29/02/2016 - 06:12hs
Se trata de dos funcionarios que se encuentran procesados. Lo mismo sucede con las farmacias involucradas, que continúan como prestadoras. La excusa es una supuesta medida cautelar. Un juez en la mira y la falta de compromiso político en la lucha contra la corrupción
Increíble, pero real. Los ex funcionarios del Instituto de Obra Medico Asistencia (IOMA) que estuvieron presos y ahora se encuentran procesados –a un paso del juicio oral- por haber orquestado una estafa millonaria suministrando medicamentos oncológicos de altísimo costo a afiliados fallecidos, siguen formando parte de la plantilla de personal de la obra social. Peor aún, todos los meses cobran el sueldo como agentes del Estado como si nada hubiese pasado, pese a la gravedad de los delitos que cargan sobre sus espaldas. También están acusados de haber adulterado las recetas de numerosos afiliados enfermos de cáncer, incluyéndoles drogas que jamás habían sido prescriptas por los médicos a cargo de cada uno de los tratamientos.
Lo más grave de toda esta serie de irregularidades es que se hicieron oscuros negociados con medicamentos que, en muchos casos, se les niega a los afiliados del IOMA que realmente padecen graves enfermedades, quienes se ven obligados a realizar extenuantes trámites y en no pocos casos terminan pagando con su propia vida los costos de la burocracia y la corrupción.
Los procesados en cuestión se llaman Sergio Massaccesi y Marcelo Piergiácomi, y mantienen una estrecha relación con el titular del gremio UPCN, Carlos Quintana. El primero se de-sempeñaba como jefe del departamento Auditoría y Fiscalización Farmacéutica de la obra social, mientras que Piergiácomi es un ex árbitro de fútbol que estaba al frente de la subdirección de Farmacia y Bioquímica. Según informaron desde la Presidencia del IOMA, ante una consulta de Hoy, ambos ex funcionarios siguen formando parte del instituto “debido a que existe una medida cautelar dictada por la Justicia”. No precisaron quien fue el magistrado que ordenó semejante atrocidad, pero distintas fuentes consultadas por nuestro diario apuntan al polémico juez kirchnerista, César Melazo, quien a su vez –tras un pedido realizado por el polémico abogado Fernando Burlando, a quien UPCN le pagaría los honorarios- fue el encargado de haber beneficiado (en septiembre de 2013) con una excarcelación extraordinaria a todos los implicados en el affaire de los oncológicos. Cabe remarcar que el juez anterior que intervino en la causa, Guillermo Atencio, como así también la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata habían denegado la excarcelación simple a todos los implicados. Y por un motivo evidente: los delitos que se imputan no admiten esa posibilidad.
La realidad es que todo este entramado se habría conformado para evitar que las investigaciones alcancen a los verdaderos peces gordos, que deberían estar en el banquillo de los acusados dando explicaciones por el vaciamiento del IOMA, obra social que –según la Asociación de Profesionales del instituto- durante el período 2014-2015 habría pagado $2800 millones en sobreprecios. Nos referimos al ex titular de la obra social, Antonio la Scaleia, al ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y el propio ex gobernador Daniel Scioli, entre otros.
“Sabemos que para evitar que se investiguen a los principales funcionarios Ricardo Casal (ex ministro de Justicia) negoció con el juez y con el fiscal que, no por casualidad, es el mismo que se negó a apelar el sobreseimiento exprés que favoreció a Scioli por la denuncia de enriquecimiento ilícito”, dijeron las fuentes consultadas por Hoy.
Es tal el grado de impunidad que una empleada administrativa sin formación profesional llamada Andrea Mendiguibel, que cumplía órdenes de Piergiácomi y también está vinculada con UPCN, ahora lo reemplaza en la subdirección: su designación habría sido impulsada por el propio La Scaleia. Pese al cambio del gobierno aún no fue reemplazada y algo similar ocurre con varios integrantes del directorio, heredados de la gestión anterior. Según pudo saber Hoy, sin ser médica ni farmacéutica, Mendiguibel tiene la responsabilidad del tratamiento farmacológico de miles de afiliados. En ese sentido, al no haber una comisión científica, ella determina qué drogas ingresan al vademécum del IOMA y define discrecionalmente que tipo de cobertura van a tener. A saber: la cobertura es de 100% a cargo del IOMA si forma parte del Plan Meppes (patologías crónicas) o varía si corresponde al plan ambulatorio (el afiliado lo retira directamente de la farmacia y tiene que abonar la diferencia). “En este negocio interviene, directamente, los intereses de la industria farmacéutica”, denuncian profesionales de la obra social.
Desde la Presidencia del Instituto también informaron a nuestro diario que tanto Piergiácomi como Massaccesi se encuentran en comisión, es decir, cumplen tareas en otros organismos del Estado y dijeron que los sumarios administrativos, que se abrieron cuando estalló el escándalo, siguen sin resolución. Tampoco dieron demasiadas precisiones al respecto, aunque según las averiguaciones que pudo hacer Hoy, el primero cumplirían funciones en la Anses, mientras que Massaccesi tendría un cargo en el Ministerio de Salud.
Tal como lo reflejó nuestro diario, en reiteradas oportunidades, este accionar delictivo tenía como objetivo vender esas drogas oncológicas de alto costo en una red de farmacias ubicadas en La Plata y en otras localidades bonaerenses. Al igual que sucede con los principales procesados, estas farmacias también mantienen sus privilegios y continúan como prestadoras de la obra social bonaerense. Evidentemente, en la principal obra social de la Provincia, todavía no se vislumbra el cambio que masivamente votó la población en las elecciones del año pasado.
¿Qué hacer con los corruptos?
¿Hay alguna justificación para mantener ex funcionarios procesados dentro del IOMA?, ¿acaso no se trata del mismo accionar que desplegaba el kirchnerismo cuando sostenía como vicepresidente a Amado Boudou luego de haber sido procesado en el affaire Ciccone?
Ahora bien, evidentemente, para sanear y trasparentar el funcionamiento de la principal obra social bonaerense se debe tomar una decisión en lo más alto del poder político bonaerense, que trascienda al propio titular del IOMA. Es decir, está en manos de la gobernadora María Eugenia Vidal la decisión de ir o no fondo en la lucha contra la corrupción. Por el momento, la mandataria provincial optó por una extrema cautela: pese a haber reconocido reiteradas veces que recibió una Provincia quebrada, hasta el momento no ha realizado ni una sola denuncia penal contra los responsables de este quebranto.