21/11/2017 - 09:00hs
Ernesto Kreplak es uno de los magistrados más cuestionados del país. Fue puesto a dedo para garantizar impunidad. Ahora busca silenciar al diario Hoy por las investigaciones que lo involucraron a él y a su hermano con hechos de corrupción durante el gobierno kirchnerista
El titular del Juzgado Federal nº 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, es uno de los magistrados más cuestionados del país. No es para menos: fue puesto a dedo durante la agonía del gobierno kirchnerista, luego de un controvertido concurso que lo tenía en el último lugar de la terna enviada al Senado. Sin embargo, dado que a los operadores políticos y judiciales de la administración anterior solo les interesaba garantizarse la impunidad, de todos modos lo hicieron nombrar juez.
Kreplak no defraudó y está cumpliendo al pie de la letra lo que se esperaba de él. De modo tal que prácticamente ha cajoneado todas las denuncias contra el gobierno kirchnerista que se tramitan en el Juzgado nº 3 y en el Juzgado Federal nº 1, que él subroga. De forma paralela ha emprendido una feroz ofensiva contra el diario Hoy y la Red 92, medios que dieron a conocer, entre otros hechos de corrupción, datos claves del escándalo del plan Qunita, que llevaron a que Nicolás Kreplak, exviceministro de Salud y hermano del juez federal, hoy esté procesado y deba ir a juicio oral.
Para emprender esta ofensiva, Kreplak recurrió a una falsa denuncia que en su momento presentó el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Lo hizo en el marco de una fuerte persecución al diario y a la radio, medios que habían denunciado grandes irregularidades del organismo recaudador y sus funcionarios, relacionadas con las causas de narcotráfico conocidas como “Carbón Blanco”, “Arroz Blanco” y “Ciccone”.
Producto de estas investigaciones se descubrió la red de complicidades que unían a Rafael Resnick Brenner, exjefe de asesores de Echegaray y entonces titular de la regional Salta de la AFIP (involucrado en el Boudougate), con el titular del Juzgado Federal de Orán, Raúl Reynoso, lo cual dio inicio a una investigación que derivó en la destitución del magistrado salteño, acusado de tener conexiones con bandas narcos. Para intentar silenciar y acallar al diario Hoy,
Echegaray impulsó varias denuncias penales con datos falsos. A saber: Denuncia penal contra Myriam Chávez de Balcedo, entonces directora del diario Hoy y madre del actual director y secretario general del gremio Soeme, Marcelo Balcedo.
Otra denuncia penal contra la señora Chávez de Balcedo, un periodista y un abogado del diario Hoy por “extorsión” debido a la línea editorial mantenida, pretendiendo involucrar además al secretario general del Soeme (en ese entonces ajeno a la dirección del diario) como “jefe de una asociación ilícita”. Echegaray pidió que se citara a declarar a un exdiputado que llevaba muerto cinco años. Todos los denunciados no tardaron en ser sobreseídos.
Una tercera denuncia penal contra el Soeme por supuesta evasión fiscal, en un proceso que estuvo cargado de irregularidades que quedaron acreditadas en la causa penal iniciada a partir de una contradenuncia de Marcelo Balcedo. El fiscal Gerardo Pollicita terminó imputando a Echegaray por “abuso de autoridad”.
En base al testimonio de numerosos testigos y abundante material probatorio, quedó acreditado el irregular accionar de Echegaray, como así también el de los dos jueces cómplices que intervienen en el proceso como son Laureano Durán (destituido) y el mencionado Kreplak.
El apriete, en diez pasos
1 El procedimiento previo de la AFIP contra el diario Hoy se inicia con una orden de intervención del 14 de octubre de 2014, el mismo día que el diario publicó un informe sobre la metodología que instrumentaba el organismo recaudador, calcada del régimen que lideró durante mas de 15 años el genocida Augusto Pinochet en Chile.
La notificación al diario llegó el mismo día de la nota en el inusual horario de las 18.15. Tras el recambio de gobierno, fuentes de auditoría interna de la AFIP revelaron a los abogados del diario que el lapso que medió entre la generación de la orden de intervención y la notificación indica claramente que fue digitado políticamente, ya que en todos los casos tarda mucho más el procedimiento administrativo normal.
2 La AFIP forzó la jurisdicción de La Plata, ya que Soeme tiene administración nacional centralizada en la Ciudad de Buenos Aires. Esto se hizo involucrando a la seccional La Plata, de donde no obtuvieron ninguna información ya que allí no funciona la sede central.
3 La AFIP forzó la competencia personal de un juez afín como era, en aquel entonces, Laureano Durán. Lo hizo presentando la denuncia el primer día de su turno (2 de marzo de 2015). El letrado solicitó allanamientos a dos sedes de Soeme y al domicilio personal de Marcelo Balcedo, en una clara intimidación. Meses más tarde, Durán terminó siendo destituido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya que no cumplía con ninguno de los requisitos básicos para ser magistrado y era absolutamente permeable a los intereses políticos del gobierno anterior.
4 El primer fiscal interviniente, Sergio Mola, con toda lógica autorizó solo el allanamiento a la seccional La Plata. Pero desde la AFIP que conducía Echegaray reiteraron el pedido de allanamientos por fuera de la jurisdicción del Juzgado. Acto seguido, Durán corrió nueva vista a la fiscalía 20 días después del pedido de la AFIP, recién cuando cambió el fiscal subrogante y asumió Matías Di Lello, que en menos de 24 horas autorizó los allanamientos y formuló requerimiento fiscal por evasión agravada.
5 La AFIP presentó, en noviembre de 2016, un informe final de inspección al Soeme, que era un requisito para el avance de la investigación penal por evasión. Las actuales autoridades del organismo recaudador destacaron que la documentación allanada “no tiene interés fiscal sobre el Soeme” y las restantes personas investigadas. La información brindada por la AFIP era más que suficiente para cerrar la causa.
6 A partir del informe de la AFIP, se solicitó el sobreseimiento al juez Kreplak en tres oportunidades por falta de procedencia de la acción por evasión fiscal, que era el objeto procesal claramente delimitado por el requerimiento. Llamativamente, nunca se resolvieron positiva o negativamente los planteos.
7 La investigación se extendió con medidas claramente improcedentes, como testimoniales de los empleados de la AFIP que elaboraron el informe (que ratificaron lo que ya había dicho por escrito), oficios al Ministerio de Trabajo, de donde surgió que Soeme cumple con todas sus obligaciones de presentación de balances, y posterior testimonial a los funcionarios del Ministerio de Trabajo que elaboraron el informe.
8 El juez Kreplak actualmente pretende alterar el objeto procesal fijado por el requerimiento fiscal (evasión) para poder continuar sometiendo a proceso a Balcedo y el resto de los investigados, en clara “excursión de pesca”, prohibida en materia penal.
Particularmente ordenó de oficio la formación de legajos de investigación patrimonial (medida ajena a procesos por evasión), dando vista solo a posteriori a la fiscalía, lo que evidencia su posicionamiento y parcialidad.
9 El último atropello se dio luego del reciente pedido de recusación presentado por Marcelo Balcedo. Automáticamente, Kreplak decretó el secreto de sumario de las actuaciones, algo que no había sucedido en más de dos años de proceso.
10 Por si esto fuera poco, el juez recurrió a técnicas propias de quienes iniciaron estas causas -Echegaray y el multidenunciado extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella-, filtrando información a medios afines, cuando regía el secreto de sumario, con el objeto de generar una operación en contra de la familia Balcedo.
Apelación en curso
Los abogados del diario Hoy destacan que el accionar del juez Kreplak sigue la misma línea de sus predecesores en la causa, “seguramente en razón de su identidad por pertenencia a la misma agrupación (Justicia Legítima), persiguiendo a medios independientes y en defensa de intereses políticos corporativos”.
Actualmente, el expediente que tramita en su juzgado (Juzgado Federal Nº 3 de La Plata) se está elevando a la Cámara de Apelaciones (Sala II) y en los próximos días se estará apelando también un rechazo de otro pedido de nulidad planteado por Marcelo Balcedo, que fue resuelto el pasado 17 de noviembre.
Las investigaciones que complican a la familia Kreplak
Los abogados del diario Hoy destacaron que el juez Kreplak muestra una marcada animadversión contra la familia Balcedo, seguramente generada por su afinidad con el exjuez Durán, pero principalmente porque este medio ha realizado investigaciones que lo rozan a él y a su familia. Un claro ejemplo es la relacionada con el plan Qunita, la cual permitió ampliar la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, por la que está procesado el hermano del juez exviceministro de Salud, Nicolás Kreplak.
En tanto, en las páginas del diario Hoy se le dio amplia difusión a las impugnaciones que oportunamente presentó la diputada Margarita Stolbizer a su designación como juez, que se aprobó con mayoría simple en el Consejo de la Magistratura. A su vez, este medio dio a conocer, al igual que el diario Clarín, que Kreplak intentó traer a su juzgado de La Plata la causa Hotesur utilizando como excusa una presunta conexidad con una de las denuncias que había efectuado Myriam Chávez de Balcedo por las irregularidades de AFIP en el gobierno anterior.
Los favores a Milani
Kreplak actualmente arrastra una pesada denuncia en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Está acusado de haber instrumentado una suerte de “servicio a la carta” de prisiones domiciliarias que beneficiaron, exclusivamente, a represores que tendrían vinculaciones con el exjefe del Ejército del kirchnerismo, César Milani. En ese sentido, el accionar arbitrario de Kreplak saltó a la luz porque el mismo juez venía adoptando criterios absolutamente diferentes en aquellos casos en los que los implicados en crímenes de lesa humanidad no tenían lazos con el universo ultrakirchnerista. Por ello, la Cámara Federal de Casación resolvió por unanimidad apartarlo en las causas que se le siguen al funcionario civil de la Dictadura, Jaime Lamont Smart. Las denuncias contra Kreplak, en el Consejo de la Magistratura, fueron presentadas por el abogado platense Juan Losinno y tramitan con el expediente 170/17.
El letrado platense afirmó que el juez federal avaló irregularmente el arresto domiciliario del represor Eduardo Enrique Barreiro –vinculado a Milani en calidad de fiador– en el marco de la causa 34000243/2011. El beneficio fue otorgado el 13 de noviembre de 2015 con un argumento por demás insólito: Barreiro debía cuidar a su “padrastro”, de apellido Carballal. Más escandaloso aún resultó que, pese a que Carballal falleció poco tiempo después, Barreiro siguió durante varios meses en su casa y recién volvió a la cárcel este mes, cuando el tribunal tomó cartas en el asunto.
Barreiro era jefe de Sección de la Compañía B del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell y está detenido acusado como coautor de homicidio doblemente agravado reiterado en dos ocasiones, privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas, y sustracción, retención y ocultamiento de dos menores y como partícipe necesario de la aplicación de tormentos, lo que configura un cuadro de delitos de lesa humanidad. Los restos de María Nicasia Rodríguez fueron identificados en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que los halló en una tumba NN del Cementerio de La Plata.
Otro personaje vinculado a Milani que habría sido beneficiado por Kreplak es Estanislao Chiara Vieyra. Según Losinno, hay elementos que acreditan que Chiara Vieyra habría sido carcelero en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, pese a lo cual desde hace tres años Kreplak se niega a firmar la orden de detención.
“Kreplak debe ser destituido”
Así dijo a diario Hoy el exjuez federal y miembro de Usina de Justicia, Eduardo Gerome, quien fustigó con dureza el accionar del magistrado platense. Además, lo relacionó con el ocultamiento de pruebas en causas de corrupción cuando era funcionario de la Inspección General de Justicia
La labor de Ernesto Kreplak al frente del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nº 3 de La Plata sigue provocando grandes críticas del mundo judicial. Una de las voces que se alzaron contra el magistrado fue la del exjuez federal y miembro de la Usina de Justicia Eduardo Gerome, quien en diálogo con diario Hoy señaló sus duros cuestionamientos al juez platense, pidiendo su destitución “por no honrar la función”.
—¿Qué conoce acerca del juez Kreplak?
—En principio nada positivo, lamentablemente, porque cuando uno quiere hablar de un juez espera que cuente con las virtudes que debe tener un magistrado: ser probo, una persona capaz, ser valiente y justo. Él no reúne ninguna de estas cualidades porque sus antecedentes son nefastos. Así fue su actuación en la Inspección General de Justicia (IGJ), donde se recuerdan omisiones en el cumplimiento de sus funciones. Allí actuó en forma beneficiosa para el gobierno kirchnerista, negando a la Justicia pedidos de legajos de firmas, o sea, obstaculizando la investigación hacia los funcionarios K, especialmente el vicepresidente Amado Boudou.
—En el caso específico de la causa Ciccone, ¿qué ocurrió?
—Cuando estuvo en la IGJ, el juez escondió el legajo de The Old Fund, que es la empresa desde la cual se manejaba todo eso. Era el legajo en el cual estaban comprometidos los integrantes de esa firma y su vinculación con el caso Ciccone. El expediente fue pedido por el juez federal que investigaba el hecho y Kreplak no se lo mandó. Lo escondió y lo tuvo retenido. Eso es obstaculizar la Justicia, ¿por qué hizo eso? Porque estaba tapando la responsabilidad de esos funcionarios, especialmente la de Boudou.
—La designación de Kreplak fue polémica porque quedó en último lugar en la terna en la que participaba y sin embargo fue el elegido, ¿qué piensa al respecto?
—Fue una situación polémica porque en el Consejo de la Magistratura y en las Cámaras se dijo que se privilegió el adoctrinamiento K que tenía Kreplak y su vinculación con el gobierno a otro tipo de merecimiento. Kreplak debe ser destituido, no es un magistrado que honre su función. Para que la Justicia sea respetada es necesario que la gente tenga confianza, y para que esto suceda deberían elegir a los mejores y realmente cuando se trata de jueces como él, esto no ocurre.
—En el caso del jury al fiscal José María Campagnoli, él tuvo una intervención muy controvertida...
—Campagnoli es un fiscal independiente, siempre lo fue, uno de los funcionarios que más se ha destacado durante la época kirchnerista por mantener una postura autónoma y no ceder a las presiones del gobierno. Pues entonces, ¿qué había que hacer con él? Había que destituirlo y quitarlo del medio. Esto fue lo que intentaron hacer la procuradora general Alejandra Gils Carbó y Kreplak, participando en una maniobra realmente deplorable, porque intentaron acallar a los miembros de la Justicia que eran independientes.
Ataque en los estrados judiciales para acallar medios
La embestida mediática que sufrió el diario Hoy, con denuncias falsas que se están tramitando en el Juzgado Federal nº 3 que comanda Ernesto Kreplak, también fue uno de los temas tratados por el exjuez Eduardo Gerome con este medio.
Para el exmagistrado federal, “es una maniobra realmente burda, pueril. Es necesario condenar lo que hace este juez por acallar a este medio, que está llevando la verdad. A la verdad hay que contrapesarla con explicaciones, con más verdad, y decir: No, ustedes están errados por esto y esto. Pero no tratando de acallar y mucho menos mediante la violencia, ya sea verbal o física”.
“A esta clase de recursos acuden quienes no tienen argumentos creíbles para presentar en su defensa. Esto es más o menos como el caso de quienes se presentan a declarar a los juicios y no exponen su posición. Se presentan y se niegan a hablar. ¿Por qué no lo hacen?, porque no tienen nada que decir. El que es inocente va a correr al juez a decirle que lo escuche. El que no tiene nada que decirle es porque no es inocente. Nosotros hemos visto estos casos. Esto es deplorable”, resaltó Gerome.
Relaciones con el Renar y las armas perdidas
Como funcionario del Ministerio de Justicia entre 2011 y 2015, Ernesto Kreplak tuvo un estrecho nexo con el ex Registro Nacional de Armas (Renar). Una de las denuncias habituales por esos años fue la desaparición de armas de sus instalaciones, las cuales fueron a parar a organizaciones ligadas al exgobierno nacional.
Para Eduardo Gerome, miembro de la asociación civil por los derechos de los familiares de las víctimas de homicidio, Usina de Justicia, “el que estaba a cargo del Renar era una persona con vínculos con Kreplak, que se llamaba Matías Molle, y allí se produjeron desapariciones de armas que nunca tuvieron explicación junto con otras situaciones anómalas”.
Para el exmagistrado, “el Renar, que tenía que ser una institución donde se guardara un debido control de todas las armas existentes en el país, era un desastre, pero no por mala administración, sino porque se lo llevó a esa situación para que no se pudiera descubrir lo que se hacía, para que la distribución fuera absolutamente discrecional y arbitraria”.
“Protegió a Boudou en la causa Ciccone”
La abogada y exdirectora de la Inspección General de Justicia, Silvina Martínez, arremetió contra el juez Ernesto Kreplak por obstaculizar la labor judicial a favor del exvicepresidente. Además, afirmó que la función del magistrado “era blindar a los amigos y a los que hacían negocios”
El pasado del juez platense Ernesto Kreplak como funcionario del gobierno de Cristina Kirchner en el Ministerio de Justicia se encuentra en el centro de la escena política. La abogada y exdirectora de la Inspección General de Justicia (IGJ), Silvina Martínez, charló con diario Hoy y expuso todas sus críticas al proceder del magistrado en causas emblemáticas de corrupción de la década pasada, como la venta de la ex-Ciccone Calcográfica y el ocultamiento de pruebas a favor del exvicepresidente Amado Boudou.
—¿Cómo era el accionar o el manejo de Ernesto Kreplak en la IGJ?
—Kreplak llegó en el año 2011 como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral en el Ministerio de Justicia, es decir, era el superior jerárquico de todos los registros: IGJ, Automotor y de Inmuebles, entre otros. Su función no era ordenar ni que las cosas salieran o mejoraran, sino blindar a los amigos y a los que hacían negocios.
—¿Cuál fue el rol que cumplió el actual magistrado ante las denuncias de corrupción que asediaban al gobierno de Cristina Kirchner?
—Lo que él hizo desde ahí fue tener un rol fundamental en diversas cosas. Primero, particularmente, en la causa Ciccone, cuando en la IGJ desaparecieron los expedientes y después impusieron el cerco informativo. Yo estaba en la IGJ y mi rol era estar a cargo del sector que debía responder los oficios y los pedidos de informes. Cuando saltó aquel escándalo, llovieron los pedidos de informes sobre las empresas por parte de jueces, particulares, abogados, periodistas y diputados. En ese momento, bajó la orden desde Kreplak de no dar información sobre esas empresas para proteger al exvicepresidente. Él protegió a Boudou en la causa Ciccone.
—¿Qué accionar tuvo usted ante esa orden?
—Me dieron esa directiva en un comunicado muy escueto, que iba en contra de la normativa del IGJ, y me negué. Entonces, el representante de La Cámpora que estaba en el organismo me dijo que si yo me ponía a hacer eso era “hacerles una cama”, es decir, yo era el enemigo. Me llegó esa orden y contesté que no me iba a ajustar a eso. En el medio, Kreplak se iba interiorizando, pero no como un funcionario nuevo que llega a un cargo, sino con patoterismo, amedrentando. Era “o estás con nosotros o estás en la vereda de enfrente”. Fueron todos manejos turbios, poniendo gente que no estaba nombrada por encima tuyo a que te diera órdenes, personas que no estaban ni siquiera en los registros.
—¿Efectuó alguna función en otras causas claves de corrupción?
—También tuvo un rol muy importante en todo lo que pasó con el fiscal Campagnoli y las empresas de Lázaro Báez. Siempre bajó la orden de defender lo que tenía que ver con el constructor, las empresas de la expresidenta y los amigos. Los manejos eran de lo más turbio que se pueda imaginar.
—Esa conducta turbia de la que usted habla, ¿era algo característico en toda la función pública por parte de Kreplak y sus amigos?
—La metodología de ellos era esa, amedrentarte de la forma en que pudieran. Han llegado a publicar la dirección de mi estudio en el Twitter de Casa Rosada para que me fueran a amedrentar. Como esa, hay miles de cosas. Hoy no tienen el gran poder que tenían, pero buscan seguir amedrentando a través de jueces amigos.
Detalles de un proceder oscuro
El juez Ernesto Kreplak, ligado a la agrupación Justicia Legítima, fue quien llevó adelante el fallido jury por supuesto mal desempeño de sus funciones al fiscal José María Campagnoli y libró investigaciones internas en la IGJ y el Renar que nunca llegaron a nada.
En opinión de Silvina Martínez, “para ellos Campagnoli osó investigar a Lázaro Báez y por eso había que salirle con los tapones de punta. Kreplak durante mucho tiempo cumplió ese rol, como punta de lanza de todas las medidas”.
En ese sentido, Martínez dijo que “Kreplak y sus amigos funcionaban como un grupo, como una especie de célula, hablaban como militares y decían desembarco o la tropa, cosas muy raras para un organismo de la administración pública. La persecución era al nivel de pincharte las computadoras y tener acceso a ellas para ver lo que hacías o dejabas de hacer, y eso lo trasladaron al caso Campagnoli”.
Para la letrada que patrocina a la diputada nacional Margarita Stolbizer en todas sus denuncias judiciales, “en cada lugar que estuvieron existe una o más anécdotas de irregularidades, incumplimiento de los deberes de funcionario público y de cómo trataban de beneficiarse, ya sea con dinero, protegiendo a sus amigos o, lo que es más grave, con el tema de las armas”.