El debate de la reforma del Código Penal y el impacto en la agenda política

En los últimos días, más allá de lo fue ocurriendo con todo el debate de la ley ómnibus, la atención también se posó sobre las declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, quien adelantó su objetivo político de llevar adelante cambios en el Codigo Procesal Penal.

Tal como informó diario Hoy en una edición anterior, el funcionario de Milei había adelantado, en diálogo con la prensa, que va a “delinear un plan, que luego les voy a informar”, aunque señaló que será algo “novedoso tendiente a que tengamos un sistema procesal y penal adecuado, para que Argentina dé ejemplo de justicia y de orden”.

En ese sentido, el ministro agregó: “El régimen en materia de justicia y procesal han fracasado y el Código Penal necesita ser reformado. En ese marco es que se va trabajar ansiosamente, atacando todos los males que nos azotan: desde la delincuencia común, a la corrupción, a la trata, al narcotráfico y a hechos realmente graves que todos sufrimos”.

En tanto, quien salió a apoyar estos posibles cambios fue el ahora exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que dijo que celebra “la propuesta penal del doctor Cúneo

Libarona” porque no tiene dudas “de que hay una necesidad de reforma del Código de Procedimiento en materia penal para bajar la edad de imputabilidad, porque los presos deben trabajar mientras están cumpliendo la pena y porque se debe sostener el sistema de vigilancia cuando salen en libertad”.

Por otra parte, en diálogo con este medio, el abogado Marcelo Peña también brindó su opinión al respecto y dijo que, de todo lo que se está planteando, “creo que lo más relevante hasta ahora es la creación de una fiscalía contra delitos de corrupción”, la cual se va a centrar en “todo lo que es el fraude de administración pública, la malversación de caudales públicos, el análisis de asociaciones ilícitas destinadas a corromper el erario público”.

Este punto es el que el letrado consideró “fundamental”. En tanto, por otro lado, el hombre también habló de que “la Justicia está colapsadísima con la sistematización de las causas”, y dijo también que, “si bien se ha mejorado la cuestión del manejo informático con la pandemia”, aún restan algunas cosas.

En otro aspecto, agregó que “en lo personal estoy en desacuerdo con el manejo arbitrario de las falsas denuncias que se han utilizado de ciertas personas en el fuero de familia para alejar a personas de sus padres”.

Es por eso que concluyó contando que está trabajando en un proyecto que tiene el objetivo de “ampliar las penas por los delitos de falsa denuncia en contexto de género y familia, porque se ha dado la situación de que padres han sido privados del contacto con sus hijos por falsas denuncias de abuso, y eso no tiene que ser tomado a la ligera”.

“Por supuesto que los casos reales tienen que ir a fondo, pero lo que son en forma tan livianita tienen que ser expeditivos los fiscales porque sino en forma automática terminan cortando el contacto de los padres con los hijos”, concluyó Peña.

La fiscalía anticorrupción

El caso de la creación de la fiscalía que propondrá el Gobierno, y que en los últimos días se dieron a conocer más detalles de su rol, es uno de los más trascendentales por la idea que viene planteando el Gobierno de “terminar con la casta y sus privilegios”, frase esbozada hasta el cansancio por Milei durante toda su campaña.

Con esta medida, en caso de concretarse, el oficialismo daría un paso más que importante en materia de investigaciones en caso de corrupción, uno de los delitos que mayor malestar ha generado en la sociedad en los últimos años.

Tal como se viene adelantando desde este medio, quien habló en los últimos días sobre este objetivo fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, que aseguró que fue el mismo Milei el que “ordenó la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente referidos a las figuras de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales”.

Según dijeron, en la reunión de gabinete en la Casa Rosada, el mandatario le ordenó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que le sugiera al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que abra esa fiscalía que actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo.

“Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito. Nunca el delito puede producir beneficios”, fue la advertencia que pronunció Milei en la reunión de Gabinete efectuada en la sede gubernamental.

El debate ya está instalado y, si bien ahora la mirada está centrada casi por completo en el debate de la ley ómnibus, cuando el clima comience a cambiar, esta cuestión seguramente ocupe un lugar central en la agenda política.