13/08/2016 - 06:10hs
El proceso iniciado por la obra social había sido revelado por el diario HOY y estaba frenado por dos medidas judiciales
Finalmente, las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) decidieron cortar por lo sano y dieron de baja las actuaciones que se habían iniciado para la contratación del servicio de emergencia y urgencia médicas. Lo hicieron tras dos fallos judiciales que había frenado un proceso que se sospechaba direccionado a favorecer a una sola empresa: Emergencia SA, que estaría vinculada al titular de UPCN, Andrés Rodríguez.
“Cabe considerar, también, que atentaron contra la marcha de la contratación la interposición de sendas acciones judiciales, por parte de potenciales interesados en participar del procedimiento de selección de contratantes, que derivaron en el dictado de medidas judiciales que ordenaran al IOMA suspender en forma inmediata (desde su notificación) el procedimiento de contratación llevado adelante”, consigna la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia que lleva la firma del titular de la obra social, Sergio Cassinotti.
Si bien las autoridades del IOMA dejaron consignado que en algún momento buscarán reflotar el proceso para sumar el servicio de emergencias médicas, deberán empezar desde cero. Por eso, habrían desistido de apelar los fallos judiciales.
En rigor, según consta en la misma resolución, los integrantes del directorio habían resuelto el pasado 27 de julio “declarar la caducidad de las actuaciones por las que tramitara la contratación N° 63/16 tendiente a concertar la prestación de un servicio de emergencias y urgencias médicas para los afiliados del IOMA en la Provincia de Buenos Aires”.
El pasado 28 de junio, el diario Hoy informó en exclusiva sobre un polémico proceso administrativo que se había puesto en marcha en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) tendiente a la contratación de un servicio de ambulancias para la atención médica de emergencias y urgencias de la totalidad de los afiliados.
Fue el titular de Suteba, Roberto Baradel, cuyo gremio tiene representación en el directorio de la obra social, el primero en salir con los tapones de punta. Alertó sobre el posible pago de abultados sobreprecios, en una contratación anual de casi $400 millones. Por eso, la representante de este gremio en el cuerpo de conducción de la obra social, Patricia Nisembaum, se abstuvo en la votación. Posteriormente, Pedro Borgini, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) se sumó a los reclamos. “No se explica tal salida de dinero y mucho menos que se decida hacer de un día para el otro, utilizando la Ley de Emergencia para no ir a una licitación. Hoy los empresarios están preocupados por el achicamiento al que IOMA los está obligando. Y ya sabemos que este achicamiento significa menos puestos de trabajo para nuestros afiliados. Eso nos preocupa sobremanera”, concluyó.
Tras la nota del diario Hoy, dos sociedades platenses que integran la Cámara Argentino Bonaerense de Empresas de Medicina de Emergencia (Cabeme) recurrieron a la Justicia en lo Contencioso Administrativo y consiguieron que los magistrados Francisco Terrier y María Ventura Martínez dictaran dos medidas cautelares que frenaron la contratación.
“Se advierte liminalmente falta de coherencia y de razonabilidad en el objeto de bases y condiciones particulares con relación a los recaudos que se exigen en función del servicio que se pretende brindar a IOMA, al exigirse al oferente ser propietario de una cantidad mínima de 60 unidades de terapia intensiva móviles polivalentes, sin precisarse cómo deberán desplegarse en todo el territorio provincial y ni la cantidad de recursos humanos necesarios para el funcionamiento del sistema”, consignó la jueza Ventura Martínez.
También objetó que “la invitación cursada a la firma actora a participar, a tan solo tres días hábiles previos a la presentación originaria de ofertas y apertura de sobres, resulta insuficiente”.
Conceptos similares esgrimió el juez Terrier: “Estimo que la medida peticionada (por Cabeme) se presenta como un instrumento idóneo para evitar la configuración de situaciones fácticas consumadas de difícil reparación ulterior, previniendo de ese modo consecuencias disvaliosas, tanto para la accionante como para terceros, en función del principio de transparencia y concurrencia consagrados por el ordenamiento jurídico”.