Culpables: los responsables del caos electoral en Tucumán

Realmente cuesta encontrar, desde el retorno a la democracia en 1983, hechos electorales tan bochornosos y alarmantes como los ocurridos el fin de semana en Tucumán, un territorio de 22.524 kilómetros cuadrados que representa apenas el 7,2% de la superficie que tiene la provincia de Buenos Aires.

Lo ocurrido provocó anoche una multitudinaria marcha ciudadana frente a la gobernación de Tucumán (ver página 4) que, cabe destacar, es una provincia que fue el jardín de la República y donde nació la Patria: allí se declaró la independencia en 1816. Ahora bien, lo sucedido no puede considerarse como hechos aislados o imprevistos. Había claros indicios de que podían llegar a registrarse ya que, en definitiva, es lo que vienen ocurriendo desde años en las provincias más feudales de nuestro país como es el caso de Tucumán. Asimismo, hay responsables, con nombre y apellidos. Desde las autoridades del gobierno nacional y provincial; y los candidatos que se disputan la gobernación de esa provincia. La cadena de responsabilidades no se detienen allí: tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias.

Scioli intentó capitalizar el supuesto del triunfo  del oficialismo de la forma más rápida posible, buscando minimizar la gravedad de los incidentes como fue la quema de más de 40 urnas que, por estas horas, constituye el hecho más grave que, desde lo simbólico, está poniendo en duda todo el proceso electoral.  Pero el papel más lamentable lo hizo el compañero de fórmula del ex motonauta, Carlos Zannini, considerado el comisario político de Cristina Kirchner, quien sin ofrecer prueba alguna ayer salió a acusar: "Desde la oposición mandaron a quemar urnas. Quieren ensuciar el proceso electoral". La frase no resiste el menor análisis y más cuando está acreditado que las urnas habría sido incineradas por sectores del PJ tucumano.

En tanto, Macri –que apoyó al radical José Cano como candidato a gobernador de Tucumán- hizo gala de una pasividad alarmante en los días previos a las elecciones, cuando él es el principal candidato presidencial de la oposición y, supuestamente, debería ser el más interesado en que no se haga trampa en los comicios que podrían depositarlo -en caso de imponerse en la contienda del 25 de octubre o en el eventual balotaje- en el sillón de Rivadavia.  A esta altura, cabe preguntarse si realmente el jefe de gobierno porteño está jugando a ganar o, en su defecto, se está guardando para otra contienda electoral.

Se sabe que, desde hace varios años, Tucumán es un territorio donde se despliegan las formas más aberrantes del clientelismo, al punto que el gobierno provincial – a cargo del clan liderado por José Alperovich, que ahora será senador nacional- fue acusado de modificar criterios estadísticos para ocultar los datos reales de la desnutrición infantil, un flagelo que se sigue registrando en un país, como la Argentina, que tiene un potencial productivo para darle de comer a 400 millones de habitantes.

Ante esta panorama, cabe preguntarse: ¿Por qué si todo el mundo sabía que se iban a instrumentar las infames prácticas para captar el voto fácil, la oposición no actuó de forma de anticipada?, ¿por qué no se organizaron de modo tal de ponerle un freno?, ¿por qué no se denunció en la Justicia, con anticipación, a los responsables de llevar adelante estas prácticas, con nombre y apellido?, ¿por qué no se convocaron a veedores internacionales para supervisar la transparencia del proceso electoral?, ¿o será que hay sectores de la oposición que, en sus pagos chicos, recurren a las mismas prácticas que después critican?

Tucumán, por su pequeña superficie, es una provincia densamente poblada. Y por eso no debería ser muy difícil identificar y señalar a los responsables de las prácticas políticas aberrante como puede ser robar las urnas o entregar ayuda social a cambio de votos. De hecho, como sucede en todo el país, en cada barrio se sabe quiénes son los punteros y, en muchos casos, ellos registran antecedentes de haber realizado similares acciones en otros períodos electorales. Es decir, si no fueron controlados o denunciados previamente fue porque hubo una evidente decisión política para mantener el status quo. 

Con sólo mencionar frases hechas ante algunos micrófonos, y difundir videos y fotos en las redes sociales, es imposible cambiar un sistema que en la actualidad es absolutamente funcional a las acciones fraudulentas. En ese sentido, quienes se dicen opositores no pueden ni deben encerrarse en la denuncia por la denuncia misma cuando se enciende una cámara de televisión. Tienen la obligación de proponer un cambio real y luchar, con todos los elementos que otorga la democracia, para llevarlo a cabo.

En ese sentido, si en la Argentina se sigue usando el mismo sistema electoral arcaico que hace treinta años a la hora de ir a votar es porque, en el tiempo transcurrido entre las elecciones, a gran parte de la clase política –oficialistas y opositores- no les convino plantear reglas de juegos más transparentes.  Toda esta situación le está provocando un daño enorme a la institucionalidad de nuestro país ya que se está poniendo en duda la piedra basal de la democracia como es el hecho de que la ciudadanía pueda votar libremente a sus representantes y que el resultado de esa votación se respete a rajatabla. Luego de 12 años de gobierno K, la herencia es la de un país donde prácticamente todo puede comprarse, venderse y ser pasible de manipulación, en función de los negociados e intereses de aquellos que buscan aferrarse al poder y que se resisten a perder sus privilegios.

Si todos los argentinos no cuidamos el voto, que es sagrado y que tanto le costó recuperar a nuestro país, y si cada uno de los dirigentes y funcionarios no asume el compromiso de trabajar para evitar que los tristes episodios que ocurrieron en Tucumán vuelvan a suceder, lamentablemente la democracia estará en peligro.