22/08/2017 - 04:00hs
Así lo expresó el magistrado de trabajo Marcelo Molaro, quien cuestionó la creación de un asiento de control de litigiosidad en su ámbito de actuación. Además, señaló que una posible reforma laboral mediante un DNU sería inconstitucional y explicó las falencias de la Ley de ART
Marcelo Molaro es el titular del Tribunal Laboral nº 3 de La Matanza e integra la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo, creada en abril de este año. En diálogo con diario Hoy, el magistrado explicó que aún “no hay ningún proyecto de reforma laboral redactado del que yo tenga conocimiento. Me da la sensación que todo va a pasar después de las elecciones legislativas que se van a hacer este año. Luego de eso, me parece que el oficialismo va a impulsar alguna suerte de reforma del trabajo”.
“En la Argentina no tenemos un código de trabajo como sí lo hay en lo civil y comercial. Entonces, los principios básicos de nuestra materia -irrenunciabilidad, principio protector- surgen de la Ley de Contrato de Trabajo. La razón de ser del derecho laboral, como una rama autónoma del derecho civil, es que tiende a defender al más desprotegido en la relación contractual laboral, y si se la modificara sustancialmente desnaturalizaría la esencia de la conquista social, que costó mucha sangre en la República Argentina”, señaló el magistrado.
En este marco, Molaro mostró su desacuerdo con respecto a algunos comentarios de funcionarios nacionales, al afirmar que “las conquistas no son privilegios de los trabajadores, sino que son esfuerzos que, a lo largo de varias generaciones, han bregado en tratar mediante la acción sindical de hacer un capitalismo con un rostro más humano, un capitalismo que sea viable, que pueda dar felicidad a las personas más desposeídas también”.
“Me parece que no están dadas las condiciones políticas ni de mayoría legislativa como para que se implemente en nuestro país esto que nos ha sorprendido tan amargamente, que ocurrió en Brasil, de extender la jornada laboral de 8 a 12 horas sin aumento de la remuneración. Me parece que es una regresión espantosa lo que pasó en Brasil, pero no me da la sensación de que estemos corriendo este riesgo”, desarrolló el letrado.
En referencia a si Mauricio Macri podría modificar la Ley de Contrato de Trabajo mediante la firma de un DNU, el magistrado señaló que “se puede dictar una norma por decreto, pero está mal. El Poder Ejecutivo puede decretar resoluciones para reglamentar las leyes, pero de ninguna manera puede modificar una norma. Eso es abiertamente inconstitucional: es una intromisión del Ejecutivo al Legislativo y una afectación a la división de poderes, que es el pilar de la democracia”.
Control sobre los expedientes
Molaro explicó que, por medio de una resolución dictada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, “se creó un Registro de Control de Litigiosidad Laboral, en el cual las aseguradoras, ya sea que actúen en los juicios como demandadas o en el carácter que intervengan, tienen la obligación de informar las causas que haya, las partes, el nombre del trabajador y sus datos personales, las inconstitucionalidades que plantea el letrado apoderado o patrocinantes y cómo se han resuelto las mismas”.
“Este registro entra dentro de este embate que está habiendo por parte del oficialismo hacia la Justicia Laboral, como un control adicional que puede generar una idea de disciplinamiento respecto del accionar de los jueces. Los magistrados tenemos que ser independientes al resolver las causas. Tenemos que sentenciar con independencia y no tenemos que estar asustados o temerosos porque otros poderes del Estado están tratando de condicionar nuestras decisiones”, enfatizó Molaro.
La Ley de Riesgos del Trabajo y el incumplimiento de las normas
“Esta idea que ha planteado el Presidente de la Nación y que ha repetido varias veces con relación a la existencia de una mafia de los juicios laborales, la industria del juicio o que muchas pymes se han fundido como consecuencia de un litigio, en cierta forma nos ha generado tristeza porque da la sensación de que habría una suerte de connivencia de abogados laboralistas y jueces corruptos que ya tienen todo arreglado en el tribunal”, señaló Molaro.
Al respecto, el letrado explicó que es juez “desde hace once años y desde hace tres está en el fuero del trabajo. La forma en que se trabaja, el esfuerzo que hacemos todos para poder tener el tribunal al día, para tener resoluciones que sean ajustadas a derecho, puedo asegurar que es general. Habrá algún juez corrupto, sí, pero buenos y malos hay en todos lados”.
“Se habla de la industria del juicio, pero por qué no se habla de la industria del incumplimiento de las normas laborales. No nos preguntamos por qué hay tantos litigios”, sostuvo el magistrado.
Por otra parte, explicó que “la Ley de Riegos del Trabajo, en su Artículo 31, establece cuáles son las obligaciones de las aseguradoras, y establece que si no se cumplen, la Superintendencia (que funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo) las puede sancionar con multas”.
“Da la sensación de que esa resolución es para ejercer un control sobre las causas laborales y, en definitiva, resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes es una facultad privativa del Poder Judicial”, concluyó.