18/02/2015 - 06:11hs
En el fin de semana largo miles de automovilistas sufrieron extensas demoras a la altura del puente Guerrero por temor a un derrumbe. Falta de mantenimiento y una contraprestación nefasta de la empresa concesionaria “amiga del poder”
"Con amigos así, la verdad es que no necesito enemigos”. Ese debe de haber sido el pensamiento del gobernador Daniel Scioli respecto al ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, luego de que por falta de mantenimiento, el puente Guerrero ubicado sobre la ruta 2 al kilómetro 167, sobre el río Salado, sufriera una fisura y por precaución se desvió el transito durante el primer día del fin de semana largo pasado.
Los automovilistas que viajaron hacia la Costa Atlántica y Mar del Plata u otras localidades de la zona, sufrieron una demora, promedio, de unas 10 horas. El incidente bien puede calificarse como “espanta votos” o “un golpe al mentón”, en vista a las próximas elecciones en las que Scioli busca ser presidente.
“Cerramos el puente al tránsito vehicular por una cuestión de seguridad porque queríamos verificar la situación”, se excusó Arlía. De inmediato deslindó responsabilidades. “Lo asociamos a un trabajo de las empresas contratistas para la construcción de un puente ferroviario paralelo al Guerrero. Hubo mala praxis en la construcción de la obra porque se taparon 8 de los 12 ases de luz para que corra el agua del río”, afirmó.
En realidad, es notorio que el puente Guerrero no fue sometido a tareas de mantenimiento en los últimos años. Ante una situación parecida, en el 2012, Arlía responsabilizó a las inundaciones.
70 pesos por 350 kilometros
El presidente de la Comisión de Usuarios Viales. Ingeniero Ricardo Lasca, en diálogo con Hoy dijo que “el puente Guerrero ha tenido problemas en otras oportunidades y es increíble que con el cordón vial concesionado hace más de 24 años estemos padeciendo este tipo de inconvenientes”.
“Acá el Ministerio de Infraestructura debe controlar el estado de los puentes y si detecta desperfectos tomar medidas con la empresa concesionaria. También tenemos problemas en las rutas 56 y 11. Se pagan 70 pesos por 350 km. Y en la autopista Rosario-Córdoba, por el mismo tramo se abona 26 pesos. Es una estafa, un robo, y encima no hay una contraprestación adecuada”, indicó Lasca.
Desde el año 2011, la concesión de la ruta 2 y 11 está a cargo de una unión de empresas, llamada Autovía del Mar, constituida por cuatro grupos empresarios: Benito Roggio e Hijos SA, Esuco S.A (de Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción), Helport S.A (de Eduardo Eurnekián) y las constructora CPC S.A, ligada al zar kirchnerista del juego, Cristóbal López. Esta última firma ingresó al consorcio un año después de la adjudicación de la licitación mediante la compra del 20% del paquete accionario. Su incoporación violaría la denominada Ley de Medios ya que esa norma fija limites a aquellos empresarios que tienen licencias de medios audiovisuales y están relacionados con servicios públicos, como es el caso de Cristóbal López. “Por esta concesión –sostuvo Lasca- hemos hecho una denuncia en la Defensoría del Pueblo en el 2011 y no hemos tenido ningún tipo de respuestas. Peajes caros, una ruta sin caminos alternativos, sin organismos de control. Los usuarios viales le estamos pagando los regalos que le hace Cristóbal López a su novia”, concluyó.
Cuatro muertos y pedido de interpelación
Los problemas para Alejandro Arlía no se suscribieron solo en la ruta 2. El sábado pasado hubo un accidente en la ruta 88, cerca de Mar del Plata, con el triste saldo de cuatro muertos. Inmediatamente, usuarios viales reclamaron para que cumpla con su promesa de transformarla en autovía y pidieron interpelar en la Cámara de Diputados bonaerense al gobernador Daniel Scioli y a su ministro de Infraestructura, para exigir informes y explicaciones frente a la "gravísima situación" de la seguridad vial que "queda expuesta en la obscena recurrencia de siniestros viales".
El pedido de interpelación fue cursado por la ONG Unión de Usuarios Viales (UDUV) y fue pedida "a los efectos de conocer la planificación del área, que por ser errática y declamatoria, sin efectos transformadores congruentes con los anuncios, coloca a los usuarios en estado de vulnerabilidad y desamparo", sostuvo la entidad en un comunicado.