Un auto chocó contra dos motos en 4 y diagonal 80
19/09/2017 - 04:00hs
El organismo se presentará como amicus curiae en la causa que analiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La relación entre la compañía y el Gobierno nacional
El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, confirmó que el organismo se presentará ante la Justicia para apoyar el reclamo del Colegio de Farmacéuticos debido al posible desembarco de Farmacity en la Provincia.
“Priorizamos a la gente por sobre la rentabilidad, y nos apoyamos en las leyes que regulan el funcionamiento del sector, las cuales nacieron con el apoyo de todos los sectores políticos y son el resultado de un profundo trabajo a conciencia sobre la importancia de las farmacias”, sostuvo Lorenzino.
Luego de un encuentro con la titular del Colegio de Farmacéuticos provincial, María Isabel Reinoso, el defensor del pueblo expresó que intervendrá en la causa bajo la figura del amicus curiae para apoyar el reclamo de esta entidad ante la eventual instalación de la firma, instancia que se encuentra en debate en la Corte Suprema de la Nación.
En ese sentido, Lorenzino precisó que “los medicamentos son bienes sociales, por lo que nos oponemos a que se adopten medidas que vayan en contra de esta idea. Se tienen que respetar las normas y que se priorice la salud por encima de todas las cosas”.
El conflicto
Desde 2012 la cadena de farmacias lleva adelante un reclamo judicial contra el Estado provincial. Los tribunales bonaerenses de primera instancia, apelaciones, e incluso la Corte provincial rechazaron la instalación de la compañía por no respetar la normativa vigente.
Se trata de la Ley 10.606, que regula la actividad de los farmacéuticos en la Provincia y que contiene dos artículos que desde el directorio de Farmacity piden declarar inconstitucionales.
Por un lado, el número 14, que constituye como propietarios de farmacias a empresas unipersonales, sociedades en “comandita simple” (un propietario y un farmacéutico), farmacias sindicales y hospitalarias. Farmacity es una sociedad anónima.
Por el otro, el artículo número 3, que establece la densidad poblacional y fija la cantidad de establecimientos en uno cada 3.000 habitantes, además de la distancia de al menos 300 metros entre una farmacia y otra, lo cual le impide a la cadena instalarse en cualquier punto neurálgico de las grandes ciudades.
Luego de los cuatro reveses judiciales en instancia provincial, la empresa presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, desde donde solicitaron el expediente para definir si tomarán el caso.
La palabra de los farmacéuticos
“Hay una Legislatura que debatió y sancionó una ley en plena democracia, un Poder Ejecutivo que planteó la posibilidad de la instalación pero cumpliendo esa normativa y un Poder Judicial que en primera y segunda instancia y en la Suprema Corte bonaerense falló por la constitucionalidad de la ley. Si un recurso de queja en Nación logra dar vuelta todo esto, es un avasallamiento a las instituciones democráticas de la Provincia de Buenos Aires”, dijo a este medio María Isabel Reinoso, titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia.
Además, consideró que de expedirse la Corte Suprema de Justicia a favor del recurso interpuesto por Farmacity, significaría “un gran retroceso en todo lo que se logró en el acceso al medicamento, porque esta ley ha posibilitado que en los barrios más alejados hoy haya una farmacia con acceso al medicamento”.
Reinoso recordó, además, que desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerense recusaron al juez Carlos Rosenkrantz, (designado en el Máximo Tribunal por el Presidente Mauricio Macri), “porque esta causa se inició con Rosenkrantz como abogado, y el estudio patrocinante en este juicio es el suyo”.
Mientras la Justicia nacional define la cuestión, Farmacity opera en el territorio bonaerense a través de Simplicity, su cadena de perfumería, en la que, por ahora, no puede vender medicamentos.
Los intereses del segundo de Marcos Peña
Además de vicejefe de Gabinete, Mario Quintana es el fundador de Farmacity y sigue siendo accionista.
El segundo de Marcos Peña, renunció a la presidencia de la compañía en 2015, para convertirse en coordinador del gabinete económico, espacio al que llegó de la mano de Horacio Rodríguez Larreta.
Sus relaciones estrechas con los funcionarios del Gobierno nacional son de larga data e incluyen beneficios como el que le otorgó Mauricio Macri en 2014, cuando como jefe de la Ciudad de Buenos Aires firmó un decreto que habilitó a la cadena del fondo de inversión Pegasus (controladora de Farmacity) a seguir vendiendo tanto remedios como golosinas, café y galletas en un mismo local.
Además, el actual juez, Carlos Rozenkrantz, fue abogado de la cadena de farmacias. “Mario Quintana le firmó un poder para que inicia la causa que ahora llegó a la Corte Suprema”, aseguran desde el Colegio de Farmacéuticos provincial.
“El poder político está influenciando a la Justicia para decidir algo”
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Marcelo Fabían García, consideró que “la Corte Suprema no debería ni tomar el caso, porque tendría que valer una decisión de una Corte provincial”.
En diálogo con Hoy, García aseguró que en este caso “el poder político está influenciando a la Justicia para decidir algo” y advirtió que “de modificarse el artículo 3 de la Ley 10.606, se afectaría directamente a la distribución sanitaria de las farmacias en la Provincia de Buenos Aires”.
“En La Plata, por ejemplo, hay farmacias en el casco urbano, en Gonett, Villa Elisa, City Bell, Los Hornos, Parque Sicardi, Villa Elvira, y cada vecino tiene una farmacia cerca de su casa. Si se modificara la ley permitiendo la instalación de Farmacity, las farmacias tendrían al posibilidad de mudarse a cualquier lado y se concentrarían en los lugares más densamente poblados dejando sin acceso al medicamento a las zonas donde hay poca población. Se perderían las farmacias en la periferia”, explicó.
En ese sentido, resaltó que “hay que tener en cuenta que hoy en día, la gente de los barrios más alejados recurre a la farmacia como el primer centro asistencial de salud al que tiene acceso con un profesional que le brinda un asesoramiento integral, no solo de la medicación”.
“No queremos convertirnos en Chile, donde hay dos cadenas que manejan el mercado y han desregulado todo de tal manera que ya no hay acceso al medicamento para todos los ciudadanos”, cerró el especialista.