14/07/2015 - 06:11hs
En el marco de la causa que investiga las empresas hoteleras de la familia presidencial y del testaferro Lázaro Báez, por presunto lavado de dinero, el juez Claudio Bonadio ordenó peritar la inmobiliaria que el hijo de la presidenta tiene en Río Gallegos. Podría haber allanamientos y un potencial llamado a indagatoria de Cristina y sus herederos
Luego de reunirse con el Papa Francisco en Paraguay, la presidenta Cristina Kirchner aterrizó ayer en su residencia del Barrio Jardín de Río Gallegos, para descansar en la víspera del cumpleaños de su nieto Néstor Iván, hijo de Máximo, que hoy cumple dos años.
Su debilidad por aquel paraíso sureño es tal que no se altera ni por el clamor de las ollas populares frente a la municipalidad, ni por los piquetes en la Avenida Néstor Kirchner, en el marco de un extenso paro municipal que amenaza con profundizarse.
Pero ayer, la apacible burbuja de Cristina explotó con el pedido del juez Claudio Bonadio, que en la capital santacruceña requirió información a las firmas Idea S.A. y Valle Mitre (que administran los hoteles de la presidenta), en el marco de la causa Hotesur que investiga a los Kirchner y su entorno por lavado de dinero. Se trata del caso que más preocupa a Cristina, que intentó por todos los medios apartar al magistrado de la causa (Ver El sur, esa debilidad).
Hotesur se dedica a administrar el Hotel Alto Calafate, que tras la muerte de Néstor Kirchner quedó en manos de sus hijos y de la presidenta. Pero ahora, Bonadio no sólo ordenó a un grupo de funcionarios suyos peritar las cuentas de la firma hotelera, sino también las de las empresas gerenciadoras: Valle Mitre, propiedad del testaferro K Lázaro Báez, que administró los hoteles de los Kirchner hasta diciembre de 2013, cuando se reveló que con siete de sus empresas alquiló habitaciones del Alto Calafate, garantizando ingresos millonarios a la familia presidencial; e Idea S.A., con sede fiscal en la avenida Néstor Kirchner 496 de Río Gallegos, donde se emplaza la inmobiliaria de Máximo Kirchner y su socio, Osvaldo Sanfelice, a su vez, accionista mayoritario de Idea S.A.
Justamente, esta inmobiliaria, que durante los 12 años de gobierno K nunca fue investigada por la Justicia, es uno de los principales búnker de campaña de Máximo, cuyos aliados arguyen que los pedidos de información solicitados por Bonadio son “para perjudicar a Cristina y a Máximo que ahora es candidato” a diputado nacional por el Frente para la Victoria.
El juez también ordenó revisar las contabilidades de las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Delcurto, Alucom Austral, Badial, La Estación y Don Francisco, todas pertenecientes a Báez. Además, la investigación alcanza a tres bancos, las hosterías Las Dunas, La Aldea y Los Sauces, entre otros.
Pese al mal trago, y mientras las calles de Río Gallegos siguen pobladas de ollas populares y piquetes, Cristina permanecerá en el hermetismo de su residencia, junto a Máximo y el pequeño Néstor Iván, incapaz de entender el seno corrupto que lo rodea, con una familia a la espera de un posible allanamiento (si las empresas vinculadas al caso Hotesur no entregan la documentación solicitada) y en la antesala de un escenario que podría complicar aún más a los K: el potencial llamado a indagatoria de Cristina y sus hijos, todos accionistas de estos hoteles sospechados de haber sido utilizados para lavar dinero de dudosa procedencia.
El sur, esa debilidad
Como en cada causa judicial que apunta contra los Kirchner, desde que empezó el caso Hotesur el gobierno intentó deshacerse de Bonadio. Pero el colmo fue cuando la sobrina de la presidenta y titular del complejo hotelero, Romina Mercado, pidió que el magistrado abandonara la causa y que pasara a la justicia federal de Río Gallegos, donde las causas de corrupción son cajoneadas.
En el mismo sentido, el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, pidió que Bonadio dejara el caso en manos de la justicia patagónica, argumentando que Alto Calafate está en El Calafate, que las sociedades investigadas tienen domicilio fiscal en Río Gallegos, que las empresas de Báez tienen domicilio en Santa Cruz y que los documentos están allí. Quizá, atendiendo a ese pedido, es que Bonadio ahora envió a sus funcionarios a investigar al sur.
Pero, como si estas ostensibles estrategias del kirchnerismo para garantizarse su impunidad más allá del 10 de diciembre no alcanzaran, recientemente se creó una insólita Cámara de Apelaciones en el pequeño pueblo santacruceño Comandante Luis Piedra Buena, con el objetivo de favorecer a amigos del poder, funcionarios y familiares K con problemas judiciales.
La teoría conspirativa del gobierno
Siempre, en algún momento del día, Cristina Kirchner aparece con bigote cerdoso y voz grave. Porque cada vez que un tema complica al gobierno, no es la presidenta, ni siquiera el cuestionado vicepresidente Amado Boudou quien sale a dar explicaciones, sino el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, inefable vocero K capaz de defender lo indefendible o de tramar teorías conspirativas de la más diversa índole. Y ayer, deslizó que el operativo ordenado por Bonadío en la causa Hotesur fue “arreglado” con el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por el PRO, Mauricio Macri. “Van a Río Gallegos a allanar con la Policía Metropolitana que conduce Macri. ¿No tiene Bonadio más gestos políticos para hacer? Faltaba que el juez fuera con los globos del PRO”, ironizó el precandidato a gobernador bonaerense.
Más tarde, los diputados K, Juliana Di Tullio y Julián Domínguez, encabezaron una conferencia de prensa en el Congreso, donde atacaron a la Justicia y apelaron al “móvil político” de la investigación.