16/02/2016 - 06:22hs
Un nuevo testigo confirmó que la cuestionada Procuradora “cajoneó” durante años causas penales en las que se investigaba el doble crimen en el Unicenter y el tráfico de cocaína de los hermanos Juliá. El testimonio implica en forma directa también al suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo
Un nuevo testigo declaró ante la Justicia y complicó aún más a la cuestionada Procuradora bonaerense María del Carmen Falbo, jefa de todos los fiscales de la Provincia. Es que sumó una acusación muy grave, y del mismo tenor de las anteriores: la de archivar todas las denuncias presentadas contra el suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, quien está imputado del presunto encubrimiento del narcotráfico transnacional que estuvo detrás del asesinato de dos colombianos en el shopping Unicenter.
La investigación alarma, ya que se percibe claramente cómo un sector con poder en la Justicia bonaerense obstaculizó el avance en la pesquisa por un doble crimen con sello narco y un escandaloso tráfico de drogas a Europa. ¿Se trata de funcionarios judiciales corrompidos por los mercaderes de la muerte, los que penetraron en casi todos los estamentos del Estado durante el gobierno kirchnerista?
Según trascendió, el nuevo testigo, un funcionario judicial que declaró la semana pasada ante el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, afirmó que la procuradora bonaerense habría protegido a Novo, al no dar curso a las denuncias que los subordinados del fiscal general de San Isidro presentaron en su contra.
Las denuncias por supuestas arbitrariedades y maltratos a los que los habría sometido fueron presentadas en 2009 por 13 fiscales que trabajaban bajo el mando del máximo representante del Ministerio Público de San Isidro. Y esos atropellos fueron vistos como trabas que supuestamente les puso su jefe a la hora de investigar el doble crimen de Unicenter. Por eso, el fiscal Luis Angelini denunció a Novo por “encubrimiento agravado, narcotráfico, corrupción estructural y gravedad institucional”.
Como se recordará, Novo y cuatro de sus colaboradores están siendo investigados por el presunto encubrimiento de una red de narcotráfico internacional eventualmente vinculada con el doble homicidio de dos ciudadanos colombianos en el shopping Unicenter, ocurrido en 2008, y con el tráfico de una tonelada de cocaína a España por el que fueron detenidos en Barcelona los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, en el denominado "escándalo del narcojet".
Identidad reservada
Como las causas contra el narcotráfico suelen ser muy “pesadas” y en ocasiones la vida de los testigos se pone en juego, la identidad de la persona que aportó el nuevo testimonio no fue revelada.
La denuncia que provocó la suspensión de Novo fue presentada por Angelini, quien tuvo a su cargo la investigación por los asesinatos de los ciudadanos colombianos Jorge Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, ocurridos en Martínez en junio de 2008, y el de otro colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, quien fue ejecutado ocho meses después frente a un negocio de venta de jet ski de San Fernando. El primer caso pasó a ser investigado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado (exesposa de Alberto Nisman), la misma que tiene a su cargo el caso contra Novo.
En su acusación contra su jefe, Angelini consideró que los tres homicidios habían sido pergeñados por los integrantes de un cartel de narcotraficantes que operaba en Colombia y que estaría vinculado con los Juliá. En su presentación, Angelini sostuvo que no había podido avanzar en la investigación debido a las trabas que le puso Novo.
Cuatro meses de suspensión
El fiscal general de San Isidro, Julio Novo fue licenciado en noviembre pasado por 120 días. La decisión de decretar la licencia de él, de sus adjuntos y de dos secretarias letradas fue decretada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Además del expediente que se instruye en la justicia federal de San Isidro, el fiscal general afronta un sumario que instruye el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia.
Amiga de “La Morsa” y multidenunciada
María del Carmen Falbo cumplirá en agosto próximo 12 años al frente de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Asumió como jefa de todos los fiscales bonaerenses en 2004, durante la gestión de Felipe Solá, y su cargo es vitalicio y sólo puede ser destituida previo juicio político.
Falbo está en la mira por su estrecha relación con el impresentable Aníbal “La Morsa” Fernández y afronta múltiples denuncias. Entre algunos de los hechos que se le adjudican, están el de haber llevado adelante la designación espuria de Ayudantes Fiscales en el conurbano bonaerense donde la letra de la Ley prohibía que esto se hiciera, así como también ha sido inculpada por los delitos de coacción agravada y tráfico de influencias en la función pública.
Falbo también está incriminada por “acciones ominosas” vinculadas a la política de persecución a los delitos de género. La funcionaria fue acusada por no haber dado jamás cumplimiento a la Ley 12659 de Violencia Familiar, a pesar del alto impacto que tiene en la sociedad los delitos de violencia doméstica, careciendo la provincia de Protocolo de Actuación de los fiscales y de las oficinas de atención a la víctima, sumiendo a la ciudadanía en una orfandad de recursos que dan ventaja a los delincuentes sobre los sujetos pasivos.