13/07/2015 - 06:10hs
Un informe revela las irregularidades y el uso político del programa de Florencio Randazzo, con La Cámpora de por medio; documentos “mellizos” y hasta desaparecidos que van a las urnas
No hay nada más propio e inalienable que la identidad, ese rasgo que hace único a cada ciudadano. En la formación de esa identidad, el DNI podría considerarse, junto a nuestra historia clínica, de los primeros trámites ni bien caemos en el mundo. En Argentina, así lo estipuló el Artículo 7º de la ley Nº 17.671 sancionada el 29 de febrero de 1968, que precisó a ese número como “fijo, exclusivo e inmutable”.
Pero nada, en el reino K del revés, es legal, justo, como debiera ser: documentos “mellizos”, asignados a individuos fallecidos, desaparecidos y hasta nonatos habilitados para votar y realizar transacciones, son sólo algunas de las irregularidades que se desprenden del informe elaborado por la web Entre variables, en torno a la “revolución identitaria” promocionada con bombos y platillos por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y aplaudido en más de una docena de cadenas nacionales por la presidenta Cristina Kirchner, mucho antes de que decidiera aniquilarlo civilmente y lo bajara de sus aspiraciones presidenciales por el Frente para la Victoria (FpV).
Justo a Randazzo, que en 2009 le otorgó a Cristina el primer ejemplar del nuevo DNI, fabricado por las impresoras suizas adquiridas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Desde entonces, el programa le costó más de 1.500 millones de dólares al Estado y un sinfín de irregularidades, incapaces de garantizar la realización de elecciones limpias o actividades comerciales seguras.
Un atajo hacia el fraude
Para ilustrar mejor el alcance de este descontrol del gobierno, llevado a cabo con fondos de todos los argentinos, citaremos algunos casos puntuales. Por ejemplo, conviene recordar que Randazzo se jacta de haber impreso 48 millones de DNI, luego de que el último Censo contara 40 millones de habitantes.
Pero como existen números “mellizos” (el trabajo cita provincias del interior como Salta, Mendoza, Neuquén, Misiones, Santa Fe, Chaco, Catamarca, Neuquén), la cifra de documentos emitidos debería ser menor, porque se usó varias veces el mismo número. De lo contrario, estarían reconociendo que imprimieron más de un ejemplar por persona, una artimaña favorecida a través de los consecuentes relanzamientos “para mejorar” el mismo programa que desde 2009 (cuando ya se había anunciado como la panacea de la identidad) se sostiene con recursos del Estado.
En el caso puntual de los DNI “mellizos”, la práctica se extiende por lo general en la mayoría de las provincias del interior, utilizada por los gobernantes para “engrosar el número de votos propios, al serle entregados a personas que aseguran su apoyo al caudillo local”. De ahí que sólo uno de los titulares del mismo documento figure en el padrón nacional; mientras que el otro es ubicado sólo en el provincial, una irregularidad obviada por las autoridades provinciales e inadvertida por el sistema del Renaper, tan arcaico como ineficiente.
No es todo, el ridículo llega hasta personas a las que, en un mismo DNI, se les asigna una doble partida de nacimiento; otros que figuran en el padrón, habilitados para votar, siendo menores e, incluso, nonatos (es paradigmático el caso de un tal Ricardo Segundo Soto, de San Miguel, que con su DNI 80.367.562 debería nacer en el 2040, pero vota desde 2011); lo mismo ocurre con fallecidos y hasta desaparecidos de la última dictadura militar, a los que “el gobierno de los derechos humanos” habilita para sufragar (Carlos Enrique Mosca Alsina [DNI 22.663.968], que figura como desaparecido el 4 de agosto de 1976 votó en 2013, cita Entre variables).
Estaríamos, verdaderamente, ante un atajo hacia el fraude electoral que se vendría gestando , al menos desde 2009, y que podría profundizarse a cinco meses de que el kirchnerismo abandone el poder.
Identidad e impunidad
Muchas veces, la entrega del DNI es gestionada por La Cámpora desde sus oficinas itinerantes del Renaper, donde se utilizan recursos del Estado para hacer proselitismo y, en ocasiones, acelerar el trámite a militantes oficialistas; para el resto de los argentinos, la emisión se demora por la “falta de insumos” que el cepo cambiario impide importar, aunque Florencio Randazzo diga que el DNI es “100% argentino”.
Desde el 2009, el kirchnerismo ha destinado 1,5 millones de dólares del Estado para emitir 48 millones de documentos (en valores individuales, cada uno le habría costado al gobierno 31.25 de dólares, más los 35 pesos -casi 4 dólares adicionales- que deben abonar los ciudadanos); desde entonces, según el informe citado, ha primado el uso político de los mismos, capaz de desembocar en el fraude electoral o en negocios de turbia naturaleza.
La sustitución de identidades, según prevé el Artículo 33 de la ley Nº 17.671, es pasible de “prisión de uno a cuatro años”.
Pero en épocas en que el kirchnerismo avanza sobre la Justicia y, desde ahí, sobre todos los poderes, la impunidad puede más que la ley. Al menos, hasta el 10 de diciembre.