Extienden la declaración de Emergencia de seguridad pública

A tan solo un mes de iniciada la gestión de Cambiemos, el 21 de enero de 2016, el gobierno decidió dictar la Emergencia de seguridad pública. Un año después, a través de un decreto suscrito por el Presidente Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich, prorrogó la vigencia de la medida. 

Entre una disposición y la otra pasaron 12 meses en los que la inseguridad continuó siendo el principal flagelo de todos los argentinos. Pese al tiempo que se le otorgó a Cambiemos, los niveles de homicidio y delincuencia siguen creciendo a un ritmo exponencial. La medida se da cuando desde el Poder Ejecutivo se incentiva el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y sobre endurecer los controles migratorios para impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales.

Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, consideró que la tarea en esta materia “recién empieza” y remarcó que “falta muchísimo para llegar a los estándares que pretendemos. Esto va a ir mejorando todos los días un poco, pero estamos lejos de lo que queremos”.

La Emergencia en seguridad implica la radarización de la frontera norte, el levantamiento del “secreto militar”, la actualización de la fuerza “como último recurso”, en caso de incursiones aéreas amenazantes, y la actualización de las bases informáticas de las víctimas del delito de trata de personas y de los menores de edad con el debido resguardo de confidencialidad.

La renovación de la Emergencia fue publicada en el Boletín Oficial, donde se explica que el Ejecutivo tomó la determinación el año pasado por “la falta de respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad por parte del Estado”. Y además a causa del “impacto de la inseguridad social sobre los sectores vulnerables del pueblo argentino, los delitos de trata de personas, el narcotráfico y sus delitos asociados; así como la evolución del crimen complejo a versiones más sofisticadas que asumen diferentes aristas, considerando que afectan no solo a la salud y a la seguridad ciudadana, sino que importa, en el caso del delito del narcotráfico, una violación a la soberanía nacional”, según señala el escrito, el cual también destaca las medidas destinadas a mejorar la crítica situación del país, como el Operativo Fronteras para el secuestro de droga y precursores químicos, y los programas Barrios Seguros y Tribuna Segura. 

La medida podrá ser prorrogada nuevamente cuando este decreto cumpla un año, en enero de 2018.