25/09/2013 - 06:29hs
El ministro Alejandro Granados defendió la policía municipal en manos de los intendentes. Reconoció que hay sólo 32 mil efectivos en las calles
Representantes de los distintos sectores políticos bonaerenses lograron sentarse ayer en una misma mesa para debatir la situación de inseguridad que se vive en la Provincia. El anfitrión fue el flamante ministro de Seguridad Alejandro Granados, que reunió al consejo de seguridad en la sede de la cartera, donde admitió el déficit de efectivos policiales y reconoció que hay subejecución del presupuesto destinado al área.
Otro de los temas, que ocupó la mayor parte de la reunión, fue la implementación de las policías municipales, para lo que hay varios proyectos en la Legislatura bonaerense, por los que el kirchnerismo y el massismo mantienen una diputa con matices electoralistas (ver parte).
"Soy hincha fanático de las policías locales", dijo el exintendente de Ezeiza. También se expresó a favor de "una descentralización de verdad", porque "los primeros responsables de la seguridad son los intendentes, son quienes más cerca del vecino están y tienen que ponerse al frente".
Por otra parte, Granados les informó a una veintena de diputados y senadores provinciales oficialistas y opositores que, actualmente, “solo 32 mil policías están en funciones operativas”. Mientras, el ministro anunció que su intención es “llegar a 100 mil en tres años, para lo que hacen falta 25 mil millones de pesos”.
Aunque, el presidente de la Cámara baja, Horacio González, aclaró al termino de la reunión que Granados, “no habló de 100 mil policías, sino de esa cantidad de hombres y mujeres de diferentes fuerzas, ya sean municipales como federales y provinciales en las calles”.
Además, según transmitieron varios de los legisladores que participaron de la reunión, Granados también reconoció que de los 553 millones de pesos presupuestados para seguridad para este año, hasta ahora solo se ejecutaron unos 50 millones.
El consejo de seguridad fue creado hace más de diez años, pero se reunió un par de veces y la última había sido a fines de 2010. Ahora, fue convocado por el gobernador Daniel Scioli luego de que decidió volver a separar los ministerios de Seguridad del de Justicia, donde se mantiene a cargo Ricardo Casal, tras haber presidido la cartera unificada.
Piden a la Nación que se haga cargo del narcotráfico
Luego de la reunión del Consejo de Seguridad provincial hubo críticas de los legisladores opositores. Los presidentes de los bancadas del Fap, el senador Ricardo Vázquez y el diputado Marcelo Diáz desestimaron tratar el tema de las policías municipales “hasta tanto todos los estamentos del Estado se hagan cargo de sus responsabilidades a la hora de combatir la inseguridad”.
“El gobierno nacional mira para otro lado frente al crecimiento del narcotráfico y pretende transferir responsabilidades ineludibles a los intendentes, es impensable”, señalaron los legisladores del Fap, que propusieron que “la Nación vuelva a hacerse cargo de las investigaciones y delitos cometidos por el narcotráfico”.
El senador radical, Horacio López, manifestó recordó que “todavía no se puede poner en marcha la Policía Judicial por falta de recursos y se está pensando en avanzar con implementaciones de estas características”.
Mientras, Walter Martello, de la Coalición Cívica, señaló que “hace tiempo que se viene diciendo que los delincuentes son cada vez más jóvenes, más pobres y menos instruidos. Sin embargo, hoy el ministro Granados no se refirió a medidas para evitar la profundización de esta tendencia”.
“Granados reconoció que de los 58 mil efectivos que cuenta en la actualidad la Policía de la Provincia, 40 mil cobran sueldo y sólo 32 mil están operativos, es decir, media policía cada 1000 habitantes”, apuntó el diputado provincial del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez.
La ingenuidad de las policías comunales
Hablar de que la creación de policías municipales o locales es la solución al flagelo de la inseguridad en la Provincia, como se planteó en la reunión del consejo de seguridad realizada ayer, es de una ingenuidad muy preocupante.
Obviamente, nadie puede estar en desacuerdo con el hecho de que se debe instrumentar un cambio en la fuerza policial, tendiente a profesionalizar a sus integrantes y darle los recursos necesarios -humanos y materiales- que necesitan para poder combatir las organizaciones delictivas y los carteles del narcotráfico, instalados en nuestro territorio.
Ahora bien, si no se atacan las causas profundas del flagelo, como es una situación económica y social que se ha convertido en una verdadera fabrica de delincuentes, producto de que tenemos a uno de cada tres compatriotas viviendo en la pobreza o la indigencia, corremos el riesgo de vivir en una sociedad absolutamente polarizada y fracturada. Concretamente, de un lado estarán los que pueden elegir la comida, viviendo enrejados, encerrados en sus hogares o refugiados en barrios privados fortificados, y del otro lado cientos de miles de personas sin la más mínima posibilidad de insertarse en el sistema, luchando por sobrevivir mediante la ley de la selva.
Un país sin paz social, sin oportunidades de conseguir trabajo digno y recuperar la cultura que significa poder progresar en la escala social en función del propio esfuerzo y sacrificio, se convierte en un territorio propicio para que reine la anarquía, permitiendo el accionar sin freno de las organizaciones criminales.
Asimismo, también generan muchas dudas el hecho de que se le otorguen facultades a intendentes para que tengan su propia policía, cuando en sus propios municipios se registran algunos de los mayores índices de marginalidad del país. Se trata de jefes comunales que están en el poder, en algunos casos, desde hace más de 20 años y que acompañaron todas las políticas que nos llevaron a esta situación, al haber sido menemistas, duhaldistas y ahora kirchneristas o massistas.
Una política de Estado, en materia de seguridad, no puede estar en manos de señores feudales. Tiene que ser el producto de planes estratégicos a nivel nacional, que vayan de la mano de un profundo cambio de la actual política económica, que no para de sumar fracasos.