Buscando mejores oportunidades para los productos regionales de microemprendimientos y pymes, la Cámara alta sancionó la iniciativa. Además, se les dio a los municipios el poder de inspeccionar, regular, controlar y sancionar en caso de abusos en los precios.
En su última sesión, el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto unificado entre oficialismo y oposición, que otorga la facultad a los 135 municipios bonaerenses para el control y correcto cumplimiento de la Ley N° 20.680 en todo el territorio, así como también el mejoramiento de las herramientas para la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.
La iniciativa fusiona los proyectos del senador Francisco “Paco” Durañona, del Frente de Todos, y del diputado Daniel Lipovetzky para modificar la Ley 13.133 y “poner a la Provincia y a los municipios a trabajar en el sentido que indicó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, colaborando con el control de los Precios Máximos y con la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada uno de los 135 municipios”, argumentó Durañona.
El exintendente de San Antonio de Areco explicó que “desde la Reforma Constitucional de 1994 hemos incorporado el derecho de las y los usuarios y consumidores, hemos otorgado y elevado su jerarquía dándole rango constitucional y de esa forma se han desplegado las normativas necesarias para proteger a todos y todas las bonaerenses porque somos todos usuarios y consumidores”.
Fuentes del oficialismo en la Cámara alta indicaron que trabajan en aportar soluciones concretas que tienen que ver con las necesidades de la comunidad y los 135 municipios, dándoles el poder para poder inspeccionar, regular, controlar y principalmente sancionar en caso de incumplimiento o abusos en los precios de los distintos productos que se ofrecen a los consumidores, vecinos de los municipios que están a diario con estas situaciones.
La aprobación del proyecto de ley es fundamental para generar un cambio en la manera de mirar y regular la Provincia. “Estamos poniendo en manos de los gobiernos locales la atribución de controlar, inspeccionar y sancionar en sus grandes, pequeños y medianos establecimientos. Sancionar al actor principal de esa cadena que también afecta al almacén de barrio. Quedará en la potestad de los y las intendentes la manera de aplicarla. Sin embargo, no quedan dudas que son los municipios los que están cerca de las comunidades y son quienes pueden garantizar a los ciudadanos las respuestas concretas” señaló Durañona, quien agregó además que los jefes comunales “deben tener todas las herramientas y recursos para dar respuesta”.
“Recibimos el apoyo de las inmensas mayorías de las oficinas de Defensa al Consumidor indistintamente del color político, es indiscutible que hay consenso y que es necesario que los municipios controlen y regularicen los precios, que es lo que nos preocupa a toda la ciudadanía en su conjunto”, finalizó el senador oficialista.
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