15/08/2014 - 06:05hs
Una presentación judicial de un concejal del Partido de la Costa acusa al Vicepresidente de haber avalado irregularidades siendo secretario de Hacienda de ese distrito. De Vido es otro de los apuntados
Al Vicepresidente Amado Boudou más que nunca le gustaría pensar en esa frase que decía “el pasado, pisado”. Pero los hechos le siguen dando la espalda: ahora no sólo carga con la pesada mochila de la causa Ciccone, sino que además deberá rendir cuentas por una serie de turbios manejos que llevó a cabo en tiempos pasados, cuando ocupó el cargo de secretario de Hacienda del Partido de La Costa.
Si bien se trata de una acusación de larga data, en la jornada de ayer fue el concejal local Marcos Alfredo García quien realizó una presentación judicial contra el funcionario K por irregularidades en el Plan Federal de Viviendas, algo que involucra también al ministro de Planificación, Julio De Vido, y a la familia De Jesús (que desde hace ya varios años maneja los destinos del municipio bajo el sello kirchnerista). Y de acuerdo a lo expresado en la denuncia -que fue patrocinada por el abogado Ricardo Monner Sans y ya cuenta con la intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo-, las turbias maniobras estarían enmarcadas en el caso que se conoció como “El Misterio de las Casas Voladoras”, durante la estadía de Boudou en la Secretaría de Hacienda de la comuna.
En este sentido, Hoy tuvo acceso al material en donde se evidenció que en 2005 se acordó en el municipio costero la construcción de 484 casas y dos escuelas, que jamás fueron terminadas por la empresa constructora contratada (CANTERA FC SA), a la que le atribuye una estrecha vinculación con el ahora “vice rocker”.
Según el documento, “ninguna casa fue íntegramente concluida. Algunas sin paredes; sin gas; sin electricidad; sin agua. CANTERA debía terminar las obras en el año 2006 (…) En agosto de 2007 se había abonado a Cantera más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaban sin terminar. Y así quedaron, porque Cantera, ante la denuncia de proveedores que habían recibido cheques sin fondos, entró en convocatoria de acreedores. Previo haber cobrado alrededor de unos 24 millones de los pesos de aquel entonces”.
Para colmo de males, la acusación también da cuenta de que la firma usó un terreno para el acopio de material en La Lucila del Mar y que estas actividades fueron controladas por Roberto Aybar Domínguez, exsecretario, socio y mano derecha de Boudou en sus negociados.
Otro funcionario K en la mira
La otra cara de la moneda en esta historia de ribetes oscuros muestra a Julio De Vido, ya que “el convenio firmado por el Municipio de la Costa con el Ministerio a cargo de Julio De Vido, se vinculaba con el área de dos barrios”.
“La apertura de las licitaciones fue el 2 de mayo de 2005 y el presupuesto oficial para construir las aludidas 486 casas ascendía a $ 20.799.600. Sin embargo, el presupuesto que le fue destinado por la Secretaría de Obras Públicas fue de alrededor de seis millones de pesos más, lo que se ‘justificó’ invocando la voluntad de ‘mejorar’ la calidad de las casas”, se explicó en la denuncia de García.