Diputados aprobó el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública

El debate se dio en el marco de la primera sesión especial del período extraordinario del cuerpo.

La Cámara de Diputados aprobó en general por 233 votos contra 2 el proyecto de sostenibilidad de deuda pública que establece que los acuerdos con cualquier organismo financiero internacional, deberán ser aprobados por una ley del Congreso Nacional.

La sanción de la iniciativa contó con el respaldo del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal, el Movimiento Popular Neuquino, y Acción Federal, en tanto que los dos monobloques de izquierda rechazaron la propuesta.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, Carlos Heller (Frente de Todos) sostuvo que con esta iniciativa el Congreso "aprobará un plan rector que dará certezas y confianza a la ciudadanía".

Para la diputada nacional, Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, se trata de un tema "central" en la agenda del país y sostuvo que la iniciativa constituye "un resguardo poderoso", a la vez que destacó el anhelo de "que esta ley resulte un punto de partida para un elemento constitutivo clave: el Nunca Más a los procesos de fuga y endeudamiento".

El proyecto de sostenibilidad de la deuda fue debatido ayer por el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, donde obtuvo dictamen con el respaldo unánime de todos los bloques parlamentarios.

La iniciativa determina que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio".

En ese sentido, el texto establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho "porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente".

En el artículo segundo, el proyecto dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley" del Congreso "que lo apruebe expresamente".

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