La contracción de población económicamente activa impactó en la suba de la desocupación

Un informe técnico elaborado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuyo titular es Claudio Moroni, reveló que el aumento de la tasa de deso­cupación, que en el segundo trimestre de 2020 se ubicó en el 13,1%, “no es consecuencia del crecimiento de la población desempleada, sino debido a la contracción de la población económicamente activa ­(-18,7%)”, provocada, en parte, por las medidas de aislamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus.

El reporte, elaborado en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-Indec), evidencia el impacto de la pandemia sobre el mercado de trabajo, situación que se explica por “una importante contracción” de la población ocupada, principalmente por la destrucción de empleos informales, y señala que, a pesar del crecimiento verificado en la tasa de desocupación (el índice pasó del 10,6% en el segundo trimestre de 2019 al 13,1%), el número de desocupados correspondiente al mismo período de este año se “redujo en solo un 0,1%” con respecto a igual trimestre del año anterior.

Según señala la agencia de noticias Télam, esta situación es en parte el resultado de la implementación de las propias medidas de aislamiento social, ya que las búsquedas de empleo se encuentran condicionadas en este contexto, y señala que en otros países la “deso­cupación creció en mayor medida que en la Argentina: en Chile, un 42,9%; y en Perú alcanza el 29,6%”.

Además, marca que en el se­gundo trimestre del año, cuando comenzaron a sentirse los efectos de la pandemia de Covid-19, se ­produjo un importante descenso de la tasa de actividad, que alcanzó al 38,4% (-9,3% con respecto al año anterior).
Esta situación se explica fundamentalmente por la contracción del 9,2% de la tasa de empleo, que se ubicó en 33,4%, mientras que la tasa de desempleo alcanzó el 13,1%, lo que significó un aumento de 2,5 puntos porcentuales.

Frente a esta situación, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación pusieron en marcha una serie de dispositivos para contener los efectos sociales y el impacto en el mercado laboral de la pandemia, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la “política de transferencia de ingresos dirigida a trabajadoras y trabajadores vulnerables de mayor cobertura en la historia argentina”.

El informe resalta que la ayuda estatal a través del IFE a 9 millones de personas alcanza a una “proporción relevante de la población que perdió el empleo durante la pandemia o enfrenta severos problemas laborales”, y que el empleo asalariado registrado (incluyendo el sector público y el privado) se contrajo un 3% en la comparación interanual (tomando como referencia la proyección de los indicadores al total urbano nacional), “una caída moderada, considerando el estado de emergencia sanitaria, económica y social”.

Según el estudio, esto se ad­vierte con claridad al analizar la evolución interanual de esta modalidad ocupacional en los países de la región: en Chile, el empleo asalariado formal sufrió una caída del 10,8%, y en Brasil, la contracción alcanzó al 6,2%.

La menor caída del empleo registrado en la Argentina se explica por las políticas laborales “contracíclicas” aplicadas por la administración de Alberto Fernández para preservar los puestos de trabajo en el contexto de la pandemia: la prohibición de los despidos sin justa causa o falta o disminución de trabajo, el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y la aplicación de suspensiones colectivas reguladas (impulsada por un acuerdo firmado entre la UIA y la CGT).