El fideicomiso de Corach

Un funcionario muy cercano al polémico ex ministro menemista controla el fideicomiso de recuperación crediticia de la Provincia. Se trata de un ente fantasma, sospechado de ser una caja negra de la política

El 21 de junio se cumplirán 14 de años del momento en que se sancionó la ley 12726 para crear el fideicomiso de recuperación crediticia. En aquel entonces, el gobernador de la provincia era Carlos Ruckauf, quien dijo haber impulsado esa iniciativa con el objetivo de crear una entidad autónoma y autárquica que estuviese encargada de recuperar una millonaria cartera de créditos en mora que había puesto a l Banco Provincia al borde de la quiebra.

En rigor, quienes conocen los entretelones de lo que se sancionó, afirman que fue una suerte de maniobra contable para limpiar al Bapro de los activos tóxicos que se habían adquirido en función de oscuros acuerdos políticos con amigos del poder. Tan es así que, entre los principales deudores estaban el Grupo Yoma, Victorio Américo Gualtieri, sospechado de ser el testaferro de Eduardo Duhalde, la firma Showcenter, Tren de la Costa, etc. Para cubrir ese agujero la Provincia tuvo que endeudarse -a través de la emisión de un bono- en 1.100 millones de dólares.

Las maniobras contables habrían consistido, en parte, en que mientras las garantías de los deudores siguieron formando parte del activo del Banco Provincia (inflando los balances artificiales), al fideicomiso sólo se transfirieron las deudas que,  tras 14 años, en gran parte siguen sin ser saldadas. Es decir, el fideicomiso se ha convertido en una suerte de ente fantasma al punto que, en su página web oficial, ni siquiera tiene nómina de autoridades. En tanto, las últimas actividades institucionales publicadas datan del año 2007, cuando Daniel Scioli ni siquiera era gobernador.

Según pudo saber Hoy, quien manejaría gran parte de los que sucede en el fideicomiso, entre bambalinas, es el exministro de Interior del menemismo, Carlos Corach, que a sus 80 años es una suerte de asesor free lance del gobierno bonaerense. Corach se hizo tristemente célebre en los años ´90 por haber sido el operador de Carlos Menem en los tribunales y hasta fue acusado de escribir en una servilleta los nombres de los jueces federales que eran controlados a control remoto desde la Casa Rosada.

Corach logró reciclarse en el gobierno bonaerense y, para no exponerse personalmente puso a uno de los integrantes de su buffet de abogados como responsable del fideicomiso del Bapro: Raúl José Paolasso. A su vez, el estudio jurídico de la familia, que quedó a cargo de Hernán Corach, uno de los hijos del exministro (fue director de Juventud de la cartera política en los ´90), recibiría importantes honorarios por servicios que estaría prestando al propio fideicomiso como así también a otras áreas de la Provincia, especialmente en el rubro seguros.

Paolasso es oriundo  de la localidad de San Francisco (Córdoba), pero actualmente viviría en Tigre, donde también tendría relación con Sergio Massa. De hecho, en varias ocasiones, habría hecho de canal comunicante entre el gobierno provincial y el ex intendente de tigre.

El titular del fideicomiso, a su vez, está estrechamente vinculado con la administración del country Ayres del Golf que se encuentra ubicado en la mencionada localidad cordobesa y, en su momento, habría sido denunciado por los propios propietarios por presuntas irregularidades en la comercialización y venta de los terrenos. También le habrían indilgado incumplimientos de contratos.

En  tanto, Gervasio Corach, el sobrino del ex ministro del Interior, sería apoderado legal de Provincia ART (una de las empresas del Grupo Bapro)  y también está vinculado con el titular de Aguas Bonaerenses SA (ABSA), Guillermo Scarcella: ambos fueron socios en la firma PDM Sociedad de Bolsa SA.  El sobrino del exministro también es socio, en su estudio jurídico, del ex juez federal Jorge Urso, cuyo nombre también aparecía en la famosa servilleta de Corach y que tuvo que renunciar a su cargo en el año 2006, en momentos en que había sido citado a declarar por el Consejo de la Magistratura, acusado por mal desempeño en sus funciones. Concretamente, se le imputaba graves irregularidades procesales en el trámite de siete causas, la mayoría por venta de drogas.

Scarcella, en varias ocasiones, amagó con renunciar a la presidencia de ABSA, una empresa del Estado que está atravesado por severos problemas y que hasta podría eclosionar a raíz del fallo judicial que obliga devolverle a los usuarios 1.800 millones de pesos por un aumento tarifario mal cobrado. En rigor, los principales servicios que ofrece Scarcella al gobierno bonaerense –un empresario de Tandil, que también es presidente de la Federación Bonaerense de Tenis- no tendrían que ver con el agua potable y las cloacas. Más bien, estarían relacionados con mover algunos hilos en la Justicia federal: se comenta que convenció al juez Ariel Lijo de que no procesara al empresario Lautaro Mauro, muy vinculado con el sciolismo, en la causa por la compra fraudulenta de la ex Ciccone. No parece ser casualidad que Alfredo Damián “Freddy” Lijo, el hermano del juez federal Ariel Lijo, que tiene a su cargo el expediente del Boudougate, actualmente forme parte de la comisión fiscalizadora en el directorio de ABSA. Lijo, además, el año pasado sobreseyó a Corach en la causa por encubrimiento por el atentado a la mutual judía AMIA. Como se ve, todo queda en familia.

Escandalosa ampliación

En el año 2010, se decidió ampliar de forma escandalosa la cartera de deudores del fideicomiso a partir de un convenio entre el gobierno bonaerense y el Banco Nación, que implicó el traspaso de deuda contraída por 2155 agentes económicos. Para absorber esos compromisos, el Estado de la Provincia se endeudó, a través de un bono, en más de 300 millones de pesos.

En un primer momento se había dicho que eran productores rurales afectados por la sequia, las inundaciones y los problemas económicos. Pero, en realidad, muchos eran amigos del poder político al punto que se descubrió que uno de los beneficiados tenía domicilio fiscal del Bingo Bahía Blanca SA. También se detectaron veinte personas fallecidas en el listado de los créditos impagos que fueron absorbidos por el Estado bonaerense.

Polémico cierre de un aserradero

El abogado Hernán Corach, el hijo del exministro menemista, no sólo se dedicaría a hacer cobranzas para el fideicomiso de recuperación crediticia. También estuvo envuelto en un escándalo por el cierre del aserradero Bronzovich Hermanos SRL, que dejó de existir poco tiempo después de que la empresa pasara a manos del hijo del ex ministro. El establecimiento era la principal fuente laboral de la localidad de Tolhuin, en Tierra del Fuego, 57 kilómetros al norte de Ushuaia. Más de 100 personas quedaron en la calle, en pleno fin del mundo, ya que las casas que habitaban, el gas que usaban, como así también la electricidad, la leña y el agua que consumían, pertenecían al aserradero.

No fueron pocos los que asociaron lo ocurrido en el aserradero con las prácticas utilizadas por el gobierno del cual tanto Hernán Corach como su padre fueron parte, cuando la instrumentación de las privatizaciones y del neoliberalismo sin anestesia produjo índices de pobreza, marginalidad y desempleo nunca antes registrados en la historia del país.