El Congreso el principal escollo de la motosierra de Milei

"Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”, anunció Javier Milei apenas un puñado de horas después de convertirse en presidente electo de la Nación y, durante la agitada semana poselectoral, lo refrendó a diestra y siniestra. Para avanzar con las privatizaciones y otras reformas estructurales que tiene en carpeta, el liberal deberá conseguir el apoyo del Congreso, un profundo ­desafío político, pues no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras, ni siquiera si se suma el apoyo del ala dura del PRO con quien ya tejió una alianza.

A partir del 10 de diciembre, el Congreso se reconfigurará con la entrada y salida de 130 diputados y 24 senadores, lo que inaugurará un recinto —casi— completamente dividido entre liberales, Unión por la Patria y un fragmentado Juntos por el Cambio. El espacio que conduce Milei creció en representación, pero quedó lejos del quorum, por lo que deberá establecer acuerdos con ambas coaliciones y bloques provinciales. En números claros: en Diputados, necesita conseguir 90 adhesiones de otras fuerzas y en el Senado, 29. Con este escenario en el horizonte, Milei anticipó que pretende avanzar de lleno con el programa de privatización de empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), los medios públicos

—Radio Nacional, TV Pública y Télam—, como así también alrededor de otras 130 compañías que hoy están bajo administración del Estado, además de dar marcha atrás con leyes como la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de Alquileres.

Para avanzar con la privatización de YPF, el liberal deberá conseguir el apoyo de dos terceras partes tanto en la Cámara de Diputados y como del Senado, de acuerdo con la Ley 26.741 aprobada en 2012 que habilitó la reestatización de la petrolera. El artículo 10 de esta norma señala que, “a efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros”.

Por lo tanto, el liberal deberá conseguir el apoyo de todos los legisladores de Juntos por el Cambio, los provinciales, la izquierda y parte de UxP. Hoy parece imposible.

En el caso de los medios públicos, basta con una mayoría simple, algo que el jefe de Gobierno entrante tampoco tiene al alcance de la mano. En efecto, el Congreso se convertiría en la principal barrera de contención del programa de privatización.

Gobernar por DNU

Otras de las vías sobre las que puede avanzar Javier Milei para con el programa de privatizaciones o la derogación de leyes es mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que podrá comenzar a firmar desde el primer día de Gobierno y cuya validez es similar a la de una ley sancionada por el Congreso. Si bien estos decretos entran en vigencia de manera inmediata tras ser publicados en el Boletín Oficial de la Nación, estos deben ser refrendados o rechazados por el Parlamento. Es decir, los diputados y senadores pueden darle marcha atrás.

“Ningún presidente está en condiciones de modificar o derogar una ley a través de decretos. Esto es una potestad exclusiva del Congreso. Lo que sí tiene el Presidente es la atribución de dictar DNU en situaciones excepcionales, de urgencia y emergencia que impidan seguir con los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes”, explicó el abogado constitucionalista Andrés Gil Dominguez en declaraciones a la prensa y remarcó que el jefe de Estado no puede emitir decretos que contemplen modificaciones en materia penal, tributario, de regímenes de partidos políticos y de regímenes electorales.

Según explicó el especialista, en primer lugar, el DNU es abordado en la comisión Bicameral de Acuerdos del Congreso, integrada por ocho diputados y ocho senadores, que emite dictamen y lo envía a cada Cámara para su tratamiento, donde los parlamentarios podrán aprobarlo o rechazarlo en el recinto: si ambas lo rechazan, pierde validez; si una lo aprueba y la otra no, sigue vigente.

Números y alianzas caídas

Con estos números sobre el horizonte, desde el liberalismo saben que será inevitable comenzar a tejer alianzas con distintos sectores, por lo que desde el minuto cero de la transición se abrieron charlas cordiales en múltiples frentes. LLA ya consiguió, previo al balotaje, el apoyo del bloque duro PRO, liberales disidentes y el peronismo federal que le aportará en Diputados, por ejemplo, 38 votos. Ahora, tendrá el desafío de cosechar adhesiones de las otras fuerzas como el radicalismo, la coalición cívica y los bloques provinciales que durante la campaña mostraron más diferencias que similitudes con el liberal-libertario. Esta semana, Milei intentó también ir en búsqueda del apoyo de las espadas legislativas de Schiaretti al dejar trascender que podría designar como presidente de la Cámara baja a Florencio Randazzo. La posibilidad hizo eco dentro del interbloque Federal que se rompió a raíz del portazo de Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño. Si bien ambos dejarán la banca el 10 de diciembre, por lo que su decisión no mueve el amperímetro, es una muestra del complejo escenario que tendrá Milei cuando intente conseguir apoyo de bloques peronistas. Sin dudas, el Congreso será el principal escollo del programa de Milei.