19/07/2016 - 06:08hs
El funcionario judicial de San Isidro, de fuertes vínculos con la procuradora María del Carmen Falbo, sigue suspendido, pero el juicio político ni siquiera tiene fecha de inicio
Desde distintos sectores políticos denunciaron que el jury contra el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, acusado de favorecer con el paraguas protector de la procuradora general María del Carmen Falbo a narcotraficantes de la zona norte del Gran Buenos Aires, tiene “enormes demoras” a pesar de las pruebas que lo comprometen.
Ayer trascendió que, a pesar de haber sido recusada por Novo, la senadora Nidia Moirano (Cambiemos) fue ratificada por la Suprema Corte como integrante del jurado, y ya están confirmados todos los integrantes del tribunal que decidirá el futuro del cuestionado funcionario judicial, pero a pesar de eso, aún no tiene fecha de inicio el proceso.
Julio Novo se encuentra suspendido por la Suprema Corte Bonaerense y enfrenta un jury de enjuiciamiento que no avanza desde que se conformó el jurado, allá por noviembre del año pasado.
La legisladora Elisa Carrió siempre señaló como sospechosa la relación entre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y Julio Novo, ya que en la causa por el doble crimen de los colombianos en el Unicenter de Martínez, ocurrido en julio de 2008, se encuentran acreditadas alrededor de 100 llamadas entre ambos.
Al respecto, el senador Andrés De Leo, en diálogo con Hoy, dijo: “Hemos hecho un pedido de informes por la enorme demora en el jury del fiscal general de San Isidro, Julio Novo”.
“Los abogados defensores de Novo recusaron a la senadora Nidia Moirano y con eso dilataron el proceso. Igualmente la Corte ratificó a Moriano. De todas maneras, da fastidio la enorme demora, la dilatación del proceso”, agregó De Leo.
“El jury, con todos los integrantes confirmados, debería empezar ya. Hay muchas pruebas aportadas. La feria judicial nos juega en contra. La demora causa incertidumbre, y da toda la sensación de que los responsables de la tardanza nunca dieron explicaciones”, concluyó el legislador.
En tanto, el exviceministro de Seguridad bonaerense y creador de la Policía Aeroportuaria, Marcelo Saín, en una charla con nuestro diario, recordó; “Yo fui quien inició el pedido de juicio político cuando el fiscal Luis Angelini me detalló el problema en 2012”.
“La causa judicial es escandalosa. Yo creo que si el fiscal federal Fernando Domínguez continúa con la investigación, Novo terminará expulsado del poder judicial y preso, ya que se confirmaron sus vínculos con abogados de narcotraficantes, lo que explica el interés por desarticular cualquier investigación sobre narcotráfico en la zona norte del Gran Buenos Aires”, sostuvo Saín.
Un lento proceso
En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense separó por 120 días de sus funciones a Novo y a sus fiscales adjuntos, Marcelo Vaiani y Rodrigo Caro, y luego se conformó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que decidió iniciar un juicio político.
Es que la principal hipótesis del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, que tiene delegada la causa en la que interviene la jueza Sandra Arroyo Salgado, es que Novo habría desplegado una serie de artimañas con el fin de impedir que se relacione con los asesinatos de los colombianos a Gustavo Juliá, hijo de un exjefe de la Fuerza Aérea del menemismo.
Juliá y su hermano Eduardo fueron condenados a trece años de prisión en España por intentar ingresar a Barcelona, en 2011, casi una tonelada de cocaína en su avión de la firma Medical Jet SA.
Los investigadores determinaron la existencia de una relación de amistad entre Novo y Juliá, y que el abogado del exempresario de aviación, Carlos Broitman, es el esposo de Mariana Busse, una secretaria que se designó especialmente para “trabajar” con el fiscal bonaerense Luis Angelini, al iniciarse la pesquisa.
Las pruebas que complican a Falbo
Las irregularidades ocurridas en la órbita de la Fiscalía General del Departamento Judicial San Isidro fueron oportunamente puestas en conocimiento de la procuradora María del Carmen Falbo.
Sin embargo, de parte de Falbo primó una indolente indiferencia y una sospechosa pasividad claramente connivente con el desempeño deficiente y malintencionado del fiscal general Julio Novo.
La Procuración General no impulsó actuaciones administrativas destinadas a investigar seriamente y en profundidad las irregularidades denunciadas sobre el desempeño de Novo. A saber: restricción de recursos e insumos básicos, dilaciones para frustrar diligencias judiciales en Colombia, resignación arbitraria de uno de los fiscales que impactó en el avance de la pesquisa en curso, intromisión y entorpecimiento en la investigación, impericia y negligencia en el trámite de las actuaciones y filtración de información.
Trabas para que no se llegue a la verdad
El fiscal Luis Angelini tiene a su cargo la causa por los homicidios de los colombianos Jorge Quintero Gartner y Héctor Duque Ceballos, asesinados a balazos en el shopping Unicenter en 2008, y Juan Sebastián Galvis Ramírez, ejecutado a tiros en 2009 en San Fernando.
Angelini y su par Diego Grau pidieron al entonces fiscal general de San Isidro, Julio Novo, viajar a Colombia para interrogar a Andrés Jiménez Jaramillo, chofer y único sobreviviente de los crímenes de Unicenter, pero el fiscal general -según la investigación- “demoró” el pedido a la Procuración General.
Los fiscales no pudieron viajar y hubo una queja a la Cancillería por parte de Colombia, ya que habían organizado su participación en el interrogatorio.
Para los investigadores, esa declaración era clave, ya que se sospecha que Jaramillo en realidad fue el “entregador” de los crímenes en función de peritajes, mensajes de texto y contactos que tuvo en Argentina, y pudo ser la “mano de obra” utilizada por Juliá.
Actualmente, este sospechoso no puede ser ubicado en Colombia, ya que no figura en los archivos de ese país.