El recurso natural, esencial para el desarrollo de la vida, empieza a escasear a nivel mundial, desatando una dura pelea por su posesión. En terreno argentino, la lucha se da por la tenencia del acuífero Guaraní, ya que gran parte del mismo se encuentra en manos extranjeras. La naturaleza como sujeto de derecho
14/01/2018 - 00:27hs
En febrero del año pasado, el Papa Francisco advirtió sobre el peligro de que en un futuro cercano se dé una “gran guerra mundial por el agua” y alertó que resulta “fundamental, urgente e imprescindible la acción de cada Estado como garante” de su acceso universal, seguro y de calidad.
Hoy, la Argentina sufre con respecto a este recurso un grave problema, ya que alrededor del 15% de la población (unos 7 millones de ciudadanos) no tiene acceso al agua potable, a pesar de ser nuestro país uno de los principales reservorios de agua dulce del mundo. Todo esto se da con un marcado proceso de extranjerización de la tierra, que pone el tema en el debate público por lo que puede llegar a suceder a futuro.
En junio de 2016 el Presidente Mauricio Macri, a través del Decreto 820/2016, modificó la Ley de Tierras Rurales quitando de esa manera las restricciones existentes para la venta de campos a extranjeros. Esta situación llevó a que 17.000.000 de hectáreas, lo que representa el 18% de las tierras productivas en suelo nacional, estén en manos de capitales foráneos.
Una de esas situaciones particulares se da con el acuífero Guaraní, el enorme reservorio de agua dulce ubicado entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que en nuestro país ocupa unos 225.424 kilómetros cuadrados. Allí, la familia del millonario norteamericano Douglas Tompkins posee 350.000 hectáreas que se encuentran en litigio judicial por su intención de perforar el suelo para la realización de diversos proyectos con el agua.
En algún momento, desde la propia administración nacional trascendió la posibilidad de comenzar a conversar con el gobierno de Estados Unidos la idea de trabajar juntos en ejercicios militares, e incluso la chance de colocar una base militar estadounidense en suelo argentino que iba a estar ubicada sobre el acuífero Guaraní, lo que originó un sinfín de quejas, abortando por el momento dicho emprendimiento.
Derecho cercenado
La crisis hídrica que enfrenta el mundo se debe a que solo el 3% de este fluido disponible en el planeta es apto para el consumo humano, a la vez que para el año 2030 se pronostica que habrá, a nivel planetario, un déficit cercano al 40% con respecto al agua dulce.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte además que para el año 2050 la demanda mundial de agua dulce crecerá en más del 40% y por lo menos una cuarta parte de la población mundial vivirá en países con una “falta crónica o recurrente” de agua limpia. En la Argentina, solo el 20% de las aguas residuales cuentan con tratamiento adecuado y es consumible y se adelantan mayores problemas a futuro.
En diálogo con diario Hoy, el senador nacional por Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, un histórico defensor de la lucha por el ambiente, aseveró que “el agua es un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado argentino, pero las autoridades se desentienden de este tema y embargan el futuro de los ciudadanos vendiéndoles a precio vil las mayores tierras productivas a intereses extranjeros, tal como sucede con las tierras ubicadas sobre el acuífero Guaraní”.
Para el legislador nacional, “hay una destrucción total de la naturaleza y todo eso se da lamentablemente con la anuencia dirigencial de quienes nos conducen hoy en el gobierno. Hay que considerar a la naturaleza como sujeto de derecho y consecuentemente con toda la batería de derechos que se le otorgan: a la vida, diversidad, al agua, al aire, al equilibrio ecológico, a la restauración y recomposición de su patrimonio y el derecho a vivir libre”.
“El colonialismo extractivista domina nuestras legislaciones y parlamentos y se lleva de manera salvaje materias primas que nos pertenecen. Si no ponemos un freno a esta situación lo que se nos viene será una guerra donde millones morirán y solo unos pocos se salvarán, y tal como advierte el Papa, son los Estados los que deben ponerse al frente de esta lucha para garantizar el acceso al agua”, resaltó Solanas.
Un negocio para pocos
El empresario británico Joe Lewis, amigo del Presidente Mauricio Macri, fue uno de los principales beneficiados por la modificación por decreto de la Ley de Tierras Rurales. Dueño de cuantiosas propiedades en suelo argentino, entre ellas Lago Escondido en la provincia de Río Negro, se ha transformado en un artífice que busca quedarse con una fuente de agua dulce que baja directamente de la Cordillera de Los Andes.
Las 12.000 hectáreas que rodean a Lago Escondido ha llevado a que la zona se haya privatizado y convertido en casi un estado paralelo, donde el orden es impartido por Lewis y las leyes argentinas no entran, ya que se prohíbe la libre entrada a este bien público.
A través de la construcción de una represa generadora de energía eléctrica, Lewis ya ha comenzado a hacer grandes negocios con el agua que emana de la Cordillera, vendiendo ese producto a países extranjeros y dejando incomprensiblemente sin luz a El Bolsón, localidad que rodea Lago Escondido y que sufre graves problemas en la generación de energía.
Cifras que alarman
17.000.000 de hectáreas están en manos de extranjeros en la Argentina
7.000.000 de argentinos no tienen acceso al agua potable
350.000 hectáreas posee la familia Tompkins sobre el acuífero Guaraní
225.424 kilómetros cuadrados tiene el acuífero Guaraní en suelo nacional
40% es el déficit de agua dulce que se pronostica a nivel mundial para 2030
20% de las aguas residuales cuentan con un tratamiento adecuado en el país
18% de las tierras productivas argentinas están en manos extranjeras
3% del agua disponible en el planeta es apta para el consumo humano