¿Dónde está la libertad? Una ciudad militarizada para evitar manifestaciones

En la previa de una nueva masiva marcha, la Ciudad de Buenos Aires amaneció el miércoles cercada. Desde temprano, un despliegue inédito de fuerzas de seguridad bloqueó el acceso al Congreso, valló varias cuadras a la redonda y desplegó operativos en terminales de trenes, donde efectivos revisaban pertenencias y pedían documentos. La excusa oficial fue evitar disturbios en la marcha de jubilados, pero el operativo reveló la intención del gobierno de Javier Milei de criminalizar la protesta social e intimidar a aquellos que fueran a reclamar de manera legítima.

Las advertencias comenzaron temprano. En estaciones de tren y subte, altavoces oficiales repetían mensajes que asociaban la protesta con la violencia y anticipaban la acción represiva de las fuerzas de seguridad. “La policía va a reprimir cualquier atentado contra la República”, repetían una y otra vez en distintas estaciones del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires

En los accesos a la Ciudad, efectivos revisaban pertenencias y pedían documentación a quienes llegaban para manifestarse. La orden era impedir que la movilización cobrara fuerza.

Al llegar al Congreso, los manifestantes se encontraron con un cerco metálico y filas de gendarmes bloqueando el paso. Ni siquiera los vecinos que vivían en la zona pudieron atravesar el muro sin identificación. La postal de una Ciudad sitiada se completó con la presencia de efectivos en cada esquina, patrullando las inmediaciones como si se tratara de una situación de emergencia.

Con la manifestación ya desconcentrada, un grupo reducido intentó derribar las vallas. Esa imagen fue utilizada por el gobierno para justificar el operativo y desviar la atención de la jornada pacífica que miles de personas protagonizaron en defensa de los derechos jubilatorios.