27/11/2013 - 15:37hs
Continúa la preocupación de distintos sectores políticos y sociales de la provincia de Buenos Aires en torno a las técnicas de fractura hidráulica (fracking) para la extracción de energía no convencional en el territorio bonaerense
Tal como lo venimos marcando desde nuestro diario, todavía no son de conocimiento público los métodos a partir de los cuales se empezará a aplicar esta técnica en la provincia de Buenos Aires, lo que ha motivado intensos debates en relación al tema.
Tal es la preocupación de la sociedad civil por las consecuencias ambientales que pudiese tener este método, que ahora fue la legislatura bonaerense la que aprobó el pasado 21 de noviembre un pedido de informe para que el ejecutivo de nuestra provincia de a conocer detalles al respecto.
La Cámara Baja aprobó por unanimidad un pedido de informes presentado por el diputado de UDESO, Mauricio D´Alessandro, para que el Poder ejecutivo de la provincia, a través del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), explique detalles respecto a la aplicación del "Fracking" en el territorio bonaerense.
A través de este pedido, diputados de la provincia buscan obtener respuestas en torno a la utilización de esta técnica en la denominada Cuenca de Claromecó u otra zona de la provincia. Todo ello en el marco del acuerdo cerrado entre la provincia y la empresa YPF para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos.
La aprobación de la medida también incluye que el Organismo Provincial par el Desarrollo Sustentable (OPDS) clarifique su postura con respecto a la utilización de esta técnica en la provincia, sobre todo en lo que tiene que ver con las consecuencias ambientales que que implica su aplicación.
“Entre las principales consecuencias que acarrea esta práctica se destacan: contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, contaminación del aire, afecciones a la salud humana, alteraciones del paisaje y el terreno, contaminación de suelos al cerrar los pozos y riesgo sísmico”, detalla el escrito de la requisitoria aprobada por el cuerpo de diputados bonaerenses.