04/01/2017 - 01:45hs
En diálogo con diario Hoy, el titular de la UFI 6 destacó el nombramiento del nuevo procurador general de la Suprema Corte bonaerense, así como la reapertura de la investigación de Nisman y la creación de fiscalías especializadas
El titular de la UFI 6 de La Plata, Marcelo Romero, hizo un repaso del año que acaba de terminar en la Justicia bonaerense y nacional. Como hecho sobresaliente, destacó el nombramiento del procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Julio Conte Grand, en reemplazo de María del Carmen Falbo.
“Tengo excelentes referencias de nuestro nuevo jefe”, dijo el fiscal provincial, quien calificó el recambio como un acontecimiento de “importancia histórica”, luego de los doce años de mandato duramente cuestionados de Falbo.
“Tenemos muchas expectativas con el doctor Conte Grand”, manifestó, y sostuvo que los fiscales bonaerenses creen que el nuevo procurador “va a tener una actitud distinta para con todos nosotros”. Se refirió a lo que, asegura, fue una “persecución sistemática” a su persona por parte de la exprocuradora, quien presentó su renuncia en noviembre del año pasado al borde del juicio político.
“Sobre todo en los primeros años de su gestión, en esta fiscalía el hostigamiento se debió a mi postura mediática”, relató Romero, quien reconoció haber construido “un perfil alto como fiscal”, basado en el precepto de que un funcionario judicial “debe darle explicaciones a la comunidad, que es la que nos sostiene, la que paga nuestros sueldos”.
“He sido sancionado reiteradamente por emitir opiniones”, contó el titular de la UFI 6 y, aunque aseguró que esos castigos “no hicieron mella” en su persona, reconoció: “En mi carrera supongo que sí. Pero, como nunca me presenté para ascender, lo tomo como una medalla”.
La causa de los sobres
Uno de los hechos judiciales más resonantes de 2016 a nivel local fue la llamada causa de los sobres, que lleva adelante el fiscal Marcelo Martini, por la cual están tras las rejas nueve exjefes policiales acusados de recibir dinero en forma ilegal, luego de hallarse $153.700 en la Jefatura Departamental La Plata, empaquetados y con destino escrito a mano.
Al respecto, Romero consideró: “Fue un hecho que causó conmoción. En muchos años, no recuerdo semejante cantidad de comisarios y un jefe departamental detenidos. Nos causó asombro y tristeza”.
Balance
Como aspectos positivos del año que cerró, el funcionario mencionó “el primer juicio por jurados en la sede departamental La Plata”, además de “la creación de fiscalías especializadas como la de Violencia de Género y la de Estupefacientes, y el ingreso de muchísima gente joven al Poder Judicial, entre la que hay mucho personal femenino”, teniendo en cuenta que antes “este era un lugar bastante reservado a hombres”.
En contrapeso, Romero recordó que “todavía está en deuda la creación de la Policía Judicial”, lo que aceptó como un tema “complicado, sobre todo en aquellas pesquisas en las que está comprometida la Policía de seguridad, de investigaciones o, muchas veces, los funcionarios públicos”.
Al respecto agregó que el fiscal general “ha dispuesto que los casos de corrupción no sean investigados exclusivamente por Delitos Complejos sino por el fiscal de turno”.
Entre las falencias que tiene el fuero penal y que quedan por solucionar, Romero también señaló las comisarías, cárceles y otras dependencias, aunque aclaró: “Tengo confianza en el ministro (Gustavo) Ferrari, que ha encarado una reforma que no se hacía desde hace muchos años en el Servicio Penitenciario”.
“Comodoro Py se despertó de una larga siesta”
A nivel nacional, Romero consideró que 2016 marcó “un renacer de la Justicia federal en Comodoro Py”. Para el fiscal, “se han despertado de una larga siesta, que fue coronada con la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de reabrir la investigación de Alberto Nisman”.
“Era un absurdo y una vergüenza para la República que una denuncia formal presentada por el fiscal más importante del país, quien investigaba el hecho más grave de nuestra historia, hubiese sido desestimada in limine y que dos jueces y un fiscal no permitieran su investigación. Era realmente contrario al sentido común”, consideró el titular de la UFI 6, para quien investigar “no significa procesar, condenar ni destruir el estado de inocencia, significa nada más y nada menos que llegar a la verdad y reconstruir una historia”.
“Muchas veces, la reconstrucción de la conducta no constituye delito. Otras, aun cuando hay delito, no podemos hallar a los autores, y encontrando a los autores no tenemos pruebas”, completó.
Zaffaroni y el garantismo exacerbado
El fiscal Romero sostuvo que, tanto a nivel de Tribunales como en el Consejo de la Magistratura, debe ponerse en discusión “la teoría abolicionista de Zaffaroni”. Según el letrado, el postulado propagado por el exjuez de la Corte Suprema de Justicia “ha pervertido el sistema penal, invirtiendo el paradigma: el delincuente es la víctima y la víctima el delincuente, la persona que debe perseguirse”.
“Este pardigma es el que se ha sostenido en la Magistratura, sobre todo a nivel de la Provincia de Buenos Aires, y bajo el cual se han nombrado magistrados con esta ideología, que puede ser muy buena para la facultad o la charla de café, pero para aplicarla concretamente en los casos lleva al absurdo, y el absurdo es injusticia”, agregó.
“Espero que los responsables de elegir por lo menos equilibren un poco la balanza y lleven gente con formación más judicial. Es un garantismo exacerbado”, remarcó el funcionario, que, en el mismo sentido, consideró como uno de los hechos fundamentales en la reforma penal, impulsada por el ministro Gustavo Ferrari, “empezar a darle la palabra a la víctima”.
“Fue una lucha muy importante de los organismos defensores, que estaba olvidada en el derecho penal, y que desequilibraba la balanza”, consideró, al tiempo que abogó por que “sigan existiendo este tipo de avances y que las víctimas puedan participar en la etapa de instrucción y -en caso de no poder pagar uno particular- tener sus representantes legales gratuitos, de la misma forma en que lo tiene el imputado. Eso hace a la igualdad de armas”.