15/08/2014 - 06:19hs
EN FOCO
A esta altura ya no sorprende. La presidenta Cristina Fernández volvió a reunir a gobernadores, dirigentes oficialistas y militantes rentados para hacer un discurso de barricada, desde el atril y desde los balcones internos de la Casa Rosada, para anunciar una serie de medidas que no hacen más que mostrar que el gobierno está cada vez más alejado de la realidad.
Ayer, asistimos, nuevamente al anuncio de un plan para construir 105 mil viviendas, con una inversión prevista de 27 mil millones de pesos. Parece una broma de mal gusto. Durante la era K, se presentaron numerosos planes habitacionales que terminaron en fracaso. Sólo se construyó una ínfima parte de lo anunciado, y proliferaron las denuncias relacionadas con sobreprecios e irregularidades de todo tipo en las construcciones. ¿Qué hace pensar que ahora será distinto, cuando al gobierno le quedan menos de 16 meses en el poder? ¿De dónde saldrán los 27 mil millones de pesos? Sólo con analizar algunos números salta a la luz la falacia del relato: según los propios números oficiales, el déficit de las cuentas públicas se agudiza día a día (ver aparte). Lo más preocupante es que ayer, nuevamente, una troupe de gobernadores, que no pueden no saber de las mentiras de la administración K, estuvieron en la primera fila aplaudiendo como autómatas.
Para colmo, aprovechando ese contexto, la primera mandataria aprovechó el acto para malvinizar, nuevamente, la pelea por el default que, por la ineptitud del equipo económico del kirchnerismo, viene perdiendo por goleada. En ese contexto, CFK usó el atril para vincular con los fondos buitres a la firma Donnelley, que cerró sus persianas esta semana y dejó 400 trabajadores en la calle. La jefa de Estado asoció esa empresa con NML, de Paul Singer, uno los principales litigantes contra Argentina en Nueva York. "Como verán todo hace juego con todo, todo un entramado casi mafioso internacional", apuntó. Y anunció que denunciará penalmente a la compañía aplicando la controvertida ley antiterrorista.
"La quiebra la pide un viernes 8 de agosto y el auto de quiebra salió el lunes 11. Fue una quiebra exprés. Hasta Thomas Griesa es más lento", ironizó la mandataria. Y aseguró: "Hemos formulado denuncia penal por alteración al orden económico y financiero. Es maniobra para generar un clima de temor".
La realidad es que, más allá de si la quiebra es fraudulenta o no, el gobierno sigue mirando otra película. Esta compañía decidió irse del país porque, seguramente, cuenta con información de que la crisis económica tenderá a agudizarse y en un mundo capitalista nadie en su sano juicio invertirá su dinero si sabe, de antemano, que va a perder. Es más, una situación similar a Donnelley están atravesando numerosas empresas, tanto nacionales como transnacionales. Incluso, hasta el propio Cristóbal López, el zar kirchnerista del juego, que se hizo multimillonario en la era K luego de haber inundado con tragamonedas el país, anunció que suspenderá la producción de una autopartista que forma parte de su holding de empresas. Se trata de Paraná Metal de Rosario, que se paralizará desde el próximo lunes por 21 días debido a la caída de las ventas. Lo mismo ocurrirá con la planta de Acindar, por el término de 10 días. Ejemplos como estos se multiplican a lo largo y ancho del país.
Los despidos de personal son masivos y, ante la recesión, todo indica que lamentablemente tenderán a incrementarse en las próximas semanas.
Evidentemente la Presidenta tiene seriamente dañada su capacidad de compresión. Se está creyendo sus propias mentiras y, peor aún, actúa en consecuencia. El problema es que las víctimas de esta bipolaridad política somos los 40 millones de argentinos que estamos sufriendo, en carne propia, los desaguisados de una gestión gubernamental que ha decidido irse del poder de la peor forma. Está dejando una crisis de la cual no costará sangre, sudor y lágrimas poder superarla.