23/09/2016 - 02:48hs
Julio Pereyra es investigado penalmente, acusado de fraude contra la administración pública y exacciones ilegales a raíz de una denuncia iniciada por la diputada Elisa Carrió. Por el caso, allanaron la Municipalidad y el Concejo Deliberante
El intendente de Florencio Varela desde hace 24 años, Julio Pereyra, fue imputado por presunta “malversación de caudales públicos” y “enriquecimiento ilícito”. La acción penal sobre el barón del Conurbano fue requerida por el fiscal federal interino de Quilmes, Néstor Adrián Rigonatto, en un dictamen elevado al juzgado federal de esa localidad.
La diputada nacional Elisa Carrió (CC-Cambiemos) había denunciado penalmente a Pereyra, también presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), porque, según ella, su nivel de vida no se condice con sus ingresos como intendente.
Según la exlegisladora, el dirigente peronista alquila una propiedad en Puerto Madero para su exmujer, ha realizado numerosos viajes al exterior, posee varios vehículos de alta gama y habita una casa en Varela que estaría a nombre de una sociedad.
Carrió atribuye el supuesto enriquecimiento del funcionario al manejo de los fondos públicos que le fueron remitidos por los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015, destinados a inversiones en obra pública y programas sociales. Pero además cuestionó una serie de contrataciones supuestamente directas del municipio para obras y servicios públicos por medio, según la legisladora, de cooperativas o controladas por gente del círculo íntimo del alcalde.
La Justicia, en el municipio
La investigación del caso ya tuvo sus primeras medidas el lunes con el allanamiento de la sede comunal y del Concejo Deliberante de Varela. Esta última se explicaría en el rechazo de los concejales a la Rendición de Cuentas del ejercicio 2015.
En su denuncia, Carrió incluyó declaraciones periodísticas de Pereyra, donde asegura que “gana $50.000 por mes” y que “cobra por charlas y asesoramientos en el exterior”. Además, menciona bienes registrados a nombre del jefe comunal, como dos vehículos con valores de $630.000 y $500.000 respectivamente, de acuerdo a fuentes judiciales.
El fiscal Rigonatto pidió que se investigue si Pereyra incurrió en los delitos de fraude contra la administración pública, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito, a la vez que propuso una serie de medidas de prueba.