26/08/2016 - 02:37hs
La expresidenta intenta dilatar las investigaciones en su contra en Tribunales. Allanaron el Banco de Santa Cruz en busca de pruebas de su sociedad con Lázaro Báez. Deciden si la llaman a indagatoria por la concesión de obras viales
Acorralada por el accionar de la Justicia, la expresidenta Cristina Kirchner busca frenar con diferentes artilugios legales el accionar del Poder Judicial en su contra. Viéndose amenazada por una realidad de la cual debe dar cuenta ante los magistrados, que la requieren por distintos hechos de corrupción, la exmandataria ha asumido una posición de contraofensiva, disparando contra los jueces que llevan adelante las causas en su contra.
Ayer, luego de que se conociera que el pasado 16 de mayo CFK habría cedido propiedades a sus hijos, semanas antes de que todos sus bienes quedaran inhibidos, con la intención de eludir embargos judiciales, la exjefa de Estado volvió a la carga al sostener que hay “una operación política persecutoria” en su contra, buscando de esa manera mostrarse como víctima del proceder judicial.
Pero la realidad es muy diferente a lo que se plantea desde el relato kirchnerista. En la tarde de ayer,la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó las instalaciones de la sede de Río Gallegos del Banco de Santa Cruz a pedido del juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la ruta del dinero K.
El objetivo del procedimiento era conocer si se registraron algunas de las transacciones atribuidas al empresario detenido, como parte del análisis que lleva adelante la Unidad de Información Financiera (UIF). La Justicia cree que la expresidenta no podía desconocer la información clave que se había enviado desde Estados Unidos y esos datos no le habrían resultado ajenos, teniendo en cuenta los vínculos comerciales del matrimonio Kirchner con el dueño de Austral Construcciones.
La investigación intenta dilucidar si el gobierno K ocultó y borró información clave sobre cuentas bancarias en EE. UU. y transacciones vinculadas a Báez, cuando los abogados de los fondos buitre iniciaron una acción de búsqueda de propiedades para intentar embargar cuentas argentinas en el exterior y así cobrar lo que el Estado argentino no les reconocía.
Próxima decisión
Dentro de las causas que se siguen en contra de la exmandataria, el juez federal Julián Ercolini les solicitó a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que certifiquen una serie de pruebas como paso previo a ordenar las indagatorias de CFK, el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y Lázaro Báez, entre otros, por las irregularidades en las obras públicas viales.
La intención del magistrado es ordenar toda la prueba del expediente para tenerla completa antes de la indagatoria. Pero desde la Fiscalía analizaban insistir en su pedido de indagatoria porque entienden que la acusación está probada. Pollicita y Mahiques pidieron la indagatoria de 34 personas por irregularidades en 49 obras viales que recibió Báez entre 2003 y 2015, durante los 12 años de kirchnerismo.