La Suprema Corte del país vecino rechazó un recurso presentado por el exoperador macrista prófugo en busca de asilo político, de modo que continúa el proceso de extradición. Sin embargo, sus abogados ya presentaron otro recurso por “nuevos hechos” y la puja judicial promete prolongarse por largo tiempo.
21/03/2023 - 17:26hs
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay rechazó un recurso del exoperador macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que permanece en ese país desde hace dos años, prófugo de la Justicia argentina, y que buscaba ser considerado un refugiado político para que se le concediera el asilo en el país vecino.
De esa manera, el alto tribunal uruguayo dispuso que continúe el proceso de extradición a nuestro país del hombre que participó en la “Mesa Judicial” del expresidente Mauricio Macri y que está acusado de presiones y extorsión a distintas figuras. En particular, la Justicia de nuestro país lo requiere por el presunto hostigamiento a empresarios del Grupo Indalo.
Sin embargo, el trámite judicial promete prolongarse por meses o años, ya que los abogados de “Pepín” –que estaba citado para declarar ayer ante la Comisión de Juicio Político del Congreso argentino (ver aparte)– habían presentado otro recurso por nuevos hechos que, según el argumento de la defensa, brindan motivos para la pretensión de su cliente de considerarse perseguido en la Argentina y para brindarle el asilo que reclama.
La Corte uruguaya denegó el pedido de Rodríguez Simón, considerándolo “inadmisible”, el lunes 13, pero el dato se conoció ayer, cuando el exoperador prófugo declinó presentarse ante la comisión legislativa bajo el argumento de que estaba buscando la posibilidad de obtener el asilo en la república hermana.
“A juicio de la Suprema Corte de Justicia corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso en trámite”, escribieron en su fallo los jueces Elena Martínez, Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani.
Los ministros del máximo tribunal uruguayo recordaron que “existen solo dos tipos de sentencias respecto de las cuales se puede interponer” ese recurso, y que son “las sentencias definitivas –sean condenatorias o absolutorias–” y “las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, en cuanto pongan fin a la acción penal o hagan imposible su continuación”.
En ese sentido, señalaron que “no pueden ser revisadas en Casación la mayor parte de las sentencias interlocutorias, que son las que resuelven sobre determinado artículo o incidente, sino solo cuando esas sentencias interlocutorias pongan fin a la acción penal o impidan la prosecución del proceso”.
“A juicio de la Suprema Corte de Justicia, la respuesta es clara, en cuanto a que la resolución recurrida no pone fin a la acción penal, ni hace imposible la continuación del proceso principal. En efecto, la resolución impugnada trae aparejada como consecuencia que se continúe con el proceso de extradición, y será allí, en el marco del contradictorio que se establezca, que se resuelva la situación de Rodríguez”, remarcaron.
Con esto, la jueza de primera instancia Adriana Chamsarian debería continuar con el trámite para la extradición pedida desde la Argentina por la magistrada María Romilda Servini de Cubría. Sin embargo, existe un segundo pedido de refugio que los abogados de “Pepín” presentaron en diciembre, con el argumento de que se produjeron en nuestro país “hechos nuevos” que abonan la teoría de que su defendido corre peligro de persecución.
“Los hechos nuevos son referencias a discursos recientes de la vicepresidenta Cristina Kirchner y a cuestiones que ocurrieron en el marco del juicio político a los miembros de la Corte Suprema”, explicaron los abogados.
En efecto, y por irónico que parezca, declaraciones públicas del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de la vice, que vinculan la influencia del macrismo (y del propio “Pepín” en buena parte) a que en nuestro país ya no exista un Estado de derecho, son la base para que sus defensores subrayen que el país no brindaría la seguridad jurídica necesaria para su retorno.
La Comisión de Juicio Político va por el fallo del “dos por uno”
La Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, que lleva adelante el trámite para enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, volvió a reunirse ayer, en una jornada en que ninguno de los citados concurrió a declarar, y comenzó a analizar un fallo de la Corte que benefició a un represor de la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983.
Los diputados habían citado a varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos Fabián “Pepín” Rodríguez Simón (ver nota principal), quien está prófugo en Uruguay. También estaban requeridos, y no fueron, Germán Garavano, que era ministro de Justicia, y el actual senador y exjefe de asesores José Torello.
La comisión puso la lupa ayer sobre un fallo que la Corte emitió en 2017 y que benefició a Luis Eduardo Muiña, un represor condenado por crímenes de lesa humanidad en la dictadura, y que se conoció como “el fallo del dos por uno”, porque establecía la aplicación para su caso de ese método en el que se computa doblemente el tiempo de detención transcurrido sin condena firme.
A favor de Muiña votaron entonces el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, su antecesor, Carlos Rosenkrantz (quien sigue integrando el tribunal), y Elena Highton de Nolasco, que ya abandonó el Supremo.