La AFIP y los peligros de la impunidad
EDITORIAL
Por Myriam Renée Chávez de Balcedo
Directora del diario Hoy
Lo sucedido en Monte Hermoso, con una turba de gente indignada que mató al sospechoso de la muerte de una joven, es sólo una muestra de que cada vez son más los argentinos que descreen de la Justicia y de las instituciones. La miseria, la promiscuidad extrema, la falta de empleo genuino, sumado a otros factores como el crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado, han dañado seriamente el tejido social. Se está imponiendo la ley de la selva y por eso el Estado, que debería ser el regulador de las relaciones sociales y el único actor legitimado para ejercer la fuerza pública para garantizar la paz social, se terminó convirtiendo en un reducto para que políticos y amigos del poder se llenen los bolsillos. Es decir, el kirchnerismo y sus cómplices han logrado que el país retroceda más de 160 años en los que se refiere al fortalecimiento de sus instituciones.
En reiteradas ocasiones, en las páginas de mi diario, he denunciado la forma infame en la que están siendo relegados aquellos juristas y funcionarios judiciales de probada idoneidad moral y profesional, para que asuman “militantes rentados” en cargos estratégicos de la magistratura, actuando como garantes de la impunidad. En la Justicia Federal en lo Penal de La Plata hay dos casos emblemáticos: Laureano Durán y Jorge Eduardo Di Lorenzo son dos “jueces truchos”, nombrados entre gallos y medianoche a partir de maniobras oscuras de integrantes de La Cámpora.
Tan trucha fue su designación que ni siquiera son reconocidos como tales por sus pares de la Cámara Federal, es decir, por quienes integran el tribunal de alzada que revisan sus fallos. Estos dos jueces subrogantes, uno de los cuales era auxiliar escribiente y el otro un simple secretario, actualmente deben intervenir y administrar Justicia en todos los delitos penales de competencia federal que se cometen en la región, como por ejemplo el narcotráfico.
El contubernio de estos jueces, con el gobierno K, es total. Al punto que Durán, por orden de sus padrinos políticos que forman parte de La Cámpora, mantiene planchada -desde que asumió como juez subrogante- la denuncia que he realizado por los aprietes y las extorsiones que fueron propinadas por los delincuentes que hoy conducen la AFIP, contra mi persona y contra el diario que dirijo, y que tuvieron como único objetivo silenciar nuestras notas e investigaciones. Además del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, otro de los funcionarios que protege Durán es Guillermo Michel, quien se venía desempeñando como subdirector general de Coordinación Técnico Institucional del organismo recaudador y en marzo pasado fue ascendido a director de Aduanas. Es decir, pasó a estar a cargo de un organismo que debería cumplir un rol clave en lo que refiere al combate del narcotráfico y del contrabando, pero en la era K fue escenario de múltiples escándalos a partir de episodios resonantes relacionados con el tráfico de estupefacientes como el hallazgo de una tonelada de cocaína en España o el caso Carbón Blanco, que consistió en la exportación ilegal a gran escala de estupefacientes que eran camuflados en carbón vegetal. Todas estas operaciones nunca se habrían podido realizar de no haber contado con complicidades aduaneras.
Los antecedentes de Michel son nefastos. Conformó múltiples empresas utilizando los servicios de una abogada llamada Ana Cristina Palesa, que casualmente es la misma abogada que intervino en numerosas compañías vinculadas con Carlos Alberto Salvatore, el principal implicado en la causa Carbón Blanco que está a punto de ir a juicio oral acusado de conformar una red de empresas que se habría utilizado para lavar dinero de origen narco. Eso no es todo: la abogada Palesa y la escribana Sara Celia Hurovich (que también está vinculada con Michel) figuran en la conformación de empresas presididas por el uruguayo Jorge Lambiris, un ex pirata del asfalto condenado por la Justicia por contrabando, quien actualmente sería socio y amigo de Echegaray. El verdadero reino del revés: pusieron como máximo responsable del organismo que debe prevenir el narcotráfico y el contrabando a alguien vinculado con un narcotraficante y con un contrabandista. Como si todo esto fuera poco, Michel también es sindicado de haber sido el organizador de los operativos de aprietes contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
Todas estas investigaciones, minuciosamente detalladas, la hemos publicado en mi diario, que se sumaron a múltiples denuncias que involucran a prácticamente toda la cúpula del organismo recaudador, incluido los responsables de la regional La Plata. Ahora bien, pese a que distintos aprietes contra mi persona y contra la empresa que edita el diario Hoy no lograron el objetivo de silenciarme, ahora le dieron vuelta de rosca a los ataques para censurarme. ¿De qué forma? Inventando una nueva denuncia por extorsión que fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py, precisamente, por los mismos a los que yo vengo denunciando.
El análisis de la denuncia, como lo detallaremos en las página 4 y 5, no resisten el menor análisis. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que un diario regional, como el que me toca dirigir, puede tener un poder como para presionar o extorsionar a quienes conducen uno de los principales organismos del gobierno, con un presupuesto varias veces millonario, con acceso a sistemas informáticos que entrecruzan datos que forman parte del secreto fiscal, y numerosos contadores y abogados que cobran los sueldos más altos de la administración pública.
Pese a que pusieron toda esta estructura intentando encontrarme algo ilegal, se quedaron con las manos vacías. Y ahora recurren a esta maniobra que, para colmo, atenta contra básicos principios constitucionales como es el derecho que tenemos todos los argentinos a publicar nuestras ideas sin censura previa, y el derecho a informar y ser informados.
Los aprietes de la AFIP no hacen más que fortalecerme y confirmarme que estoy en el camino correcto. Pese al olor a podrido que desprenden algunos juzgados y fiscalías, no todo está perdido: seguiré denunciando e investigando los casos de corrupción porque estoy convencida de que finalmente se hará Justicia. Que así sea.
