28/12/2015 - 06:06hs
El PAMI ha sido un organismo históricamente utilizado por los sucesivos gobiernos como una caja negra para el financiamiento de campañas políticas, de allí que su estado esté hoy casi en las ruinas.
Con el objetivo de intentar normalizar al organismo, el actual interventor, Carlos Regazzoni, encontró que su sucesor en el cargo, el kirchnerista Luciano Di Césare, habría cometido “defraudación contra la administración pública”, orquestando toda una red montada desde la misma dirección del PAMI para sortear los mecanismos de control.
Tan turbios son los manejos que dejó el kirchnerismo en la mayor obra social de América Latina, que la nueva conducción tiene pensado realizar una auditoría para esclarecer qué es lo que se hizo con el dinero que el Estado baja para el organismo, para así poder establecer las responsabilidades del caso y que los culpables sean juzgados por la Justicia.
Según confían desde el riñón más cercano a Regazzoni, Di Césare "dejó en funcionamiento una compleja red de corrupción para desarmar", destacando incluso que el ex interventor mantendría una "vinculación directa con muchas empresas prestadoras de servicios".
Di Cesare dejó deudas millonarias con proveedores, en su mayoría instituciones públicas, además de haber instaurado en el organismo una especie de "estado policíaco" en el que sólo valía su deseo, dejando de lado lo primordial que era la atención de los adultos mayores.
La situación en el manejo del organismo es tan ridícula, que incluso hace unas semanas atrás se pudo conocer que más de 6.000 militantes rentados de La Cámpora fueron contratados por el organismo público, copando la obra social, en claro ejemplo de cómo el oficialismo usa al Estado para beneficio propio y para hacer campaña política, y no para dar solución a los crecientes reclamos de los jubilados.