decreto 116, firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal en marzo pasado, obliga a funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del Servicio Penitenciario, entre otros, a presentar anualmente su declaración patrimonial.

Para el caso de los integrantes de la fuerza de seguridad el decreto obligó a declarar bienes a uniformados con rango igual o superior al de subcomisario o equivalente, personal de categoría inferior a cargo de una comisaría, personal que maneja fondos públicos o que administra patrimonio público.

Cerca de 6.500 efectivos fueron alcanzados por el decreto. Al vencimiento del plazo legal para completar el trámite, habían quedado sin hacer la presentación unos 390 policías, por lo que Seguridad resolvió prorrogar el plazo por otros 30 días. Cumplida esa extensión, finalmente fueron 154 los uniformados que no se adecuaron a la exigencia legal.

Cabe recordar que si una persona que tiene una pyme no presenta la declaración jurada en tiempo y forma, desde el Estado se le embargan las cuentas, sin chance de prórroga.