19/07/2014 - 07:02hs
El fiscal pidió que el titular de la AFIP sea indagado, lo que podría derivar en su procesamiento. Lo mismo ocurre con la presidenta de la Casa de la Moneda
Por más esfuerzos que hace el polémico titular de la Administración Federal del Ingresos Público (AFIP) para acallar al periodismo independiente, la contundencia de los presuntos actos de corrupción que lo involucran lo complica cada día más. Ayer se conoció que su situación en el Boudougate es por demás comprometida, al punto que sería inminente su citación a declaración indagatoria, que podría terminar en su procesamiento.
El fiscal federal Jorge Di Lello reiteró el pedido para que Echegaray sea citado en la causa Ciccone. La solicitud se oficializó ayer por la tarde mediante un escrito presentado ante el juez de la causa, Ariel Lijo, en el que pide más medidas de prueba para la investigación en la que ya está procesado el vicepresidente Amado Boudou. Además, el fiscal pidió la indagatoria de la presidenta de la Casa de Moneda, Katya Daura, una funcionaria muy cercana a Boudou (ver aparte).
Echegaray está en la mira por haber accedido a un pedido de Boudou, entonces ministro de Economía, para otorgarle un plan de pagos excepcional a la exCiccone de 148 cuotas -con un ínfimo interés de 0,5% mensual- para pagar una deuda millonaria.
El plan de pagos consistió en cuatro moratorias por un total de más de $ 240 millones. Primero, la exCiccone obtuvo dos moratorias, por $ 107 millones, mientras que la AFIP omitió el cobro de más de otros $ 140 millones en intereses acumulados durante años a favor del Estado nacional. Y ese "error" sólo se revirtió meses después, con otras dos moratorias más, cuando ya habían pasado 17 días desde el estallido del Boudougate.
El funcionario del ministerio público también reiteró los pedidos de indagatoria para Pablo Amato, cuñado de Nicolás Ciccone; de Jorge Capirone, ex directivo de la empresa; de Máximo Lanusse, vice de The Old Fund, y pidió que también como acusado declare Sergio Martínez, socio minoritario de The Old Fund, el fondo conformado por presuntos testaferros de Boudou que en el año 2010 se quedó con la única planta impresora de una empresa privada con capacidad para fabricar papel moneda en el país.
Por otra parte, Di Lello pidió que se le tome declaración testimonial a Raúl Moneta y al presidente del Banco Macro, Jorge Brito, entre otros. “Nosotros habíamos solicitado hace un tiempo, tanto al juez como al fiscal la ampliación de la indagatoria de Boudou justamente porque creemos que hay muchos funcionarios involucrados, que fueron partícipes necesarios o bien podrían ser parte de una asociación ilícita. El pedido de indagatoria a Echegaray y a Katya Daura es un avance importante en la causa, que va teniendo muchos aspectos que merecen ser investigados”, le dijo a Hoy la diputada nacional Margarita Stolbizer, quien fue la primera denunciante que se presentó ante la Justicia para solicitar que se indague sobre la escandalosa compra de la exCiccone.
“A esos fines, también me he presentado ante el Juez Lijo para pedirle investigar a Amado Boudou por el falseamiento de su declaración jurada: declaró tener 9 cuentas bancarias y los bancos informan que tiene 36. La trama que rodea al Vicepresidente es muy compleja y demuestra que la protección que le dan es un mecanismo de autodefensa porque pega a muchos en el gobierno”, concluyó Stolbizer.
Si hoy Echegaray se encuentra contra las cuerdas, es por el accionar del periodismo que se encargó de revelar no sólo su escandalosa participación en el Boudougate, sino también en otros casos de corrupción.
Lejos de quedarse con los brazos cruzados, el titular de la AFIP y sus secuaces respondieron, muchas veces, con amedrentamientos y aprietes contra el periodismo independiente. Así fue como, producto de las notas de tapa críticas a su accionar, puso en marcha un operativo contra la directora del diario Hoy, la señora Myriam R. Chávez de Balcedo. Y, como si todo esto fuera poco, desde la conducción de la AFIP ahora se inventó una demanda penal de “atentado contra la autoridad” por el hecho de que fueron publicadas las fotos de los funcionarios que instrumentaron los aprietes.
Es el mundo al revés: Echegaray y sus secuaces, que deberían estar en banquillo de los acusados y está cerca de ser procesados por el Boudougate, ahora buscan convertirse en denunciantes.
¿Qué dice el fiscal?
El fiscal Di Lello solicitó medidas de prueba para investigar la denominada "ruta del dinero" del caso Ciccone, lo cual es cuestionado por Boudou, procesado por cohecho (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública.
"Se advierte que se reunió prueba suficiente para afirmar, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, que determinadas personas integrantes de las gerencias de la Casa de la Moneda intervinieron en la maniobra consistente en dejar sin efecto la licitación pública 58/2009 que tenía como objetivo la renovación de máquinas de dicha entidad con fecha diciembre de 2010", escribió Di Lello.
Añadió que el objetivo de esa medida era "para con fecha 19 de octubre de 2011 iniciar un nuevo expediente a raíz de que era imprescindible una inversión en tecnología en esa sociedad, en el cual se autorizó una contratación directa sin tener en cuenta el régimen legal de contrataciones públicas".