Inseguridad: la Provincia narco

Mientras crece la ola delictiva vinculada al narcotráfico, el gobierno de María Eugenia Vidal, quien dice no poder dormir por el flagelo de la inseguridad, ratificó como Jefe de la Policía a un uniformado denunciado por recibir dinero de los mercaderes de la muerte. También se encuentra salpicado por otros escándalos

Hace algunas semanas, cuando los periodistas del diario Hoy comenzamos a investigar la ruta del dinero ilegal de la Policía Bonaerense nunca nos imaginábamos que la corrupción imperante podía llegar tan alto. Ocurre que, a medida fuimos indagando, comenzaron a parecer nuevos indicios que involucrarían a altos mandos de la fuerza, como así también a la plana mayor del área más sensible del gobierno bonaerense como es el Ministerio de Seguridad. Por eso, esperamos que, a partir de lo que vamos a detallar a continuación, haya fiscales y jueces honestos que actúen rápidamente, que investiguen a fondo y que protejan a la comunidad. El objetivo y nuestro único interés es con la verdad.

El martes último la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que "no" la "deja dormir el miedo" por la inseguridad. Ahora bien, los que difícilmente puedan conciliar el sueño son los ciudadanos al enterarse de los antecedentes y del accionar de quien debería cuidarlos. Nos referimos, concretamente, al jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, que la semana pasada fue ratificado por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, como máxima autoridad de la Bonaerense. Según pudo saber Hoy, Bressi arrastra pesadas denuncias en la justicia federal vinculadas al narcotráfico. No es un dato para nada menor: según se desprende de los informes estadísticos del Poder Judicial bonaerense, los ilícitos que más crecieron en los últimos años son aquellos vinculados a la violación a la ley de estupefacientes (ver aparte).

“Yo denuncié a Bressi en la justicia federal porque en el último tiempo, antes de ser Jefe de la Policía, él se desempeñó como superintendente de la Dirección General de Drogas Ilícitas y hasta el 10 de diciembre pasado desde las 18 delegaciones de esa dependencia le llevaban todos los lunes plata sucia, de la recaudación ilegal.  Ese dinero provenía de cobrar para dejar vender drogas en casas, comercios, boliches o por amenazas de allanamientos”, dijo a Hoy Damián Odetti, abogado penalista y presidente de la Asociación Civil Nuevo Concepto Penal. Odetti agregó que “un secretario de apellido María era el que recibía los sobres. Tengo testimonios de policías que saben cómo es esa dinámica”.

Eso no es todo. Bressi fue designado como máxima autoridad uniformada de la fuerza policial a pesar de que fue el negociador de la sangrienta toma de rehenes en la sucursal del Banco Nación del año 1999, más conocida como masacre de Ramallo, donde perdieron la vida dos rehenes que recibieron balas disparadas por el propio personal policial. El actual jefe de la fuerza también estuvo salpicado  por otro escándalo cuando el empresario Eduardo Nine -cuya hija fue secuestrada y posteriormente liberada en el año 2004 en un resonante caso mediático- se habría quejado ante el entonces ministro de Seguridad, León Carlos Arslanián: “¿Hasta cuándo tengo que seguir pagándole las cuotas a Bressi?”. Según Odetti,  las sospechas, en aquel entonces, indicaban que Bressi podría haber sido uno de los recaudadores del ahora abogado del ex titular de la AFIP y garante de la impunidad K, Ricardo Echegaray.

¿Pacto con las mafias?

La designación de Bressi, el que ya integraba la cúpula de la Bonaerense en la gestión en la Provincia bajo el mandato de Daniel Scioli, más el escandaloso episodio del secuestro de 36 sobres con más de 157 mil pesos en la sede de la Departamental La Plata el 1º de abril pasado, señalan que la gobernadora parece haber pactado con los sectores mafiosos de la Policía y el narcotráfico.

En ese sentido, tal como anticipó Hoy, tanto el denunciante anónimo que dio origen a la denuncia de los sobres como el Sindicato Policial Bonaerense (Sipoba) apuntan a una de las manos derechas de Bressi como uno de los principales artífices del escándalo. Nos referimos al superintendente de la región Capital, Fernando Grasso, que también fue ratificado la semana pasada por Ritondo como integrante de la cúpula de la Bonaerense y sobre quien pesa una denuncia en la que se lo involucra en el circuito de recaudación ilegal de dinero.

Según la presentación judicial realizada por el Sipoba, el 6 de abril pasado este jefe policial fue víctima de un misterioso asalto en la puerta de su casa de Quilmes Este. A Grasso lo habrían interceptado a las 2.30 de la madrugada cuatro sujetos armados, le habrían pegado un culatazo en la cabeza y le sustrajeron un bolso con al menos 450 mil pesos, dinero que sería de las recaudaciones ilegales de La Plata. Luego de que los delincuentes escaparan en un auto marca Chevrolet Corsa gris, Grasso fue atendido en el Hospital Iriarte de Quilmes.

Ante la evidente protección de Ritondo a los implicados, además de la presentación judicial, el Sipoba se presentó ante la Dirección de Asuntos Internos para reclamar que resguarden las pruebas: filmaciones en la autopista La Plata – Buenos Aires (por ahí se movilizó Grasso minutos antes al atraco), las grabaciones del sistema de emergencia 911 que recibieron la denuncia de vecinos  y el libro de guardia del nosocomio.

Claramente el gobierno bonaerense no va a fondo para transparentar a la fuerza  (poner a cargo del gallinero a un zorro es una pésima señal) y eso indica connivencia o temor. Sea lo que sea, se está avalando un sistema de recaudación ilegal con las actividades relacionadas con el narcotráfico, juego clandestino, prostitución, desarmaderos de autos y vigilancias “truchas”, que no hace más que impulsar mayor inseguridad.

Los números que demuestran la debacle

Todos los números relacionados con los crímenes y la inseguridad aumentaron durante los últimos 12 años. Según los datos oficiales, la tasa de homicidios dolosos aumentó 10 por ciento en el país entre 2008 y 2015, mientras que el índice de robos se incrementó un 9 por ciento en el mismo período. También aumentaron los hechos relacionados con el narcotráfico y sospechosamente, según la estadística, bajó en forma notoria el decomiso de cocaína: se redujo de 12.112 kilos a 6.038 kilos.

Esos datos fueron provistos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. Sobre los delitos contra la propiedad, la información  oficial establece que la tasa de hechos aumentó 3 por ciento en el país entre 2008 y 2015, mientras que el índice de amenazas se incrementó un 38 por ciento y el de lesiones dolosas subió un 20 por ciento.

La provincia de Buenos Aires muestra un índice similar. De acuerdo al informe publicado por el Ministerio Público en su sitio web, en 2009 se iniciaron 637.199 causas penales y en 2015 esa cifra ascendió a 719.728.

El paso en falso de la gobernadora

La gobernadora María Eugenia Vidal protagonizó un episodio la semana pasada que más allá que pareció que lo hizo para la foto, confirmó el más absoluto descontrol policial. La mandataria se presentó en una comisaría de Bernal para denunciar los dichos de varios vecinos, quienes marcaron una casa como un sitio donde se vendía drogas.

Valen algunos interrogantes: ¿Los policías de ese barrio de Bernal no sabían que en ese domicilio operaba un dealer?  ¿Tienen que esperar que intervenga la gobernadora para actuar? ¿Vidal no debería haber ordenado a las fuerzas de seguridad irrumpir en esa vivienda con anuencia judicial en lugar de someterse a la burocracia administrativa? ¿No sabe María Eugenia de la existencia de narcopolicías que avisan a los mercaderes de la muerte de los pasos que ordena la Justicia para que se deshagan de pruebas? ¿Será que la Policía hizo caso omiso a las denuncias de los vecinos porque recibiría algún retorno?

Preguntas que ayudan a reflexionar respecto a la ausencia de un plan integral de seguridad. Vidal no para de anunciar que cada policía va a tener un chaleco antibalas y ya fue denunciada que se trata de solo palabras. De hecho en La Plata los efectivos sostienen que el 90 por ciento tiene los chalecos vencidos.

En este contexto los bonaerenses son víctimas de bandas organizadas y proliferan los delitos contra la vida y la propiedad. Hurtos, entraderas, robos agravados, homicidios, violaciones, venta de drogas y hasta secuestros extorsivos se transformaron casi en moneda corriente.

Los datos oficiales así lo confirman. No se trata de una sensación. El soberano necesita de que el cambio se produzca, que no quede en meros slogans.

Drogas por doquier

El actual Jefe de la Policía, Pablo Bressi, hasta el 10 de diciembre pasado fue superintendente de la Dirección General de Drogas Ilícitas y durante su gestión se dispararon los índices que marcan la extensión de los carteles en el territorio bonaerense. Instalación de cocinas, mayor cantidad de puntos de ventas y crímenes relacionados con la venta de estupefacientes conforman esa realidad. De acuerdo al informe publicado por el Ministerio Público en su sitio web, en 2013 se registraron 32.726 delitos denunciados por infracción a la ley de drogas y en 2015 esa cifra ascendió a 37.381.

Esta situación se dio en forma paralela a las políticas del gobierno kirchnerista, que se caracterizaron por la liberación del accionar de los carteles de drogas en el territorio nacional, flexibilización de los controles fronterizos y por fomentar tráfico de estupefacientes como se vio en el caso de la efedrina y otros precursores químicos. De hecho se registraron varios episodios donde integrantes del poder judicial  quedaron seriamente involucrados como la Procuradora María del Carmen Falbo y el fiscal general de San Isidro, Julio Novo y el juez salteño Raúl Reynoso (ver Por una investigación de Hoy, el narcojuez está tras las rejas).

Caen dos jefes departamentales en 10 meses

Por recaudaciones ilegales y por vender protección a narcotraficantes en menos de un año fueron desplazados con pedido de detención dos funcionarios de alto rango de la Bonaerense. Necesidad de señales claras políticas para evitar actos de corrupción

Aunque hay que aclarar que la mayoría de los 90 mil agentes que conforman la Policía Bonaerense es gente de trabajo, honesta y sacrificada, también  advertimos que existen bolsones de corrupción y funcionarios que tranzan con la delincuencia.

Es en este marco que las malas prácticas policiales  en la provincia de Buenos Aires provocaron que se perciba la punta del iceberg de la corrupción institucional, que en varios casos incluye a los mismos integrantes del poder judicial.

Fue así que  en junio pasado fueron detenidos a cinco uniformados en la comisaría Cuarta de José León Suárez, entre ellos al Jefe de la Departamental San Martín, acusados de vender protección a bandas de narcotraficantes. La investigación judicial incluyó escuchas telefónicas y testimonios de delaers. Los funcionarios policiales y judiciales comenzaron a investigar a los titulares de las líneas telefónicas que aparecían en agendas de los celulares secuestrados a los narcos.

Así se determinó que un grupo de uniformados de la policía bonaerense, que cumplían funciones en comisarías y en las delegaciones de Drogas Ilícitas,  había armado una organización que se dedicaba a extorsionar a los narcotraficantes que operaban en la villa La Cárcova.

La ruta de la plata “sucia” platense

Diez meses después del escándalo en San Martín se descubrió otro entramado ilegal en La Plata. Fue el 1º de abril tras una denuncia anónima en la Dirección General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.

Con los datos provistos por el denunciante, se allanó la Departamental de La Plata y se hallaron 36 sobres con más de 157 mil pesos. Todo parece indicar que esa plata proviene de coimas y de un circuito ilegal.

Se le dio intervención a la UFI nº 3 de La Plata y el fiscal Marcelo Martini pidió la detención del entonces titular de la Departamental, Darío Camerini, su segundo, Rodolfo Carballo, el jefe de operaciones, Ariel Huck, el secretario Walter Skramowskyj y la oficial administrativa María de los Angeles Ramírez.

Aún la Justicia no ha decidido si los uniformados van a ir a la cárcel, pero sí es claro que no se ha avanzado con decisión. “Esos 36 sobres indican que hubo 36 personas que los mandaron. Tenía el detalle de la procedencia de la comisaría en forma manuscrita o con tinta de impresora. Para ambos métodos se pueden pedir pericias. Aún si el sobre estaba cerrado se puede pedir un estudio de ADN para analizar la saliva”, explicó a Hoy un abogado penalista platense, quien prefirió el anonimato.

Es verdad que se va a detectar al vigilante raso pero después ese hombre puede explicar cómo funcionaba el proceso ilegal de recaudación. La Justicia debería avanzar prontamente en determinar a todos los responsables por el escándalo de los sobres en la Departamental de La Plata, que como viene advirtiendo nuestro diario se debería investigar también al superintendente de la región capital, Fernando Grasso y la línea ascendente hasta llegar al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.