La Oficina Anticorrupción extendió el plazo de entrega de las DD. JJ.

La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió postergar un mes la fecha límite para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales. El vencimiento estaba fijado para el 31 de julio, pero ahora se trasladó al 31 de agosto con el objetivo de dar más margen a quienes deben cumplir con la obligación prevista en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

La decisión se vincula con la prórroga que dispuso la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para la presentación de Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2025, que se extendió hasta el 27 de julio. Con apenas cuatro días hábiles entre ese vencimiento y el cierre previsto para las declaraciones patrimoniales, el organismo resolvió sumar un mes extra con el fin de despejar solapamientos y facilitar la presentación completa.

Cabe mencionar que el trámite se realiza mediante el formulario F 1.245 de la ARCA, que integra la información proveniente de las declaraciones impositivas y, en caso de que estas no estén disponibles, permite la carga manual de los datos. La obligación de informar el patrimonio es considerada una herramienta clave para transparentar la gestión pública y prevenir irregularidades.

La prórroga fue formalizada a través de la Resolución 7/2026 y se produce en un contexto marcado por el caso Manuel Adorni, que continúa bajo investigación judicial. Desde la OA señalaron que la medida apunta a garantizar que todos los funcionarios cuenten con el tiempo suficiente para reunir la documentación y presentar sus declaraciones de manera completa. Sin embargo, la decisión también reaviva el debate sobre los mecanismos de control y la transparencia en la función pública. En ese escenario, el nuevo plazo expone la tensión entre la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas y una decisión que vuelve a dejar al Gobierno bajo sospecha de priorizar el blindaje político.