Argentina condenó la irrupción de Ecuador en la embajada de México
Fue tras la detención de Jorge Glas.
Tras la acusación pública de obstaculizar los juicios de lesa humanidad, ahora se avanzó ante la ONU por pedido de una legisladora de UP.
08/04/2024 - 00:00hs
En los últimos días, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, fue denunciado por la legisladora porteña de Unión por la Patria Victoria Montenegro ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), por haber ordenado el desmantelamiento del área que investigaba los crímenes durante la última dictadura argentina.
Vale recordar que, a finales de marzo, Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos, informó que 10 de los 13 trabajadores del área estaban despedidos y que el Gobierno iba a derogar las resoluciones que habían creado.
En tanto, Montenegro, que preside la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad, le pidió al Relator Especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, su intervención en el caso porque “la desaparición de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) entorpecería no solo las investigaciones judiciales, sino también el acceso a la verdad”.
Por el momento, las propias Fuerzas Armadas son las que deben responder a los requerimientos de la justicia, lo que posiblemente “dé lugar a la aparición de solidaridad con quienes están siendo investigados”.
“Al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, se les obstruye la capacidad de trabajo y entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias”, expresó Montenegro.
Asimismo, la legisladora declaró que desmantelar esa área “impacta directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general”, respecto de conocer la verdad e investigar, juzgar y sancionar de una forma “adecuada” a los responsables.
“La construcción de la memoria colectiva es esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad”, añadió Montenegro.
Por el momento, hay 17 juicios en trámite y 62 causas con requerimiento de elevación a juicio; además, quedan por identificar centenares de perpetradores, encontrar restos de las víctimas y restituir las identidades de más de 300 niños nacidos en cautiverio o apropiados en sus primeros meses de vida.
Paralelamente, Montenegro y su par Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, denunciaron que el Gobierno de Javier Milei “busca obstaculizar el avance de los juicios” mientras “llama a la reconciliación” con las Fuerzas Armadas.