14/11/2013 - 06:29hs
El senador aprobó el proyecto para que la estación Avellaneda pase a llamarse Kosteki y Santillán. Familiares de las víctimas lo acusan de instigador de los asesinatos
"Nosotros conocíamos que desde hace 20 días iba a suceder una cosa de estas características. Sabíamos que se organizaba una asamblea para el 22 y 23 donde se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se discutió de lucha armada, en esa asamblea se definió un plan de lucha que no era otra cosa que un plan de hostilidades”, fueron las declaraciones realizadas por el entonces Secretario General de la Presidencia Aníbal Fernández. Los dichos fueron propinados horas después de la masacre llevada a cabo en la estación Avellaneda durante la jornada del 26 de junio de 2002.
Durante aquellos tumultuosos días, Fernández ofició de vocero de Eduardo Duhalde. Fue el encargado de responsabilizar, ante los medios, a los movimientos de desocupados por los “desmanes” que habrían ocasionados la muerte de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Ayer, once años después de la masacre, y como si nada hubiese sucedido, el dirigente kirchnerista levantó la mano en el Senado para que dicha estación de trenes pase a rebautizarse con los nombres de los dos jóvenes ejecutados a manos de las fuerzas de seguridad.
En 2002, una serie de publicaciones fotográficas y periodísticas lograron desbaratar la campaña mediática montada por la gestión de Duhalde, que, a partir de allí, no tuvo otro camino que desdecirse y reconocer que la policía había sido la ejecutora de los disparos. De todas formas, y más allá de la condena a cadena perpetua del comisario a cargo del operativo, Alfredo Franchioti, y al policía Alejandro Acosta, familiares y organismos de DD.HH siguen denunciando a Aníbal Fernández y Felipe Solá (gobernador en 2002 y actual diputado electo massista), entre otros funcionarios, que habría conformado el grupo que desde el punto de vista político planificó la represión con el objetivo de “disciplinar” la protesta social de aquellos años.
En diálogo con Hoy, familiares de las víctimas volvieron a cargar contra el gobierno y reclamaron el juzgamiento de los autores intelectuales de los asesinatos. “Que Aníbal Fernández vote este proyecto es una lavada de cara del gobierno con respecto a la política de Derechos Humanos. Lo que pasó es el resultado de una larga lucha de hace 11 años que venimos llevando adelante. Venimos denunciando que personajes como Aníbal Fernández fueron parte de ese gobierno y no se hace nada, incluso con miembros del gobierno de Eduardo Duhalde como son Juan José Álvarez o Alfredo Atanasof que terminaron reciclándose en el massismo”, indicó Leonardo Santillán, hermano de Darío.
Por otra parte sostuvo que “lo que nos pasa a nosotros es lo que le pasa a mucha gente, como son las víctimas de gatillo fácil o los asesinatos por represiones, como lo que sucedió con la muerte de Carlos Fuentealba, donde se condenó al autor material pero no al autor intelectual”, o como ocurrió “con la desaparición de Luciano Arruga” a manos de la policía bonaerense.
“Que el FpV haya votado el proyecto es un cachetazo a los familiares”
Para Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, la aprobación del proyecto por parte del kirchnerismo representó una provocación hacia aquellos que han venido luchando para que se juzguen a los responsables políticos de los asesinatos.
“En el 2006 cuando se hizo la presentación del proyecto nosotros acompañamos la presentación del frente Popular Darío Santillán. Que hoy Aníbal Fernández, imputado en la causa, y el FpV levanten la mano en la votación no es otra cosa que darnos un cachetazo a los familiares”, aseguró a Hoy la hermana del militante asesinado.
“Nosotros queremos juicio y castigo a los responsables políticos. No conformamos con el cambio de nombre de la estación. Néstor Kirchner prometió la apertura de los archivos en 2002 y no pasó nada”, concluyó Kosteki.