Diputados: el Super RIGI llega al recinto
El oficialismo impulsa el régimen de incentivos mientras organizaciones sociales advierten riesgos.
Desde 2023 la canasta aumentó 919%, cuatro veces más que la inflación, y ya representa el 15% del salario promedio.
23/06/2026 - 00:00hs
La canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a presionar el bolsillo familiar en junio. Un hogar promedio sin subsidios debió destinar $282.758 para cubrir necesidades de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público. El monto implica un aumento mensual del 10,1% respecto de mayo y un incremento interanual del 54% frente a junio de 2025.
El dato más contundente es la evolución acumulada desde diciembre de 2023. La canasta de servicios se disparó 919%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 236%. La brecha refleja que los servicios públicos crecieron cuatro veces más que la inflación, lo que los convierte en un factor central de deterioro del poder adquisitivo.
El informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet detalla que el aumento de junio responde a la combinación de incrementos tarifarios y mayor demanda energética estacional. El gas lideró la suba con un 23,4% en la factura, seguido por la electricidad con un 14,8%. El transporte se encareció 5,7% y el agua apenas 0,2%, aunque todos los rubros aportaron al alza general.
La canasta frente a la inflación
El análisis del IIEP muestra que la canasta de servicios públicos se incrementó 20 puntos porcentuales por encima del índice general de precios en la comparación interanual. El transporte fue el rubro de mayor impacto: su costo subió 75% frente a junio de 2025 y aportó 27 puntos de los 54 totales del incremento. El agua, la electricidad y el gas aumentaron 48%, 43% y 37% respectivamente, sumando entre 8 y 10 puntos cada uno.
El peso sobre los salarios
De acuerdo al estudio, la canasta de servicios públicos del AMBA representa el 15% del salario promedio registrado de junio, estimado en $1.919.353. En términos prácticos, un sueldo alcanza para comprar 6,8 canastas, cuando un año atrás permitía adquirir 8. El transporte explica el 41% del gasto total y se consolida como el rubro de mayor peso sobre los ingresos de los hogares.
El informe advierte que la dinámica de los servicios públicos se convierte en un factor crítico para la economía doméstica. El desfasaje respecto de la inflación general y el creciente peso sobre los salarios reflejan un escenario de tensión que condiciona tanto la política tarifaria como la capacidad de consumo de las familias. La pérdida de poder adquisitivo se traduce en una reducción de la calidad de vida y en un ajuste forzado de los hábitos de consumo, donde el transporte y la energía ocupan un lugar central.
En ese marco, el debate sobre subsidios y tarifas vuelve a instalarse en la agenda pública. Mientras el Estado sostiene parte de los costos, los hogares enfrentan aumentos que superan ampliamente la inflación y que dinamitan la capacidad de ahorro. La combinación de incrementos tarifarios, estacionalidad y menor cobertura estatal proyecta un escenario de conflictividad social creciente, que obliga a discutir el equilibrio entre sostenibilidad fiscal y protección del ingreso.