08/07/2015 - 06:07hs
El Congreso sancionó el pasado 29 de abril un proyecto que indemnizaba a los ex empleados de YPF que fueron excluidos del pago de las acciones cuando se privatizó la empresa en los ‘90. El gobierno calla y estira el pago para más adelante. Protestas en ciernes
La privatización de YPF en los años ’90 por parte del menemismo significó la entrega de los recursos naturales a manos de las potencias extranjeras, dando inicio a la etapa neoliberal más penetrante y dañina que vivió el país a lo largo de toda su historia.
Esta ola privatizadora implementada por Carlos Menem, no hubiese sido posible sin el acompañamiento de personas como Néstor y Cristina Kirchner, que desde Santa Cruz fueron artífices centrales de la entrega de la petrolera estatal, pidiendo a los legisladores del PJ que aprobaran la ley, e incluso la propia Jefa de Estado, que entonces era diputada provincial, hizo votar una ley en la legislatura santacruceña para que se obligara a los diputados de su partido votar a favor de la privatización.
El kirchnerismo no era ajeno a la realidad de que el 10% de las acciones quedaban en manos de los trabajadores, pero nada hizo para cambiar la situación. Hubo muchos fallos judiciales no acatados, incluso se sancionó la Ley 25471 que nunca se terminó de pagar, sufriendo el trabajador las consecuencias del despojo.
Como una forma de saldar esa histórica deuda, el Congreso nacional sancionó el pasado 29 de abril la Ley 27133 que contemplaba una indemnización a los ex empleados de la petrolera que fueron excluidos del pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada. Pero como todo lo que suele hacer el kirchnerismo, la situación quedó a medio hacer, y a dos meses de sancionada, la misma sigue sin reglamentarse y los ypfianos acumulan cada día más bronca.
Sin solución a la vista
La normativa aprobada sigue pendiente en su reglamentación, por lo que todavía no se puede efectivizar su pago. Sin la regulación es imposible que los trabajadores reciban lo que por ley merecen. Por el momento, las autoridades nacionales no parecen muy preocupadas ni tienen mucho apuro por establecerla.
Según pudo saber Hoy, esto ha llevado a que los extrabajadores se pongan en marcha y reclamen activamente su pago. Es por eso que planean para el sábado una reunión en Capital Federal para debatir el tema, donde plantearán para el martes de la semana que viene efectuar una asamblea en los playones de la refinería que tiene la empresa en la localidad de Ensenada.
Estas serían las medidas que tomarían y anuncian que en caso de no ser oídos, las mismas continuarán con más fuerza, como cortes de calles y autopistas. Esto se hará hasta que las autoridades reglamenten una norma que descansa en los cajones de la Casa Rosada sin que la misma se legalice.
Resulta significativo que a pesar del discurso nacionalista que enarbola el oficialismo, diluya el pago a los exempleados, cuando no tuvo empacho en pagarle a Repsol tras la reestatización mil millones de dólares más por la diferencia al cambiar los bonos. Esto muestra el doble discurso oficial, que dice una cosa en público, y en la realidad hace otra totalmente opuesta.
De esta manera, los exempleados de YPF buscan darle visibilidad a un reclamo auténtico que el kirchnerismo, a pesar de las innumerables promesas de darle solución, no ha sabido resolver, sino que por el contrario, ha agravado aún más con leyes que ni ellos mismos cumplen.
Situación que no hace más que crecer en su tensión, y ejemplifica la escasa receptividad que hay en el Ejecutivo para dar pronta solución a un pedido histórico, dejando en claro las enormes diferencias que reinan en nuestro país.
Antecedente negativo
El reclamo de los extrabajadores de YPF viene de larga data, aunque las respuestas a los mismos han sido escasas. Más si se tiene en cuenta los antecedentes negativos que hay al pago que especificaban leyes votadas por el Congreso.
Una referencia por demás negativa es lo que ocurrió con los exempleados de Altos Hornos Zapla en la provincia de Jujuy, que recibieron los beneficios de la Ley 26700 votada en agosto del 2011, sin que hasta el momento se haya hecho efectiva.
A lo largo de estos cuatro años, se han llevado adelante diferentes medidas de lucha, como cortes de puentes y calles, reclamando el pago de la Propiedad Participada de Zapla, pedido que lleva más 20 años sin respuesta.
Vale recordar que esta Ley carece todavía de una reglamentación, lo que impide que se haga efectivo el pago a los ex trabajadores, quienes vienen remarcando que se les hace imposible vivir de las “dádivas” que el Estado kirchnerista les brinda. En esta situación se encontrarían unas 709 personas afectadas por esta falta de reglamentación en la Ley.