Kicillof convoca a los intendentes por la crisis sanitaria
El gobernador busca un acuerdo con los jefes comunales para denunciar el recorte de recursos y exponer el impacto en hospitales y centros públicos.
El Gobierno impulsa la entrega de empresas mientras se multiplican las denuncias y crecen las resistencias internas.
18/05/2026 - 00:00hs
La administración de Javier Milei atraviesa un momento decisivo en su programa de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos. La velocidad con la que avanzan los procesos, no solo refleja la voluntad oficial de transferir áreas clave del Estado, sino también el temor a que el desgaste político limite la capacidad de ejecución. La caída de la imagen presidencial, los conflictos internos y los escándalos recientes, aceleraron la necesidad de consolidar negocios antes de que el poder libertario se fracture por completo.
En ese marco, la venta de AySA se convirtió en un símbolo de la disputa. El Senado sorprendió al oficialismo al aprobar una moción que busca frenar la privatización, recordando el fracaso de las concesiones de los años 90. La operación despierta resistencias por tratarse de un servicio esencial y por el interés de grupos económicos con vínculos estrechos con el núcleo de poder.
Otro de los casos resonantes es el de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Allí se libra una batalla entre dragadoras internacionales, atravesada por denuncias de direccionamiento y presiones diplomáticas que exponen la dimensión geopolítica del negocio.
El Gobierno enfrenta un escenario donde las privatizaciones dejaron de ser simples operaciones económicas y pasaron a convertirse en pruebas de legitimidad política. Las resistencias legislativas, las denuncias judiciales y las tensiones empresariales, evidencian la dificultad de sostener un programa que avanza con mayor velocidad que la capacidad de generar consensos.