17/09/2016 - 02:20hs
Así lo afirmó a diario Hoy el secretario general del Suteba, Roberto Baradel. “A los corruptos que se quedaron con los recursos de los afiliados les tiene que caer todo el peso de la ley”,concluyó
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, se refirió a las denuncias de corrupción que involucran a exfuncionarios del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). “La Justicia tiene que ir a fondo”, destacó ante una consulta del diario Hoy.
“Hay una necesidad imperiosa de que la obra social funcione para dar respuesta a las necesidades de todos los afiliados, porque todavía, cuando ya pasaron 9 meses de una nueva gestión, sigue habiendo problemas como el cobro indebido a los pacientes que van a atenderse a una consulta médica y se les termina cobrando por fuera de lo que es el bono. También es muy difícil conseguir camas a la hora de internarse. Todo esto se lo hemos planteado al presidente del IOMA”, dijo Baradel, cuyo gremio forma parte del directorio de la obra social: ocupa una de las vocalías.
El titular del Suteba reconoció que la herencia de la gestión sciolista en el IOMA fue muy pesada. En ese sentido, recordó que a principio de año le enviaron una nota a la gobernadora María Eugenia Vidal, en la que alertaban que “el Estado bonaerense le debía a la obra social cerca de 3.000 millones”.
“También le solicitamos a las autoridades que vayan a fondo con todas las investigaciones que se tengan que hacer para determinar si hubo hechos ilícitos en la obra social. Esto fue antes de que la gobernadora y el presidente de la obra social hicieran las denuncias correspondientes. Nosotros nos pusimos a disposición para colaborar en esta tarea, porque un peso que se roba en el IOMA es un peso que se le roba al afiliado”, dijo Baradel.
Al ser consultado sobre si la obra social bonaerense fue una “caja negra” durante el gobierno anterior, el dirigente sindical recordó que “hay exfuncionarios procesados. Todos el peso de la ley tiene que caer sobre los que robaron en la obra social. Estoy convencido de que la Justicia tiene que ir a fondo. Si hay sospechas de cajas negras y de corrupción, hay que investigar a fondo”.
“Durante el gobierno anterior, nos movilizamos muchas veces a la sede central del IOMA y a las sedes regionales para denunciar irregularidades. Es más, hemos elevado notas para que se presentaran los ejercicios financieros y hemos avalado, votando de forma positiva en el directorio, para que se le diera toda la información que estaba requiriendo la Asociación de Profesionales. También presentamos una nota a las autoridades para que se informe cómo se ejecutaban los gastos de la obra social”, remarcó Bardael.
El titular del Suteba también recordó que, durante la actual gestión, desde el Suteba se alertó al presidente del IOMA sobre el irregular procedimiento que se estaba instrumentado para adquirir el servicio de emergencia médica. “Nos parecía que era incorrecto que se hubiera llamado a esa licitación sin el correspondiente informe técnico, teniendo en cuenta que en el gremio contamos con el servicio de emergencia y urgencia en el Conurbano pagando un valor 5 veces inferior al que se planteaba en ese momento”, concluyó.
Pedido de informes
El 30 de julio de 2013, el titular del Suteba, Roberto Baradel, hizo un pedido de informes al entonces presidente del IOMA, el cuestionado Antonio La Scaleia, para que informara cuál era el estado de situación real de la obra social.
“En representación de los trabajadores docentes de Buenos Aires manifestamos nuestra gran preocupación ante las deficiencias en las prestaciones a lo largo de la Provincia. Estamos obligados a ejercer el derecho de solicitarle se nos informe el real estado económico-financiero que atraviesa del Instituto”, remarcó la misiva.
Cabe destacar que actualmente Antonio La Scaleia es uno de los exfuncionarios sciolistas que está en la mira de la Justicia. Eso no es todo: su nombre aparece en los denominados Panamá Papers. Aparece integrando una sociedad off-shore junto con quien fuera su jefe de gabinete, Daniel Burso, y empresarios del rubro de internaciones domiciliarias que habrían cobrado cifras millonarias por prestaciones a la obra social.