18/05/2013 - 07:12hs
La contracara del blanqueo de capitales y la evasión de los grandes contribuyentes es el aumento de la presión tributaria del gobierno nacional, que ahora alcanzará a los asalariados
La presión tributaria del gobierno kirchnerista no tiene límite. Pero, la Afip no persigue a los grandes evasores, ni a los que se han beneficiado con la renta financiera y ni siquiera a los que han hecho negocios ilegales, a los que el gobierno premia con un lavado de capitales legal.
A partir de una resolución del organismo recaudador, que conduce Ricardo Echegaray, se habilita a que la fiscalización electrónica alcance a los trabajadores en relación de dependencia. Hasta ahora ese mecanismo para obtener información a través de internet estaba reservado a empresas, productores sojeros o monotributistas.
La Afip cuenta con un gran número de regímenes de información que le permiten hacer una investigación de cada contribuyente, que ahora se podrá poner en práctica para cualquier trabajador en relación de dependencia, incluso aquellos que menos cobran.
La antipática medida se conoce mientras se descubren las fortunas que amasaron durante la última década muchos de los funcionarios cercanos al poder político, incluyendo al matrimonio presidencial de Cristina y Néstor Kichner. Ahora, en momentos en que los números de las finanzas del Estado nacional no cierran el gobierno busca elevar la recaudación aumentando la recaudación impositiva para solventar el aparato clientelar del Estado.
Ahora, con la resolución 3416 de la Afip los empleados en relación de dependencia están incluidos en la posibilidad de que el organismo recaudador les haga cualquier tipo de inspección, que en la práctica será con la fiscalización electrónica con lo que la Afip los alcanzará en forma masiva.
El abogado constitucionalista, Felix Loñ, dijo a Hoy que la resolución “es una intromisión que no corresponde y que atenta contra la ética pública establecida en el artículo 36 de la Constitución nacional, porque por un lado se premia a los que han incurrido en delito con un blanqueo de capitales y por otro se castiga a los que trabajan”.
La fiscalización electrónica que da comienzo con una intimación al contribuyente en el domicilio fiscal declarado, que no es el de la empresa y donde se le comunicará que se inicia la inspección por internet.
Cada incumplimiento implicará una sanción acumulativa. Previo sumario, las multas pueden ir de $ 150 a $ 2.500 en el caso de no cumplir con el requerimiento, y ante la resistencia a la fiscalización, el máximo se incrementa en $ 45.000. La ley define resistencia a la fiscalización como incumplimiento reiterado de los requerimientos.