El macrismo quedó más comprometido por “encubrir” operaciones narco

En las últimas horas apareció otra causa que complica al exgobierno de Mauricio Macri y, sobre todo, a algunos de sus colaboradores inmediatos de entonces. El caso involucra al banco HSBC, al narcotráfico, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a los directivos de la entidad entre 2015 y 2019.

Exintegrantes del consejo asesor de la UIF durante la gestión de Cambiemos declararon ante la Justicia que habían votado que el HSBC fuera sancionado por no reportar operaciones de lavado de dinero del narcotráfico, algo que el jefe de la Unidad, Mariano Federici, optó por no hacer y evitar al banco esa sanción.
La causa es investigada por la fiscal Alejandra Mangano y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. En ese marco, los consejeros sostuvieron ante el juez federal Luis Rodríguez que las evidencias acumuladas en el sumario de la UIF eran “lapidarias”.

Asimismo, los consejeros puntualizaron que, luego de la decisión de Federici, el gobierno de Macri buscó eliminar al Consejo de Asesores de la UIF a través de un inciso que insertó en el proyecto de ley de Presupuesto, en una reforma que la oposición evitó que se filtrara.

A partir de ahora, la Justicia solicitaría medidas de prueba para ahondar en las pistas que aportaron los exconsejeros, que además aseguraron que nunca había ocurrido algo similar en el Estado argentino, el cual durante el mandato de Cambiemos estuvo infiltrado por representantes del poder económico, entre ellos del banco HSBC.

Por su parte, Federici salió al cruce de los señalamientos y afirmó que durante su gestión actuó “de manera autónoma e independiente, libre de toda interferencia indebida, sea de la política, los privados y la prensa”. Además, no dudó en defender al banco señalado al decir que el poderoso HSBC “no merecía una sanción porque logró demostrar en el sumario un obrar acorde a derecho”.

Las vinculaciones narco

El primer hecho denunciado ante la Justicia consiste en la elaboración de un dictamen liberatorio para el HSBC en un caso de lavado de dinero que involucraba al narcotraficante colombiano conocido como “Mi Sangre”. Allí el HSBC había sido el “vehículo financiero” que Jesús López Londoño (alias “Mi Sangre”) había utilizado para lavar dinero del tráfico de drogas y asentarse en la Argentina.

Según consta en la denuncia, la UIF había abierto un sumario en el que acusaba al HSBC de no haber reportado las operaciones sospechosas que el testaferro de “Mi Sangre”, Marcelo Oscar Chirizola, había estado realizando a través del banco. Federici, quien había recibido el sumario al asumir en la UIF, toma la decisión de elevar el dictamen a un consejo asesor del organismo declarando que archivaba las imputaciones contra el banco porque no había pruebas suficientes de que se haya incumplido la ley de lavado de activos.

El consejo asesor rechaza el dictamen y asegura que había que sancionar al banco. Sin embargo Federici, a pesar de las indicaciones del consejo de la UIF, termina archivándolo, pero lo hace modificando los argumentos: ya no era porque no había pruebas, sino porque el hecho había prescripto.

El segundo acontecimiento surge a partir de una llamada que un funcionario de la UIF le realizó, hace un par de años, a (Gabriel)
Martino, expresidente del HSCB, para avisarle que un cliente del banco, el narco colombiano Piedrahita Ceballos, estaba siendo investigado por la Justicia.

Quién es Mariano Federici

Antes de ingresar a la función pública en diciembre de 2015, Federici trabajó durante más de diez años en el Fondo Monetario Internacional. Su paso por el Departamento Jurídico del FMI solo se vio interrumpido entre 2005 y 2006, cuando se sumó como letrado en el Estudio Garrido.

A comienzos de 2017, el exfiscal federal Federico Delgado remitió un informe a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó donde advertía sobre las demoras en la entrega de información solicitada a la UIF, así como las diferencias de profundidad y extensión entre los informes referidos a personajes vinculados al kirchnerismo y aquellos referidos a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Aquel reporte remarcaba, por ejemplo, que en la causa por la presencia del exmandatario Mauricio Macri en los “Panama Papers”, la UIF demoró cinco meses para aportar escasa información vinculada a reportes de operaciones sospechosas que ni siquiera pudo sumarse a la investigación como objeto de prueba.