La Morsa y Gollán, a juicio oral por Qunita

El juez federal Claudio Bonadio elevó ayer a proceso a Aníbal Fernández y al exministro de Salud K por la compra de kits para recién nacidos. Nuevo escándalo que sacude al exjefe de Gabinete con el irregular manejo de dinero público durante la década pasada

El exjefe de Gabinete K, Aníbal “La Morsa” Fernández, está cada vez más complicado en la Justicia, ya que a su supuesta vinculación con el narcotráfico en la Argentina durante la década pasada, se le sumó ayer la decisión del juez federal Claudio Bonadio de elevar a juicio oral la causa en la que se lo investiga por las irregularidades cometidas en el plan Qunita.

El magistrado entendió que están dadas todas las causas para elevar a proceso al fallido candidato a gobernador bonaerense, así como también al exministro de Salud Daniel Gollán, por haber pagado unos $3.000 de “precio excesivo en detrimento de la administración” en cada uno de los 150.000 kits para bebés, que le habrían costado al Estado cerca de $1.100 millones.

Bonadio señaló en su escrito que “son numerosas las pruebas reunidas en este sentido y valoradas en cada uno de los requerimientos que permiten sospechar la existencia de precios abultados intencionalmente, y que habilitan sin lugar a dudas el paso de esta investigación a la siguiente etapa”.

Pero el juez no se quedó solo allí, también resolvió rechazar los pedidos de nulidad presentados por los acusados, y además decidió continuar investigando al resto de los 18 empresarios procesados en la causa, quienes se encuentran acusados de participar de una licitación donde “se adjudicó la contratación a un precio excesivo e injustificado” a seis firmas de manera “direccionada”.

Anomalías mayúsculas

El plan Qunita fue presentado con bombos y platillos por la expresidenta Cristina Kirchner el 16 de julio de 2015 en Tecnópolis, donde anunció la entrega de un kit maternal a mujeres que percibían la Asignación Universal por Embarazo (AUE) que consistía en una cuna, sábanas, toallas, ropa de bebé, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, cremas y otros elementos para los recién nacidos.

De acuerdo con la investigación judicial, los exfuncionarios habrían consagrado a empresas amigas del poder llevar adelante esos sets maternales a un sobreprecio que alcanzó en algunos productos el 100%, por lo que el Estado habría pagado más de 300 millones de pesos extra que fueron a parar a la oscura cueva de la corrupción.

Además, tanto Bonadio como el fiscal federal Eduardo Taiano, que interviene en la causa, pusieron foco en la decisión administrativa n° 300/15, que adjudicó la licitación a las mencionadas firmas “a pesar del precio excesivo”, las irregularidades en el pliego y “la solicitud de un segundo valor a la Sigen y la prosecución a pesar de subsistir la diferencia de precios”.

El juicio oral, que comenzaría a principios del año que viene tras el período de feria de verano, pondrá el ojo en cómo 

Fernández y Gollán realizaron artimañas para eludir el accionar del Estado en distintos tipos de maniobras irregulares que llevaron a que los kits comprados por el Estado fueran inutilizables y se haya entregado solo el 30% de los conjuntos a las madres en todo el país, sucumbiendo la política kirchnerista en un nuevo y enorme fracaso.

Conexiones platenses

Las empresas que ganaron la licitación del plan Qunita, y que desde la Justicia se sospecha que fueron “direccionadas” por Aníbal Fernández y Daniel Gollán, fueron Fasano SRL, Fibromad SA, Grupo Diela SRL, Compañía Comercial Narciso SRL, Delta Obras y Proyectos SA y Dromotech SA.

El 10 de octubre del año pasado, este diario reveló cómo el Grupo Diela, Narciso, Delta y Dromotech tenían varios puntos en común: las firmas fueron fundadas en la ciudad de La Plata, ninguna de ellas contaba con experiencia en el rubro maternal y la mayoría eran compañías fantasmas.

Tanto los funcionarios kirchneristas como los empresarios fueron imputados como supuestos coautores del delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”, tipificado en el artículo 174 del Código Penal, que prevé condenas de dos a seis años de cárcel. 

Además, desde la Justicia se dio por certificado la “irregular adquisición o provisión, de acuerdo al rol desempeñado” de los elementos que componían cada kit y subrayó que “se infringieron las normativas de la ley de contrataciones de la administración pública”.

Los números de un caso que evidencia la corrupción K

2017 es cuando empezaría el juicio oral contra los exfuncionarios K

150.000 son los kits para bebés comprados por el gobierno kirchnerista

$300 millones costó al Estado el desfalco organizado desde el plan oficial

18 son los procesados que hay actualmente en la causa por parte de Bonadio

100% es el sobreprecio que se habría pagado por los sets para recién nacidos

30% de los conjuntos se entregaron a las madres en todo el país