28/09/2016 - 03:48hs
Un juez cordobés suspendió los aumentos en el servicio para las pequeñas y medianas empresas. El fallo abarca a todo el país y tiene vigencia hasta el 27 de diciembre. Ordenan refacturar a los valores vigentes al 31 de marzo
Luego del fallo de la Corte Suprema a favor de los usuarios residenciales del gas que motivó la realización de audiencias públicas para regular el incremento, ayer, el titular del Juzgado Federal N° 3 de la provincia de Córdoba, Miguel Vaca Narvaja, suspendió los aumentos en el servicio para las pequeñas y medianas empresas, propinándole de esa manera un nuevo golpe a la postura gubernamental.
El magistrado hizo lugar a una medida cautelar que había solicitado la filial cordobesa de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Asociación Civil (Apyme) al suspender la resoluciones N° 28, 99 y 129 de este año dictadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, así como las disposiciones 3725 y 3843 del Enargas, que autorizaba aumentos de hasta más del 500% en las pymes.
La resolución judicial, que tiene una validez de 90 días, intima al Gobierno y a las empresas a mantener el cuadro tarifario del gas que estaba vigente antes del 31 de marzo, y que los valores deben seguir iguales hasta el 27 de diciembre, sin variación alguna que no surja del propio consumo del usuario.
Además, se ordena al Enargas que instruya a las prestatarias del servicio para que procedan, en el término de diez días, a la refacturación de los consumos efectuados desde el 1º de abril hasta 27 de septiembre, debiendo las empresas adoptar las medidas necesarias para posibilitar el pago de las facturas adeudadas en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con la falta de pago.
Oídos sordos
La decisión de la Justicia cordobesa volvió a poner en el centro del debate político la actuación que viene llevando adelante el ministro Juan José Aranguren, quien había decidido a comienzos de año y en forma inconsulta con los organismos defensores del consumidor y las cámaras empresarias, instrumentar un tarifazo que alteró el normal desenvolvimiento de los argentinos. En diálogo con diario Hoy, el gerente general de Apyme, Roberto Ratti, señaló que “este fallo es un triunfo de todo el conjunto de entidades y un montón de pequeños y medianos comerciantes de todo el país que realmente necesitan alguien que lleve adelante sus reclamos y que sean escuchados. Esto permite que el tarifazo de más del 400% que se tenía pensado hacer sobre la pequeña y mediana industria, profesionales, cooperativas y empresas recuperadas no se lleve adelante”.
Según el representante empresarial, “esto se da porque nosotros no podemos pagar las facturas nuevas que nos llegaron porque ha caído a niveles históricos la actividad, han aumentado las importaciones, han caído las exportaciones, los trabajadores han perdido el poder adquisitivo, han subido los alquileres; es una suma de cosas que hace que no podamos abonar las facturas que nos llegaban con los aumentos que se habían planteado en un primer momento”.
“Nosotros ya le hemos planteado al Gobierno que así como hubo audiencias públicas para los usuarios residenciales, las haya también para las pymes. Se lo pedimos a Aranguren y no obtuvimos nunca una respuesta favorable a nuestros pedidos. Por no escuchar a la gente y a las pymes, se sumergieron en una vorágine donde el único derrotado es el Gobierno, cuando lo que tendría que haber primado es el diálogo y el consenso para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los sectores”, subrayó Ratti.
El fallo de Vaca Narvaja, que será apelado por el Gobierno, es un llamado de atención para Cambiemos, que ha convocado para el 28 de octubre a una audiencia pública en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires por la tarifa de energía eléctrica que, en caso de no contemplar a todos los sectores, puede llegar a recorrer el mismo camino sinuoso que el gas.
A la Justicia por la audiencia pública
Lejos de convertirse en un ámbito de debate que sirviera para debatir políticas públicas a seguir en el futuro, la audiencia pública no vinculante sobre el aumento del gas realizada hace unas semanas atrás en la Usina del Arte en el barrio porteño de La Boca sirvió para marcar las diferencias entre la sociedad y el Gobierno.
En diálogo con diario Hoy, el titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, señaló: “Para nosotros la audiencia pública del gas que se hizo hace algunos días atrás en realidad no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la Corte Suprema, porque fue una audiencia que la transformaron en algo informativo y no un procedimiento público participativo como pedía la Corte”.
“No se dio la información previa como dice la ley para que se pudiera afianzar la posición de los usuarios. Nosotros estamos trabajando en una presentación para llevar a la Justicia por este tema y vamos a pedir que se dé marcha atrás con el aumento del 203% que previeron Aranguren y el Gobierno nacional. No se puede hacer política sin prever qué es lo que puede suceder con las personas que son afectadas por las medidas”, resaltó Boada.
Puntos centrales del fallo judicial
- Se retrotraen las facturas al 31 de marzo
- La cautelar tendrá una validez de 90 días
- Las boletas se mantienen sin cambios hasta el 27 de diciembre
- La resolución abarca a todo el territorio nacional
- Las tarifas adeudadas podrán pagarse en cuotas sin intereses
- Se pone un freno al tarifazo dispuesto por el Gobierno