28/04/2014 - 06:08hs
El fiscal Marijuan pidió investigar los controles a las máquinas tragamonedas en los casinos del empresario kichnerista Cristóbal López. Un negocio millonario bajo sospecha
Directivos de Lotería Nacional y el empresario kirchnerista Cristobal López, conocido como el zar del juego, comenzarán a ser investigados por la Justicia por la falta de controles on line en las máquinas de juego del hipódromo de Palermo y del casino flotante de Puerto Madero.
La decisión la tomó el fiscal federal Guillermo Marijuan a partir de una denuncia de la Coalición Cívica, por la que realizó un "requerimiento de instrucción" en la causa número 2884, por la falta de controles en sus casinos. Sin embargo, la situación no es exclusiva de los casinos de López. Como lo viene denunciando este diario se presenta una sospecha similar en las salas de juegos de la Provincia, donde también la UNLP participa de los controles (ver aparte).
En su pedido de investigación, Marijuan aclara que según la denuncia "la autoridad de aplicación con sus incumplimientos ha generado gravosas consecuencias, tales como, la ausencia o debilidades en el control de la recaudación atenta sobre el beneficio que los juegos de apuestas deben otorgar a la ciudadanía".
Al respecto, el fiscal consideró: "Ello en virtud del porcentaje que debe ser destinado a la asistencia social; la ausencia o debilidades en el control de las apuestas facilita la evasión tributaria; la falta e inconsistencias en el sistema de control de las apuestas atenta contra la recaudación; la ausencia de información pública sobre los ingresos atenta contra la transparencia y daña el sistema republicano".
Los directores de Lotería imputados por Marijuán por el delito de fraude son Roberto Armando López, Andrés Cimadevilla, Juan Manuel Ártico y Mario Pudkin. El fiscal aclaró que “también a lo largo de la denuncia se hace referencia a accionistas y directivos de Casino Club, y en particular, al señor Cristóbal Manuel López”.
Marijuan solicitó que se requiera a la Inspección General de Justicia la constitución, estatutos y balances de la firma Casino Club S.A. Además, pidió que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informe sobre las actuaciones llevadas a cabo sobre el control de la recaudación de las tragamonedas operadas en el hipódromo de Palermo y en los barcos denominados Casinos Flotantes. De igual manera requirió un informe sobre la situación fiscal de la empresa Casino Club y, lo tributado en los últimos cinco años. Dentro del denominado requerimiento, Marijuan destacó que hay que solicitar el sistema y las empresas contratadas para realizar el control on line.
Además, se deberá plantear a los organismos de control del Estado, tal como la Auditoría General de la Nación, que informe "si tiene alguna actuación relacionada con la empresa Casino Club S.A. y/o con la relación de esta última con la AFIP".
Los beneficios de Cristóbal
Cristóbal López es un empresario con profundos lazos con el kirchnerismo. El juego es uno de sus principales ingresos y con el que construyó su fortuna. En 2007, Néstor Kirchner le extendió por decreto la concesión para explotar los tragamonedas del Hipódromo hasta 2023.
Sin embargo, Cristóbal -como se lo conoce en el ambiente político-, es dueño de una de las corporaciones más grandes del país como el grupo Indalo, que amasó gracias a los favores del kirchnerismo.
Además del juego, López posee un multimedios de comunicación y también explota empresas petroleras, inversoras, constructoras, de industria alimenticia y bancas, entre otros negocios.
Los controles de la Provincia en la mira
Las millonarias ganancias que generan las máquinas tragamonedas en la provincia de Buenos tienen un mecanismo de control que se sospecha que favorece a las empresas privadas beneficiadas con la explotación de los bingos y casinos, mientras que esas sumas podrían solucionar el déficit provincial si el negocio del juego fuera estatizado.
El control se realiza a través de un software informático que hace un seguimiento on line de las maquinitas durante las 24 horas y que sirve para determinar lo que debe recibir el Estado: por ley se debe quedar con $ 5 de cada $ 100 que se juegan, mientras el operador privado obtiene $ 10. Los $85 restantes se usan para pagar premios.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Facultad de Informática, tiene un convenio desde 2003 para realizar auditorías tecnológicas del sistema de contralor de tragamonedas.
Se trata de un millonario contrato global equivalente al 0,8% de la recaudación. En el caso de las tragamonedas, el sistema de control más difundido es el denominado “Sol2000” desarrollado por la empresa Sielcon, que también tiene convenio con la UNLP.
El sistema tuvo denuncias por estafas a apostadores a los que no se les pagó el premio que marcaban las máquinas. Además de sospechas de maniobras para eludir el suministro de información al ente regulador de juego y, de esa forma, disminuir el aporte fiscal de las maquinitas.
“Las faltas de controles es la regla. Y por eso tampoco es casualidad que en la Provincia haya una empresa como Boldt que, además de regentear la actividad de los casinos, también tiene a su cargo, como tercerizada, el control del sistema on line para controlar las apuestas”, denuncia el exdiputado provincial Walter Martello en su libro “No va más”.
Las sospechas por las tragamonedas
Las falencias en los controles de las máquinas tragamonedas sería una de las razones de las exorbitantes ganancias que obtienen los operadores del juego en nuestro país: según la empresa Codere, cada maquinita bonaerense tiene una recaudación diaria, en euros, 4 veces superior que cada maquinita instalada en México, 6 veces mayor en comparación con España y 3 veces superior en relación a Italia.
La UNLP firmó el convenio con Loterías de la Provincia durante 2003. En ese entonces, el gobernador era Felipe Solá, cuya gestión se caracterizó por groseras irregularidades en lo que hace a la regulación del juego. Sin ir más lejos, Felipe fue quien ideó en el año 2006 la renovación de forma automática, y a cambio de un canon irrisorio, de las licencias de explotación de las salas de bingo por 15 años, comprometiendo así tres gestiones gubernamentales.